¿Qué haría usted si un par de hombres con caretas, guantes y ropas oscuras entran en su casa para robar, rompiendo la corredera del salón con una barra de hierro, le ponen una pistola en la sien y se lían a darle patadas a su pareja, si tiene un arma accesible y puede aprovechar un despiste de los asaltantes? Muchos responderían que disparar al cuerpo de los intrusos. Sin embargo, eso estaría muy bien para las películas americanas donde la víctima del allanamiento se puede defender con todos los medios disponibles a su alcance, pero no en España, donde el sistema es tan garantista que los atracadores juegan con ventaja.
En este país hay una desigualdad entre el damnificado, que debe no solamente respetar escrupulosamente la ley sino que apenas puede protegerse, y el criminal, que nunca va a respetar norma alguna y está dispuesto a matarte en cualquier momento, con el dedo en el gatillo y sin el menor miramiento.
Y, si dijéramos que el asaltado para evitar daños físicos dispara un primer tiro al aire con objeto de asustar a los delincuentes, que estos huyen en un primer momento y que, después, regresan para enfrentarse a su víctima ¿Qué harían? ¿Volverían a tirotear al aire o, tras comprobar que no ha funcionado su disuasión y temiendo por su vida y la de sus familiares, efectuarían por fin un disparo al bulto en dirección al hombre enmascarado, con solo intención de herirle, aunque hubiese la posibilidad de matarlo porque la bala tocase una vena? Pues esto último es lo que le ha sucedido a un canario de 83 años, Jacinto Silverio Moreno.
Para más inri, el jurado popular, siete mujeres y dos hombres, no ha apreciado la eximente completa de legítima defensa porque han considerado sus miembros que el anciano debió utilizar soluciones menos gravosas y le han condenado por homicidio. ¿Qué preferían que hubiesen matado a su familia o a él? ¿Qué otra cosa debió hacer el hombre si quería preservar la integridad de su familia? La sentencia ha sido recurrida al Tribunal de justicia de Canarias.
En espera del fallo del recurso, el anciano vive angustiado, consciente de que ya le queda poco tiempo de vida, porque, por un lado, teme que, a pesar de su edad, ingrese en prisión y pase allí los últimos años que le queden y, por otro lado, aguarda la venganza de la banda de atracadores, cinco en total (los dos que interrumpieron en su domicilio y tres compinches más). El terror a los contactos de esa camada de delincuentes, en la cárcel o en la calle, le quita el sueño.
Los hechos sucedieron en una finca aislada, sin vecinos próximos, con nocturnidad y alevosía y con un alto grado de violencia, pues tanto el dueño de la finca como su mujer, a la que provocaron fracturas, fueron golpeados. La fiscalía pedía la libre absolución por homicidio, mientras que la inculpación fue sostenida únicamente por la acusación particular que defendía los intereses de la madre del ladrón fallecido, Jonás, y que solicitaba, a su vez, una indemnización de 78.000 euros. Al final, la condena por responsabilidad civil quedó reducida a 20.000 euros.
Incluso, Cristian, acompañante del difunto, menor de edad en el día de autos, ya en libertad tras cumplir su pena, justificaba en el juicio la actitud de Jacinto. Esperemos que el recurso surta efecto y podamos decir, en un futuro, que esa sentencia fue solo una pesadilla, producto de una falta de empatía de nueve personas sin piedad, que no sabían ponerse en el lugar de un individuo asustado que solo quería proteger a su familia. ¿Qué pensarían si les hubiese ocurrido a ellos? ¿Estarían de acuerdo con su propia resolución?
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