Puente de La Pepa, en Cádiz, iluminado por el 8M. FOTO: JUAN CARLOS TORO
Puente de La Pepa, en Cádiz, iluminado por el 8M. FOTO: JUAN CARLOS TORO

Hace unos días saltaron las alarmas del pensamiento correcto. La lideresa de Ciudadanos en Cataluña, la jerezana Inés Arrimada, se proclamaba “feminista liberal” y una gran masa que cree ostentar el marchamo del feminismo rio y despotricó de su ocurrencia y se hizo dueña del espacio mediático. La verdad es que daba pena comprobar una vez más que estamos en manos de unos iletrados que son capaces de hacer el ridículo sin ser siquiera conscientes. Muy pocos cayeron en la cuenta de que los orígenes del feminismo actual, por mucho que a algunos les pese, están en el filósofo y economista clásico de tendencia liberal John Stuart Mill, miembro además durante un tiempo del Partido Liberal inglés.

Y que fue él, allá por la mitad del siglo XIX, cuando nadie hablaba de estas cosas, el que publicó ensayos como El sometimiento de la mujer (que se ha dicho escrito junto a su querida Harriet Taylor, el amor de su vida y su musa) o La esclavitud femenina, que en España contó con prólogo de la fascinante Emilia Pardo Bazán, o presentó en la Cámara de los Comunes del Parlamento inglés una moción a favor de la “Representación personal”, con la que propuso eliminar las palabras que daban a entender que “solo los varones tenían derecho a ser electores”, un parlamento en el que en el ya lejano mayo de 1867 defendió el sufragio para la mujer. Y fue poco después su hija Helen quien fundó la Sociedad Nacional para el Sufragio Femenino, de la que él participó activamente.

A pocos días de los que habló Arrimadas saltó a los medios de comunicación el final de la “licencia por paternidad” del líder de Unidos Podemos, ahora Unidas Podemos, debe ser que el cambio garantiza más votos, Pablo Iglesias, que ha pasado de carismático defensor de la utopía de una sociedad diferente a miembro de la casta. ¿Licencia por paternidad o por maternidad, qué sería lo correcto? Todo sería hermoso y lindo si él (e incluso la madre de sus hijos) fuese un trabajador por cuenta ajena y tuviese ese derecho reconocido por las leyes laborales. Pero se da el caso de que no lo es, porque todos saben que si es algo es o era miembro del Congreso de los Diputados, y ese vínculo no tiene carácter de relación laboral, así que Iglesias nunca pudo acogerse a esa licencia, sino que sencillamente faltó a su trabajo durante tres meses y cobró íntegramente el importe de su remuneración, situación que nada tiene que ver con la realidad a la que se enfrentan los trabajadores por cuenta ajena si deciden ausentarse de su puesto de trabajo.

O no digamos lo que ocurre con los que lo son por cuenta propia. Sin embargo en esta sociedad de la información y el desconocimiento casi nadie se cuestiona nada, y ahí que hemos repetido el disfrute de este buen hombre de una licencia que no tenía y que nadie podía haberle reconocido. Pero qué más da, en los tiempos que corren poco importa que lo que se dice sea verdad o mentira: era lindo y tan políticamente correcto. Otra pena es que casi nadie de los voceros se haya leído las leyes laborales y de la Seguridad Social para contarle a este mesías que promete volver que mentir es…

Días antes, el fenómeno político y mediático en el que se ha convertido Vox, realizó para estrenarse en el Parlamento Andaluz una propuesta que haría saltar las alarmas. La emergente formación política había pedido conocer en sede parlamentaria los nombres de los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. La izquierda y la derecha políticamente correctas pusieron el grito en el cielo y la Mesa del Parlamento Andaluz rechazó la petición argumentando una extravagante controversia con la Ley de Protección de Datos. De pronto todos olvidaron que los nombres y cargos de los empleados públicos son de conocimiento público y que en el caso de los funcionarios esa condición y su categoría deben ser publicadas junto con su nombre en el BOE, y en el caso de Andalucía en el BOJA, para que sean validados y para mayor conocimiento público.

Parece ser que la Mesa del Parlamento también ha olvidado lo dispuesto en el Estatuto del Empleado Público o en los propios artículos del Reglamento de la Ley de Protección de Datos. De toda esa normativa solo podría  deducirse que los empleados públicos no pueden ser anónimos, sino sujetos plenamente identificados como servidores públicos en relación al puesto que ocupan, y por tanto sometidos al escrutinio y al control de su integridad, de manera que se eviten situaciones indeseables de corrupción. Quizás nadie se ha leído esas normas, porque lo cierto es que todo ha sido embadurnado por un miedo a objetivizar una situación que puede estar viciada. Si no hay nada que temer, ¿a cuento de qué el miedo y el revuelo político mediático que se ha levantado?

Pero las diferentes varas de medir están en la misma historia de la institución: no hace tanto que el mismo Partido Popular de Andalucía que ahora nos gobierna y que ha favorecido el desistimiento de la pregunta, registró otra similar y con ruego de respuesta por escrito a la Consejería de Cultura con el objetivo de conocer qué personal desarrollaba su trabajo en el Instituto Andaluz del Flamenco y qué tipo de relación laboral mantenía con dicho Instituto. ¿Era pues la petición la ilegal o se cambiaba la percepción por miedo a la intocable expresión “Violencia de género”? ¿No había entonces caza de brujas, que es una de las expresiones que se ha barajado en estos días? Aprovecho y recuerdo para los defensores del lenguaje inclusivo que lo de “caza de brujas” tiene seguramente una connotación machista y peyorativa innegable. Pero ellos ponen las trampas y ellos las inauguran. El caso es que por la pregunta sobre el Instituto Andaluz del Flamenco nadie se rasgó las vestiduras.

Hace pocas semanas fue también noticia que un Instituto de Jerez de la Frontera, el que se llamara Fernando Quiñones, cambiaba su nombre a iniciativa de sus órganos de gestión por el de Lola Flores. Sin desmerecer la figura de la Faraona, fue especialmente triste que se argumentara tan pobremente para  justificar un cambio que afectaba al recuerdo de uno de los escritores fundamentales de la literatura en español del pasado siglo XX, y más cuando el tal era gaditano y no solo de nacimiento, sino que además ejercía de corazón, y esa visión es más que visible en su obra, seguramente de las más densas, inteligentes y cultas de la narrativa reciente, pero me temo que nadie de los decisores ha leído ni siquiera una página. Y es que es más: Jerez de la Frontera y todo el flamenco tienen con Fernando una deuda impagable por cuanto –al igual que su amigo José Manuel Caballero Bonald- hizo por dignificar ese arte Patrimonio de la Humanidad con el que ahora se nos llena la boca.

Lo malo no es que unos tomasen la decisión, sino que otros que podrían haberla evitado no dijeran tampoco ni una palabra. Pero volvemos a lo mismo: aquí no lee nadie, ni casi nadie ha entendido que si la historia sirve de algo es para evitar el ridículo del desconocimiento. Yo solo me pregunto ante esta situación, en la que ha resultado victorioso el espíritu “triunfito” sobre el literario, por el cómo incentivarán los profesores de Literatura de ese centro a sus alumnos para animarlos a la lectura. Supongo que esos pupilos recordarán, en vez de los versos o los sagaces párrafos de don Fernando, aquel grito de guerra que lanzó en momento aciago la de San Miguel: “Si me queréi, irse”. No sé si el problema del escritor de Chiclana es que ejerció con honor y sabiduría de caletero, o que la sencillez en tiempos como los actuales se paga. Lo mejor de todo esto es seguramente, conociendo el itinerario vital, la humildad y la guasa del genial autor, es que a él el cambio posiblemente hasta le habría parecido bien.

Pero todo lo referido es de pena, y lo es porque en el momento de la historia de la especie humana en el que más información está pululando por todos lados, están triunfando el desconocimiento y la docilidad en aras de lo políticamente correcto.

Manuel Bernal Romero

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