Parece que el debate sobre la necesidad de viviendas asequibles para el conjunto de la población acaba de abrirse hueco en esta loca agenda política de nuestros responsables institucionales y ejemplos como el riesgo, más que cierto, de que la ciudad de Cádiz baje de los 100.000 habitantes, pierda un 25 por ciento de la financiación que recibe de otras administraciones y se convierta en la capital andaluza menos poblada, sirven para poner de manifiesto donde nos está llevando la parálisis en la construcción de viviendas públicas o privadas con algún grado de protección.
La alarma súbita generada por el caso de la capital de la provincia ha provocado múltiples y variados análisis y en todos ellos hay un elemento principal desencadenante de esa pérdida de población y no es otro que la falta de un parque de viviendas para las clases medias y medias bajas. Y es que desde que el recientemente desaparecido y añorado Carlos Díaz inició la rehabilitación de la infravivienda del casco antiguo pocos esfuerzos más se han hecho para retener a un sector de la población, el más desfavorecido económicamente, formando parte del padrón municipal de habitantes.
Pero más allá del caso puntual de Cádiz y su reducido territorio urbano hay una constante incluso en esos municipios más pujantes del entorno de la Bahía y en el conjunto de las ocho grandes ciudades de la provincia y es que no se construye una vivienda pública desde hace ya más de diez años. A esto habría que añadirle, en una provincia con tanto atractivo turístico como la nuestra, un proceso novedoso al tiempo que peligroso para retener población autóctona como es el de la turistificación de los cascos antiguos de estas ciudades con el desplazamiento, no se sabe dónde, de quienes habitaban de siempre esos barrios.
El auge de los alquileres vacacionales en viviendas de ciudades a través de los llamados apartamentos turísticos se ha convertido en la mayor amenaza para el derecho a una vivienda digna de una buena parte de esos vecinos que han sido arrojados de sus paraísos perdidos porque sin viviendas no hay paraísos.
Parece que la voz de alarma ha saltado y que el Gobierno de España ha decidido convertir el tema de la vivienda en una prioridad de su agenda política. La propia ministra decía públicamente esta semana que no va a permitir que el centro de Madrid se convierta en un parque temático por la vía de los apartamentos turísticos. El mismo Ministerio pocos días después, tras un encuentro con las empresas del sector de la promoción inmobiliaria, se ha comprometido a aligerar el `procedimiento para la concesión de licencias, cuestión que por otra parte corresponde a leyes autonómicas cuya aplicación deben llevar a cabo los ayuntamientos.
Ojalá la alarma surgida en Cádiz por la perdida de habitantes y la triste realidad habitacional de tantas ciudades y pueblos sirvan para que la vivienda, ese derecho constitucional fundamental, ocupe en el debate político el lugar que hasta ahora vienen ocupando la crispación y la inútil confrontación.
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