El Reino Unido ha comenzado a implementar la histórica sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de abril de 2025, que estableció que, a efectos de la Ley de Igualdad de 2010, los términos sexo y mujer se refieren exclusivamente al sexo biológico. El fallo, adoptado por unanimidad de cinco magistrados, incluido su presidente, Robert Reed, rechazó que la autoidentificación de género modifique la definición legal del concepto ‘mujer’, incluso cuando exista un Certificado de Reconocimiento de Género.
La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Reino Unido (EHRC), organismo responsable de supervisar el cumplimiento de la Ley de Igualdad, ha elaborado un borrador con sus directrices para dar cumplimiento estricto al fallo judicial, de obligado cumplimiento, so pena de incurrir en discriminación. El texto preliminar, avanzado por la prensa británica y que será remitido al Ministerio de Igualdad a finales de mes, establece que los servicios públicos y espacios reservados a un único sexo deberán proteger a las mujeres, quedando excluidos los transautoidentificados, pues legalmente no son mujer.
Protección integral en servicios y espacios de las mujeres
Las directrices serán obligatorias y afectarán tanto a instalaciones públicas, como hospitales, escuelas, centros deportivos, cárceles; así como a organizaciones privadas y entidades benéficas que gestionen o presten servicios financiados con fondos públicos, como refugios para mujeres víctimas de violencia machista y sexual y centros para personas mayores.
En el ámbito deportivo, las competiciones de la categoría femenina quedarán reservadas exclusivamente a mujeres y niñas, con idéntica protección para vestuarios, baños y demás espacios de uso exclusivo. Esta política ya ha sido adoptada por varias ligas y federaciones deportivas británicas, para garantizar el juego limpio y la integridad del deporte femenino y los derechos de las atletas, prohibiendo que jueguen en la categoría femenina transautoidentificados o con diferencias en el desarrollo sexual.
De igual forma, la medida también aplica a los espacios reservados en gimnasios, comercios y espacios privados, como probadores de ropa, donde se permitirá denegar el acceso a varones transautoidentificados, en salvaguarda de la intimidad y seguridad de las mujeres y niñas, reconociendo su derecho a no verse obligadas a ver desnudos a personas con genitales masculinos, ni tener que desnudarse en su presencia.
El caso de Marks & Spencer y J. K. Rowling
El caso reciente de la cadena Marks & Spencer ilustra la tensión social: una persona transautoidentificada atendió a una chica adolescente en la sección de lencería cuando estaba probándose un sujetador, causando molestia a la niña y su madre, por considerar "inapropiado" que alguien al que percibían como varón entrara en el vestidor de mujeres. La madre se quejó al establecimiento y la noticia se hizo viral. Tras el incidente, la escritora J.K. Rowling Rowling criticó a M&S en redes por no respetar la sentencia del Supremo sobre espacios exclusivos para mujeres, instando a las mujeres a "votar con la cartera" si la tienda seguía permitiendo que transautoidentificados trabajaran en áreas sensibles como vestidores o secciones de ropa interior femenina, al suponer un incumplimiento de la normativa vigente y la sentencia del Supremo que obliga a garantizar la protección de los derechos de las mujeres y niñas en zonas de intimidad. Tras el tuit de la autora de Harry Potter, M&S pidió disculpas a sus clientas, porque no era la primera vez que las mujeres se quejaban de situaciones parecidas.
No es prohibición trans. Es seguridad jurídica para toda la sociedad
De conformidad con la sentencia del Supremo, y los efectos jurídicos derivados de la misma, las nuevas directrices precisan que no se considerará discriminación la exclusión de transautoidentificados de espacios de un único sexo, y que los proveedores de servicios podrán verificar el sexo de una persona solicitando documentos como el certificado de nacimiento. La protección de los derechos de las mujeres no supone en ningún caso discriminación para las personas trans; pues se trata de negar servicios a quienes no son mujeres, asegurando que cada grupo cuente con instalaciones adecuadas y seguras. Para lo cual, lo justo y legal es preservar los derechos de las mujeres y niñas reconocidos en las leyes, que no pueden seguir siendo sacrificados.
En coherencia con el principio de proporcionalidad constitucional, también se prevé que un nacido varón que se autoidentifique como mujer, o una nacida mujer que se autoidentifique como hombre, pueda ser excluido de los servicios y espacios exclusivos si existe una justificación legítima para preservar la seguridad e intimidad del resto de usuarios, al considerarse por la legalidad vigente que excluir a esa persona del servicio es un medio proporcionado para alcanzar un objetivo legítimo.
De lo expuesto, la solución jurídicamente procedente es la que logre un equilibrio entre los derechos de las mayorías y minorías, que permitía garantizar los derechos de las mujeres (la mayoría) y los derechos de las personas transautoidentificadas (la minoría). Esto solo puede garantizarse destinándose espacios exclusivos para su uso, así como abriendo una tercera categoría en los deportes, si las personas transautoidentificadas no se desean participar en la categoría correspondiente al sexo biológico.
Una decisión que trae seguridad jurídica, claridad y no discriminación
El Gobierno británico ha respaldado públicamente el fallo del Supremo, subrayando que “los espacios reservados a un solo sexo siempre estarán protegidos” y que esta sentencia “aporta claridad y confianza” en la aplicación de la Ley de Igualdad.
Esta decisión marca un hito en la defensa del derecho de las mujeres a su intimidad, seguridad, dignidad, libertad de expresión, al deporte justo y los demás derechos basados en el sexo. Supone, además, un modelo de interpretación jurídica que marca la pauta que deben seguir otros tribunales de justicia, incluido el Tribunal Constitucional español, cuando en septiembre deba pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley trans, por violar la cláusula de no discriminación por razón de sexo, los derechos de las mujeres, menores, homosexuales y personas con disforia de género a quienes se les niega tratamiento psicológico que explore la causa de su malestar con el cuerpo.
Las decisiones de las autoridades británicas reconocen algo esencial: la igualdad entre mujeres y hombres solo puede sostenerse si se respeta el significado material del sexo, esto es, el significado biológico y jurídico del mismo y de la palabra ‘mujer’ y ‘hombre’, tal y como lo define la ciencia. Y, desde luego, parte por preservar los espacios y derechos que garantizan nuestra seguridad y libertad, según se reconoce en la normativa de los derechos humanos de las mujeres previstas en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, la Cedaw, el Convenio de Estambul y las Constituciones y leyes internas. Defender los derechos de las mujeres y niñas no es odiar a nadie. Sacrificar nuestros derechos y dignidad es una ilegalidad e injusticia que no se debe tolerar en ninguna sociedad que se precie de ser un Estado de derecho.