Determinadas encuestas que se vienen publicando dan al Partido Popular, la organización más corrupta conocida, con la mejor intención de voto en España con posibilidades de gobernar, eso sí, con los fascistas de la extrema derecha con los que ya comparte gobierno en Castilla y León y en Murcia.
El discurso de la citada formación política se sustenta, básicamente, por un lado, en negar la evidencia de los avances legislativos en políticas sociales, derechos civiles y laborales, la reconstrucción constitucional del diálogo político en Catalunya, la buena marcha de la economía española, aún las graves dificultades originadas por la pandemia y la guerra en Ucrania.
Se puede afirmar que la experiencia del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos se ha mostrado, en su conjunto positiva para las familias y las pymes, con elaboración de una robusta mayoría parlamentaria fraguada en la negociación entre diferentes grupos parlamentarios, que ha permitido la aprobación de unos presupuestos que nos están sirviendo para salir de la crisis de una forma distinta a la que se provocó en 2008 por la especulación financiera (que seguimos pagando), en la que el partido popular abandonó a las personas y a las pymes a su suerte, en favor de la banca que fue rescatada a base de miles de millones de euros, que no ha devuelto.
Por otro lado, simultáneamente, el citado discurso discurre, no en dar alternativas viables a las medidas del Gobierno, sino en descalificar al adversario político, imputándole una conducta antidemocrática, sin reparar en los medios. En esta tarea, son los grupos de poder mediáticos los que dirigen al Partido Popular, que se limita a seguir un guion preestablecido, tal como: Estamos ante el Gobierno más autoritario de la democracia española; vamos camino de una dictadura sometidos a un Gobierno tirano que pone en peligro el Estado de Derecho; el CIS hace las encuestas, el INE el censo electoral e Indra cuenta los votos, confiamos en esas instituciones, pero no de la voluntad del Gobierno que busca controlar esas instituciones; el Gobierno lo quiere triturar todo, no tiene escrúpulos; el Gobierno es legítimo, lo que no es legítimo es lo que está haciendo; es un Gobierno que está dispuesto a asaltar todas las instituciones, incluso el parlamento de la nación; no se nos permite ser la alternativa política; nos estamos enfrentando a un golpe de Estado de Derecho y a la propia Constitución, perpetrado desde el Gobierno.
Lo anterior, es en contraposición a la labor legislativa del Gobierno de coalición que, resumidamente, se puede concretar en que el SMI ha subido a 1.000 euros; la reforma laboral, que ha hecho del contrato indefinido la regla general; se prohíbe el despido con la falta de asistencia al trabajo por baja médica; reactivación de la negociación colectiva y la ultraactividad de los convenios colectivos; también se acaba con el fraude de los falsos autónomos; Ley de garantía Integral de la libertad sexual (sólo sí es sí); el Ingreso Mínimo Vital; escudo social para proteger a la gente en los peores momentos de la crisis del coronavirus; se reducen las tasas académicas en la universidad; tope del 2% a los arrendamientos; Ley Trans-LGTBI; Ley de protección y derechos de los animales; planes de igualdad en las empresas; Ley de cambio climático y transición energética; medidas para establecer precios mínimos en el campo; plan de choque para bajar la factura de la luz; Ley de salud mental para garantizar la atención pública; Ley Rhodes sobre protección integral a la infancia y la adolescencia; se deroga la denominada Ley Berlusconi (plazos de instrucción penal); se aprueban la tasa Google y tasa Tobin que gravan los beneficios de las grandes multinacionales digitales; se acuerdan medidas de apoyo al sector cultural; se aprueba la regulación de la eutanasia; los animales dejen de ser considerados cosas; Ley de memoria democrática, de la verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición; ayudas directas para hostelería, turismo y comercio y se aprueban unos PGE con un aumento de la inversión social sin precedentes.
No hay que ser analista para ver que al Partido Popular le incomoda el avance en políticas públicas, de gran impacto, en positivo, en la economía real y en derechos laborales, civiles que la ciudadanía está obteniendo. Esa es la razón única que mueve aquel discurso, introductorio de una reacción similar a la que hemos visto en EEUU y en Brasil. Por ello, no escatiman esfuerzos para desmerecer la actual mayoría parlamentaria, olvidando que una cosa es hacer oposición y otra cuestionar el resultado de las urnas que situó al partido popular en singular minoría.
A la vista de los hechos el Partido Popular es una organización antisistema, echada al monte, radicalizada. Ya no se parece en nada a aquel partido de orden y concierto, no tiene planificación previa lo que, en consecuencia, entraña cierto nivel de caos y, nos avisan, en la línea trumpista/bolsonara, que si no ganan las próximas elecciones no aceptarán el resultado (hoy ya lo hacen con su boicot a la renovación de los órganos constitucionales y su lawfare), a modo de sursuncorda.
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