Cada día que pasa nos sorprende menos todo lo relacionado con la progresiva reducción del contenido de nuestros distintos derechos fundamentales. Pareciere que nos da igual. Que si unos policías irrumpen en un sitio en el que está viviendo gente sin orden judicial y lo amparan en una orden del Ministerio del Interior, nos da igual. Que si condenan a un rapero por lo que rapea (e incluso hay quien twittea que habría que condenarlo por cómo rapea), nos da igual.
En este contexto histórico que nos está tocando vivir (por favor, me gusta ser partícipe de la historia, pero que espacíen un poco los acontecimientos) es normal y viene previsto en el ordenamiento jurídico la posible limitación o suspensión de derechos, en pro de salvaguardar derechos fundamentales como el de la vida y la integridad física. Y hasta en tales limitaciones y suspensiones de derechos fundamentales debemos ser críticos.
Lo que no cabe consentir es que un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio se vea superado como ha pasado este mes de marzo, donde se irrumpió en una fiesta ilegal ariete en mano. No se confundan, todos (o casi) estamos en contra de las fiestas ilegales. Pero dentro del espectro de cuestiones que deben ser objeto de completa censura, montar una fiesta es una nimiedad en comparación al arietazo.
Llevémonos las manos a la cabeza cuando esos artículos de la Constitución, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de cuantos Tratados Internacionales en esta materia ha suscrito España, se ven superados ante actuaciones que nos parecen reprochables. Porque si seguimos en materia de Derechos Humanos yendo contramano, cuesta abajo y sin frenos, llegará el día en que tales ataques se produzcan contra el ejercicio de los derechos que tenemos reconocidos, pero sin la posibilidad de responder.
Igual el problema es que para dictar una orden de entrada y registro hace falta un Juez, y España está bastante lejos de la media europea de jueces por 100.000 habitantes. Y de Fiscales, igual. ¿Por qué? Porque montar un Juzgado cuesta dinero. Añadir miembros a la Fiscalía cuesta dinero. Y la fuente de todos los males es que vulnerar nuestros derechos parece que sale gratis.
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