Cuando Pedro Pacheco, estrella rutilante del andalucismo por aquellos tiempos, llevado por el ardor guerrero primerizo fruto de sus reiteradas mayorías absolutas en el Ayuntamiento de Jerez afirmó aquello de que la justicia en este país era un cachondeo cuánta razón tenía, y bien caro que se lo hicieron pagar más tarde con una condena que a la inmensa mayoría pareció desproporcionada e injusta. Y todavía hoy en día anda el hombre sufriendo las consecuencias de que en este país sea más fácil indultar a un estafador que a alguien cuyo crimen fue contratar dos personas de confianza mientras era alcalde, que tire la primera piedra el político que esté libre de pecado. Pero Pedro no es del PP y nunca lo será.
Corren ríos de tinta en estos días sobre el fallo del Supremo en relación con el procesamiento del Fiscal General por el que se le condena a dos años de inhabilitación. Bien es verdad que, en sentido figurado, le podían haber cortado la cabeza, pero sólo le han cortado las extremidades superiores en un gesto de generosidad que no termina de ser entendido como tal por una buena parte de la sociedad española que no termina de comprender que se haya condenado a García Ortiz sin pruebas que acrediten su culpabilidad.
A la espera de la publicación de la sentencia quedamos algunos millones de españoles que cada vez desconfiamos más de la justicia por mor de las injerencias políticas, que por mucho que se quieran considerar iguales por los equidistantes viene quedando acreditado que es el sentir conservador, y en algunos casos ultraconservador, el que domina en procedimientos como el que ha tenido al Fiscal General como sujeto paciente y que una vez se publique la sentencia emprenderá el camino de espinas de los recursos ante su condena. Como en las grandes series maestras de la televisión este pronunciamiento judicial no es el fin de la historia porque como anuncia el rótulo televisivo “continuará”.
Pero más allá del fallo conocido en estos días, y con la cautela de no conocer aún la sentencia y sus motivaciones, la desconfianza en la acción de la justicia, no con carácter general, pero sí con bastante frecuencia, viene de largo. Viene de conocer aquella grabación en el despacho del por entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con Daniel de Alfredo, director en aquel momento de la oficina antifraude de Cataluña, en la que el ministro intentaba calmar los miedos de su interlocutor con aquella frase lapidaria de “esto luego nos lo afina la fiscalía”, en la búsqueda de causas incriminatorias contra el conseller catalán de Presidencia y portavoz de la Generalitat en aquel momento, Francesc Homs.
Y también ha contribuido a esa desconfianza en la administración de justicia aquel otro mensaje que el entonces portavoz del Partido Popular en el Senado, Cosidó, dirigía por wasap a su grupo parlamentario en relación con la propuesta del magistrado Marchena como presidente del CGPJ y por tanto también del Supremo. “con esta propuesta controlamos la Sala Segunda (la que acaba de fallar contra el Fiscal General) por la puerta de atrás”. Tal fue el escándalo que provocó la filtración del mensaje que Marchena renunció a la propuesta y se quedó presidiendo la Sala Segunda, la misma que condenó a los dirigentes catalanes del Procés que el gobierno ha indultado. Haciendo amigos que se llama. Ay, Pacheco, quién nos lo iba a decir…