"La cuestión independentista no es nueva ni exclusiva de nuestro país. En Canadá fue un problema que, de momento, se va manejando y de una forma, a mi parecer, inteligente y respetuosa".
Abuela, tengo que confesarte que empiezo a hastiarme del conflicto catalán. Con Cataluña me acuesto y con Cataluña me levanto. No hay informativo, tertulia o diario, ni hora del día, ni día de la semana, en los que el problema catalán no sea portada. Como si no tuviéramos otros problemas en España, como si el desempleo de larga duración; el empobrecimiento de la clase trabajadora; la precariedad laboral; el deterioro de la sanidad, la educación, la asistencia a la dependencia o la falta de expectativas profesionales de los jóvenes fueran problemas de segundo orden.
No conozco el conflicto en todas sus vertientes. Ignoro si tienen la razón los independentistas o los españolistas. No he tenido tiempo de leer todas las opiniones de voces autorizadas. Lo admito. Solo sé que cada vez percibo más odio, más radicalismo, menos información y más intoxicación pseudoinformativa a uno y otro lado.
Y ante tanto extremismo, me pregunto: En este punto, ¿hay algún camino que nos permita transitar en armonía? Qué preguntas más estúpidas hago, ¿verdad abuela?
La cuestión independentista no es nueva ni exclusiva de nuestro país. En Canadá fue un problema que, de momento, se va manejando y de una forma, a mi parecer, inteligente y respetuosa.
En la provincia canadiense de Quebec, de mayoría francófona, se desarrolló en los años 90 un fuerte movimiento nacionalista que propugnó la convocatoria de un referéndum para su secesión pacífica (la constitución canadiense no reconoce el derecho a la secesión unilateral, pero sí permite la celebración de referéndums de independencia). En el año 95 se celebró un referéndum que los independentistas perdieron por un margen muy estrecho (50,58% a 49,42%). La pregunta formulada se consideró ambigua por lo que el gobierno canadiense consultó al Tribunal Supremo. Este dictaminó que si se realizaba una pregunta clara y salía a favor con una mayoría suficiente existiría una obligación constitucional de negociar con buena fe. En el año 2000 el parlamento canadiense aprobó la Ley de Claridad que establecía las condiciones para negociar. Estas pasaban por definir, a priori, qué mayoría y qué participación son suficientes para reconocer la independencia y establecer qué elementos deben figurar en la agenda de negociación; cómo se van a repartir los haberes y las deudas, cómo se establecerán las nuevas fronteras y se protegerá a las minorías. Y, como no podía ser de otro modo, contempla el mismo principio de divisibilidad dentro del ente separado. O sea, que igual que los independentistas quebequeses reclamaban la independencia del estado canadiense, sus territorios podían reclamar la suya de Quebec o su permanencia en el estado canadiense.
Yo soy una firme defensora de la libertad individual y de la de los pueblos. Y así como en una pareja uno no puede obligar al otro a mantener la unión contra su voluntad, los pueblos no pueden permanecer unidos a cualquier precio. Por ello exponiéndome a que se me echen encima, por ignorante y bocazas, independentistas y contrarios a esta, me planteo si no podemos extraer lecciones del ejemplo canadiense y abrirnos a la posibilidad de discutir cuestiones como el modelo territorial —dejemos ya de considerar un anatema hablar sobre la reforma de la Constitución, así como no lo fue en el 2011 cuando se incluyó en ella el techo de gasto público—; las mayorías necesarias en un posible referéndum; el estatus en la UE de cualquier comunidad independizada; el reparto de los activos en los territorios, y, por supuesto, del pasivo —actualmente, más del 65% de la deuda pública catalana está en manos del estado—; la financiación del sistema de pensiones —Cataluña es la comunidad a la que la Seguridad Social aporta mayor cantidad de dinero—; o la garantía de protección de las minorías contrarias a la independencia…
Yo no sé si el primero de octubre va a haber referéndum o no, —me temo que el que Montoro no les dé dinero para las urnas no va a ser suficiente para pararlo—, pero de lo que estoy segura es de que los políticos nos seguirán machacando con un tema que el 98,8% de los españoles no considera un gran problema, según el último barómetro del CIS. Y seguirán recurriendo a una de las jugadas más conocidas en el rugby, la de patada a seguir, con lo que continuará ahondándose la brecha entre los independentistas y los contrarios a ella y entre Cataluña y el resto del país.
Cuando pienso esto, no sé por qué, siempre me acuerdo de ese joven que amenazaba a sus padres con irse de casa si no lo dejaban llegar más tarde, si no le aumentaban la paga o no le permitían llevar a su chica a casa… Un día, hartos ya de chantaje le dijeron: hijo, tienes todo el derecho a irte, pero desde el momento que cruces esa puerta te quedas sin paga, tu habitación la convierto en un vestidor y los estudios te los costeas tú trabajando. Desde entonces, viven mucho más tranquilos.
Si el sentir mayoritario de la ciudadanía catalana, no de los políticos que la utilizan en su beneficio, es la independencia, no se la puede forzar a permanecer en España. Pero tampoco se nos puede forzar al resto de comunidades a estar pendientes de los intereses de esos políticos, como si nosotros no tuviéramos problemas. ¿Tendremos los andaluces que amagar con la independencia para que se nos escuche en cuestiones como, por ejemplo, la modificación del modelo de financiación autonómica para convertirlo en un sistema justo, suficiente, solidario y que garantice la igualdad de oportunidades?
En fin, abuela, que la cosa está complicada, pero, sinceramente, creo que los que más la complican son los políticos llevados por su propio interés de desviar nuestra atención de lo, verdaderamente, importante.
Y yo me callo, que ya me he metío en agua tapá. Menos mal que esto se va a quedar entre nosotras.
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