El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha estado en Emiratos Árabes, en la COP28, en una visita un tanto triunfalista. Moreno ha ido a participar en el acto central del Comité Europeo de las Regiones, dentro de la Cumbre Climática que se celebra en Dubái y, de paso, ha aprovechado para 'vender' Andalucía como potencia en materia de renovables con el proyecto de hidrógeno verde en el que trabaja con Cepsa, además de ensalzar la gestión medioambiental de Andalucía e incluso el acuerdo alcanzado recientemente sobre Doñana con el Gobierno central.
Es obvio que en la agenda del presidente no estaba reconocer otros aspectos de interés ciudadano en esta materia, como que Andalucía tiene un evidente problema estructural con el agua, y así se lo han recordado al presidente Moreno desde Adelante y desde el PSOE, coincidiendo precisamente con su visita a la COP28. Es cierto que llevamos dos años largos de sequía, pero durante este período no se han acometido soluciones al problema, se ha dejado pasar el tiempo, dando por hecho que las sequías –y efectivamente, así ha sido siempre– son cíclicas, obviando el cambio climático. Las soluciones que ahora mismo hay sobre la mesa son estrictamente 'paliativas', como es la reducción de la presión del agua en algunas zonas, tal y como ocurre en buena parte de la provincia de Cádiz, los cortes de agua a determinadas horas que ya sufren distintos pueblos y que podrían ampliarse en los próximos meses a las grandes ciudades.
Esas son las "especificidades hídricas" de Andalucía ahora mismo, por jugar con el término usado por el propio presidente para buscar algún tipo de excepcionalidad o al menos especificidad en materia de agua en el seno de la Unión Europea.
Andalucía es, junto con Cataluña, la comunidad autónoma que tienen más déficit hídrico. En el caso andaluz, el Ejecutivo tiene perfilado un plan extraordinario en el que una de las medidas más extremas, pero en absoluto descartable, es el traslado de agua en barco, agua procedente del sur de Portugal hasta los puertos de Algeciras o Málaga. Por su coste, sería inevitable el apoyo del Estado, algo que, de hecho, ha comenzado a hablarse.
Se trata, como se ve, de medidas coyunturales, que no conllevan las soluciones estructurales -empecemos a hablar en serio de grandes desalinizadoras- que reclama tanto la ciudadanía como el campo andaluz y que no pueden esperar. Ni aunque llueva.
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