La reciente crisis derivada de los fallos en las pulseras telemáticas antimaltrato, que ha provocado absoluciones y sobreseimientos en casos de violencia machista, ha puesto de manifiesto graves vulnerabilidades estructurales en el sistema español de protección frente a la violencia de género. Estas deficiencias no solo comprometen el desarrollo de los procesos penales en curso y los derechos fundamentales de las víctimas, sino que también debilitan aún más la confianza ciudadana en las instituciones y autoridades responsables de su seguridad, ya debilitada por la proliferación de casos de impunidad generados por la ley de autodeterminación del sexo registral y la ley del solo sí es sí, que propició la excarcelación de 126 presos y redujo las penas más de 1.200.
La causa de la crisis: una transición mal planificada
El problema se gestó durante el traspaso de mando entre las titulares del Ministerio de Igualdad, que coincidió con la transición entre adjudicatarias del sistema, cuando el servicio pasó de manos de Telefónica con subcontratación a Securitas Direct, a una unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas. Esta migración, ejecutada sin las debidas garantías de continuidad operativa, provocó la pérdida irreversible de datos de localización y registro de movimientos anteriores a marzo de 2024, información esencial para acreditar quebrantamientos de órdenes de alejamiento en procedimientos judiciales.
La magnitud del problema queda evidenciada en las cifras: de las casi 4.600 pulseras activas en el sistema, al menos 46 (un 1% del total) fallaron directamente en el registro de información crítica. Sin embargo, según se indica en la prensa, el alcance real de la crisis se extendió a cerca de 5.000 mujeres que recibieron avisos del Ministerio de Igualdad alertándolas sobre posibles riesgos en su protección, obligándolas a extremar precauciones durante los meses de incertidumbre; si bien, según fuentes oficiales ninguna mujer con este dispositivo ha sido asesinada.
Vulneración del derecho fundamental a la protección efectiva de las mujeres
Según jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, la violencia de género constituye una manifestación de la discriminación que sufren las mujeres por ser mujeres, producto de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que obliga al Estado a adoptar medidas de protección eficaces. El sistema de pulseras telemáticas no es meramente una herramienta tecnológica de protección, es la materialización de una obligación del Estado: garantizar la integridad física y la vida de las mujeres en situación de riesgo.
Cuando María Ángeles Carmona, entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, alertó en enero de 2024 a la ministra Ana Redondo sobre los riesgos del nuevo sistema, estaba cumpliendo con el deber de control institucional que la normativa le confiere. Su advertencia, "este servicio no tenía las garantías", no era un tecnicismo, ni exceso de celo; sino una alerta temprana sobre la potencial vulneración del derecho fundamental a la protección efectiva reconocido en el artículo 15 de la Constitución, porque cuando hablamos de los riesgos de la violencia machista estamos hablando de derechos fundamentales de las mujeres, es decir, derechos de protección prioritaria, cuya inobservancia puede poner en peligro las vidas, la seguridad e integridad de las mujeres y sus hijas e hijos.
Negligencia institucional: la imprudencia de sustituir un sistema operativo
El proceso de cambio de adjudicataria revela una cadena de decisiones irresponsables que evidencian una flagrante falta de diligencia institucional. El Ministerio de Igualdad a cargo de Irene Montero optó por sustituir un sistema consolidado, que había funcionado durante quince años, por uno nuevo, sin haber asegurado previamente las garantías mínimas de continuidad operativa en todos sus aspectos.
La gravedad de esta negligencia se acrecienta al confirmarse que los nuevos dispositivos presentan deficiencias estructurales alarmantes. Según las denuncias de Carmona, de la que informó a la actual titular del Ministerio, estos dispositivos fueron aparentemente adquiridos a través de plataformas comerciales generalistas de cuestionada calidad, como AliExpress, circunstancia incompatible con los estándares de calidad y seguridad exigibles para un sistema cuyo fallo puede costar vidas humanas, comprometiendo seriamente la responsabilidad del Estado.
Colapso judicial y violación de derechos fundamentales
Las consecuencias judiciales han sido devastadoras. Diversas fiscalías provinciales han alertado que la ausencia de registros fiables provocó "una gran cantidad" de sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias, tanto en fase de instrucción como de enjuiciamiento penal. Esta situación ha dado lugar a que agresores denunciados por quebrantar órdenes de alejamiento hayan sido absueltos por falta de prueba, al no poder acreditarse su ubicación ni movimientos durante el período crítico.
La Fiscalía General del Estado reconoce en su memoria anual que, aunque la mayoría de casos fueron reabiertos tras la recuperación parcial de datos, durante varios meses la protección jurídica quedó gravemente comprometida. Este "vacío informativo", como lo califica el Ministerio Fiscal, no solo ha facilitado la impunidad de agresores sino que ha debilitado la confianza en el propio sistema de justicia, y ha puesto a las mujeres víctimas de violencia machista en situación de indefensión, vulnerando sus derechos fundamentales y las garantías ínsitas de la tutela efectiva reconocida en la Constitución:
Derecho a la protección efectiva: Las mujeres se vieron privadas de la seguridad que debían proporcionarles las órdenes judiciales de alejamiento, quedando expuestas a potenciales agresiones sin la debida vigilancia telemática.
Derecho a la tutela judicial efectiva: La pérdida de datos impidió la aportación de pruebas esenciales para la persecución penal de quebrantamientos, vulnerando el artículo 24 de la Constitución que garantiza el acceso efectivo a la justicia.
Derecho a la seguridad y no revictimización: El extravío de registros generó situaciones de inseguridad, estrés y desprotección para miles de mujeres, obligándolas a convivir con la incertidumbre sobre la efectividad real de su protección.
Exposición al peligro por negligencia institucional
Durante varios meses, decenas de mujeres quedaron expuestas al potencial incumplimiento de restricciones judiciales sin verificación efectiva. El sistema permitió que agresores pudieran quebrantar órdenes de alejamiento sin que existiera constancia documental de tales violaciones, creando un limbo jurídico que favoreció la impunidad de los maltratadores y expuso injustamente a las víctimas. Esta situación se vio agravada por los defectos intrínsecos de los nuevos dispositivos, que según testimonios recogidos pueden ser manipulados con facilidad extrema por los propios agresores, quienes en algunos casos han llegado a comercializarlos en mercados irregulares.
Responsabilidad institucional y exigencia de rendición de cuentas
La negligencia del Ministerio de Igualdad en el trámites de adjudicación y transición del servicio ha generado un clamor social que exige investigación y depuración de responsabilidades políticas y administrativas. Organizaciones feministas, de juristas, partidos de la oposición y operadores jurídicos han denunciado la negligencia. Aunque el Ministerio sostiene que los dispositivos nunca dejaron de funcionar técnicamente y que la coordinación posterior permitió reabrir casos sobreseídos, la Fiscalía reconoce el quebrantamiento de confianza pública y judicial y el daño a la credibilidad del sistema.
La gravedad de esta crisis exige la apertura inmediata de una investigación exhaustiva que audite tanto el funcionamiento técnico del sistema, como la gestión económica de los recursos destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta exigencia cobra especial relevancia considerando las magnitudes presupuestarias involucradas: el Pacto de Estado, firmado en septiembre de 2017, comprometió inicialmente 1.000 millones de euros durante cinco años para fortalecer las estrategias implementadas por la Ley Integral de Violencia de Género de 2004. Su reciente renovación para el período 2025-2030 eleva esta dotación económica hasta los 1.500 millones de euros, que representa un incremento del 50%.
Semejante inversión pública, de 2.500 millones de euros en poco más de una década, demanda estrictos mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas proporcionales a su magnitud presupuestaria, según exigen las leyes. Este fallo en las pulseras telemáticas se suma al largo listado de incidencias y negligencias técnicas y políticas en la lucha contra la violencia machista y el destino de los fondos para combatirla, en ocasiones, empleados en causas ajenas a combatir la violencia machista.
Estas negligencias no pueden interpretarse como casos aislados, sino como síntomas de deficiencias estructurales en la planificación, ejecución, supervisión, transparencia y control de políticas públicas financiadas con recursos públicos. Una auditoría integral debe examinar no solo los aspectos técnicos del sistema de seguimiento telemático, sino también los procedimientos de licitación, la asignación de contratos y su adjudicación, así como los contratos menores por donde se desvían fondos; y, en general, examinar los mecanismos de control de calidad y la efectividad real de las medidas financiadas, porque es evidente que el aumento de la violencia machista y sexual en España no se debe a la falta de recursos y medios, sino a deficiente gestión de los mismos y de las medidas y políticas públicas para prevenirla y erradicarla.
Los resultados de la crisis de las pulsera telemáticas hablan por sí solos. Estos no son "daños colaterales" de una transición técnica, sino las consecuencias previsibles de una gestión irresponsable y negligente por parte de Irene Montero y Ana Redondo que, una vez más, demuestran que no están a la altura de su cargo en el Ministerio de Igualdad.
La violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado de máxima importancia que exige respuestas institucionales acordes a su gravedad estructural. No basta con proclamar el compromiso político: es imprescindible construir y mantener instituciones competentes, sistemas eficaces, mecanismos de control eficientes y que quien esté a cargo del Ministerio sea una persona a la altura de sus responsabilidades.