Día clave, en dos escenarios distintos, el vivido por las lenguas cooficiales de España, con un resultado desigual. Su primer día de uso, digamos, normalizado en el Congreso de los Diputados se hizo sin mayor problema real, aunque tanto PP como Vox mostraron su desacuerdo e incluso la formación de extrema derecha abandonó el hemiciclo depositando teatralmente los ‘pinganillos’ de traducción en el escaño de un ausente Pedro Sánchez. A la misma hora –cosas de la política y sus tiempos–, en Bruselas, la posibilidad de que catalán, euskera y gallego fueran admitidas como lenguas oficiales por parte de la Unión Europea corrió peor suerte, ya que cualquier decisión al respecto ha sido aplazada sine die.
Por partes. En la España del 2023 la introducción de una medida como la de la posibilidad de que los diputados que lo deseen puedan expresarse en una lengua cooficial en el Congreso no debería suscitar mayor problema entre la ciudadanía, otra cosa es la naturaleza de la que dimana dicha medida y su introducción exprés. En definitiva, no estamos hablando de una decisión meditada, compartida, fruto de la madurez de una sociedad y de su clase política, que dan un paso adelante y reconocen un determinado derecho como el de expresarse en una lengua cooficial en su comunidad autónoma, sino que estamos ante una medida que tiene un evidente sesgo cortoplacista, como es solamente allanar la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un precio, sin más.
En realidad, habría que irse todavía unas semanas más atrás, ya que este tema fue determinante para facilitar el apoyo de nacionalistas e independentistas a Francina Armengol como presidenta del propio Congreso de los Diputados. Y en ese, y no otro contexto, debe circunscribirse ahora la implementación en la Cámara de esta posibilidad. Puede que sea una buena idea, pero nace de un planteamiento viciado: no se ha gestionado como un tema de Estado, como debería ser por su significado y envergadura, es solo un tema de gobierno, una decisión enfocada simplemente a solucionar una cuestión puntual y que, muy problamente, cuando haya un cambio de siglas en el Congreso –léase mayoría del PP y aliados–, se verá modificado.
Esa, y no otra, es la lectura que se ha hecho de este tema en el seno de la UE, que ha postergado cualquier decisión hasta disponer de un informe jurídico y otro económico sobre el alcance de cualquier decisión al respecto. En realidad, esa petición de informes no deja de ser un simple eufemismo, la fachada 'tipo' con la que la UE responde a los países que acuden a su seno para buscar una solución-cobertura a problemas que en Bruselas se entienden que son de política interior y que, por tanto, deben ‘lavarse’ en casa. Ni siquiera ese ruego final del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de “sálvenme aunque sea el catalán”, ha servido para nada más que para conseguir que el PNV lo perciba como un feo…