Ciudadanos y PP han emprendido una guerra particular contra el Orgullo LGTB, manifestación de donde han sido excluidas ambas formaciones políticas por negarse a firmar el manifiesto de Cogam, la entidad organizadora de la marcha madrileña por la libertad sexual, que en su primer punto pide que los partidos que quieran participar en la cabecera deben comprometerse a no pactar con fuerzas de extrema derecha como Vox.
De esto modo, PP y Ciudadanos han quedado excluidos de una manifestación en la que la formación naranja sí ha participado en años anteriores, con carroza incluida, y que le ha servido para venderse como un partido moderno y progresista por su apoyo a la población LGTB.
En su furia contra los organizadores del Orgullo, Ciudadanos ha emprendido una campaña contra las asociaciones LGTB con argumentos que sitúan al Partido Comunista de España al nivel de Vox, como enemigos de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales.
“En la Rusia comunista la sodomía era un delito con pena de cinco años a trabajos forzados. El Che quería internar a los homosexuales en campos de trabajo, "los haría hombres”. A Gil de Biedma le fue denegada la afiliación al Partido Comunista por gay. El Partido Comunista sí está invitado al Orgullo”, afirma en un tuit Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos en el Congreso por Málaga.
Lejos de que los comunistas españoles estén en contra de los derechos LGTB, la realidad es que el Partido Comunista dio cobertura legal y apoyo logístico a las primeras manifestaciones celebradas en 1977, en Barcelona, y en 1978 en ciudades como Sevilla, Madrid, Valencia o Bilbao. El primer mitin a favor de la libertad sexual que se celebra en Sevilla en junio de 1978 tiene lugar justamente en la sede de Comisiones Obreras, el sindicato de los comunistas españoles.
En febrero de 1978, el PCE, de la mano de su diputado Ramón Tamanes, se convierte en el primer partido político español que registra en el Congreso de los Diputados una iniciativa para sacar la homosexualidad del Código Penal. Desgraciadamente, la homosexualidad no deja de ser delito hasta diciembre, lo que tiene como consecuencia que las personas homosexuales y transexuales salgan de las prisiones españolas un año y medio más tarde que los presos políticos y que voten la Constitución en referéndum todavía siendo considerados enfermos para la psiquiatría y delincuentes para el Estado.
En 1983, la ley de escándalo público que fue, junto con la de Peligrosidad y Rehabilitación Social, una de las normas por las que detenían a las personas LGTB durante el franquismo, es modificada por el Gobierno, pero no en el ámbito que afectaba, sobre todo, a las mujeres transexuales, que fueron detenidas por andar 'de manera provocativa' bien entrados en democracia.
El delito de escándalo público sale del Código Penal en 1989 porque, nuevamente, un diputado comunista, entonces ya perteneciente al grupo parlamentario de Izquierda Unida, lo promueve en el Congreso. El diputado que impulsó esta medida, que fue el último escollo para que las personas LGTB pudieran andar libres por las calles sin miedo a ser detenidas por su indumentaria o ademanes, fue el histórico comunista Nicolás Sartorius.
Otra vez, en 1994, Izquierda Unida se convierte en el primer partido político español en constituir en su seno un grupo sectorial de defensa de los derechos humanos de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. El Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (Aleas) se convierte en un vivero de ideas y argumentos a favor de un horizonte de igualdad para este colectivo, tanto hacia fuera de la organización política como hacia dentro.
Primera iniciativa a favor del matrimonio
Finalmente, en 2002, la diputada de IU y reconocida feminista Marisa Castro registra la primera propuesta de ley de matrimonio igualitario, que decae por los votos en contra de la mayoría absoluta del PP de José María Aznar y de CiU.
“Hay gais y lesbianas que se sientan a la derecha y a la izquierda de la Cámara, y es una vergüenza que alguno de ellos tenga que votar en contra de sus propios derechos. Estoy segura de que si se diera libertad de voto, esta propuesta saldría adelante”, dijo la diputada Marisa Castro al defender la que fue la primera iniciativa en presentarse en el Congreso en defensa del matrimonio igualitario.
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