Desahucios, el drama que ya no vende

Se les olvida a todos y a todas los que se hacen llamar constitucionalistas que la vivienda es un derecho garantizado en la Constitución y que su regulación, especialmente, la del alquiler es de urgente necesidad.

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Periodista.

Calle Recta, de El Puerto, en una imagen de Google Maps.
Calle Recta, de El Puerto, en una imagen de Google Maps.

Jorge debe tener hoy en día cinco años. Lo conocí —gracias a periodismohumano— cuando era un bebé de un mes, abrazado a su madre, Yolanda, que besaba su pequeño rostro mientras la policía aporreaba la puerta y eran desalojados en Madrid de una vivienda okupada y propiedad de KutxaBank. No sé qué habrá sido de Jorge ni de sus familias. Desgraciadamente, si el periodismo no rompe con la rueda de la actualidad, con la agenda setting de los poderes fácticos, con la falsa inmediatez, estas historias se pierden a pesar de que la realidad permanezca ahí, por mucho que no queramos mirarla ni interese ya contarla.

Pero Jorge ha vuelto a mi memoria y me inquieta saber si sus padres consiguieron encontrar un techo donde vivir con sus tres hijos, si Jorge, el padre, volvió a tener un trabajo, si dejaron de ir a comedores sociales porque con los 63 euros que cobraban después de que se les acabara el paro, no tenían más alternativa….Porque en este país ha habido muchos Jorges. Porque en este país hay muchos más como él. Hasta quince, en una misma mañana en El Puerto de Santa María. Allí, el pasado viernes 13, y cerca de la calle principal del municipio plagada de sucursales bancarias, nueve familias, con quince pequeños, comenzaron a recoger sus cosas de una vivienda que okupaban ante la amenaza policial de ser desalojados a la fuerza y a golpes.

De nuevo, situaciones ya vividas, superadas, dicen los gurús que hablan de la crisis en pretérito perfecto. Lágrimas en los ojos, gritos de indignación y, otra vez, el llanto de un niño. Y una madre justificando que no, que estarían okupados, pero que sus hijos y sus hijas no han pasado ni frío ni hambre el tiempo que han estado allí. Y, sobre todo, que han estado juntos, con sus padres, ante los rumores que se empiezan a escuchar sobre que los pequeños pasarán la noche en un centro de atención a drogodependientes.

Cinco años después, la incertidumbre es la misma. El apoyo social, el clamor popular, la atención mediática, ya no. Sólo unos cuantos medios de comunicación, entre ellos lavozdelsur.es, continúan con su razón de ser de contar lo que no quieren que sepas, lo que ya no vende pero sigue ocurriendo, lo que debe constituir un deber propio del periodismo. Pero un desahucio ya no encoge el corazón, no proporciona incontables clicks, ni suscita más movilización que la de organizaciones como la PAH, esos y esas imprescindibles que continúan paralizando desalojos a la vez que con sus cuerpos, con mañanas interminable de llamadas telefónicas que convenzan a los gerifaltes de un banco de que tengan un poco de respeto, al menos por los niños y niñas.

Y vergüenza. Que tengan vergüenza. Porque querían echar a la calle a nueve familias, 22 personas, entre ellas, quince niños y niñas, de una finca propiedad del Sareb –el banco malo—, retorciendo aún más la soga que nos impusieron los bancos y los gobiernos del PP y del PSOE en esta crisis-estafa: bancos rescatados con dinero público que siguen extorsionando con hipotecas mentirosas y con desalojos sin ninguna alternativa.

Pero las alternativas habitacionales y todos sus respectivos protocolos que ya estaban en nuestro vocabulario, en nuestro imaginario, en nuestra lista de derechos, parecen esfumarse y volvemos a caer en la trampa, en la del individualismo, en el sálvese quien pueda que yo ya llevo mucho tiempo jodido, mientras vamos siendo engullidos otra vez por una burbuja, esta vez la del alquiler, que expulsa a la gente de los centros históricos que pasan a ser parques temáticos u obliga a pagar alquileres de vértigo por auténticos zulos que deshumanizan a las personas para convertirlas en células de un sistema.

Se les olvida a todos y a todas los que se hacen llamar constitucionalistas que la vivienda es un derecho garantizado en la Constitución y que su regulación, especialmente, la del alquiler es de urgente necesidad. Lo peor, es que se nos olvida a todos nosotros y nosotras. Y mientras que el drama estaba a la vuelta de la esquina, en la calle Recta de El Puerto Santa María, la vida seguía y el país, sin un Gobierno que esté al lado de su gente.

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