"La 'detención administrativa' es la figura jurídica bajo la que el ejército de Israel puede arrestar a personas palestinas durante seis meses, prorrogables indefinidamente, sin imputación de un delito y sin presentar el caso a juicio".
Según datos del 2016 , la población de Ramallah se sitúa en torno a 35.000 personas. La ciudad ha sido descrita como el centro de poder de la Autoridad Palestina y sirve como sede de ONG´s internacionales y de las embajadas y representaciones diplomáticas en Palestina. Es uno de los lugares donde la intensidad de la ocupación es menor, sin embargo durante los últimos años han proliferado nuevos asentamientos ilegales que impiden el crecimiento de la ciudad. Tras los acuerdos de Oslo se le concedió la calificación de zona A (las competencias militares y legislativas corresponden a la autoridad palestina). Este carácter ha provocado un aumento de su población por el efecto llamada para las personas palestinas, que buscan residir en un lugar donde la intervención militar del estado israelí sea menor y puedan vivir en condiciones de mayor seguridad.
Sin embargo, también es necesario apuntar que bajo la autoridad de la institución palestina también se producen situaciones de vulneración de derechos que han sido denunciadas por organizaciones como Amnistía Internacional. Junto a la presión ejercida por el estado israelí como potencia ocupante, las personas palestinas también se ven sometidas a situaciones de vulneración cometidas por un gobierno que practica también duras restricciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, hostigando y deteniendo a sus detractores y a seguidores de sus rivales políticos.
Pero uno de los elementos paradigmáticos de la acción israelí, es la represión y castigo vinculado al ejercicio de la participación política y ciudadana. La detención administrativa es la figura jurídica bajo la que el ejército de Israel puede arrestar a personas palestinas durante seis meses, prorrogables indefinidamente, sin imputación de un delito y sin presentar el caso a juicio. La detención administrativa es utilizada con frecuencia – en contravención directa del derecho internacional – como forma de castigo colectivo y criminal en lugar de como forma de prevención de una posible amenaza futura. Según la organización Addameer, hay unos 6.300 presos y presas, 300 menores de edad, 61 mujeres y niñas, 13 parlamentarios y 28 periodistas. Al menos 1.000 tienen prohibido recibir visitas por “motivos de seguridad”.
Todas las cárceles donde se encuentran las personas presas palestinas están en territorio israelí, excepto una. Esto va en contra del Artículo 76 del IV Convenio de Ginebra en el que se declara que las personas presas de un territorio ocupado, deberán permanecer en las cárceles dentro de dicho territorio ocupado. Las condiciones en estas prisiones son inhumanas: Son cárceles superpobladas, sin condiciones higiénicas y con humedad. El espacio por persona presa se ha reducido de 3,4 a 2,9 metros cuadrados en los últimos años.
En cuestiones penitenciarias, encontramos que las sociedades tienen ciertas reservas a acercarse y conocer cómo se vulneran los Derechos Humanos de personas que habiendo cometido un delito (y no siempre bajo la comisión de un delito), parecen ser castigadas con la suspensión de todos sus derechos fundamentales. El drama al que se enfrentan las personas presas en Palestina alcanza cotas muy elevadas, ya que a través de la figura de la detención administrativa, no es simplemente cuestión de haber incumplido las leyes o no, no tienen por qué conocer el motivo de tu reclusión, ni siquiera el tiempo que estarán en esta situación.
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