En el proyecto de los Presupuestos del Estado ha pasado casi desapercibida la prevista rebaja fiscal a las actividades del juego online en España. De tributar al 25 por ciento sobre los ingresos netos (lo jugado menos los gastos deducibles, entre ellos los premios concedidos) se pasará al 20, pero si la empresa se instalase en Ceuta y Melilla esta tasa se recortaría al 10%. En un primer análisis esta rebaja se podría considerar antisocial. Los ingresos del juego son muy apetecibles, porque podrían financiar muchas de las prestaciones del Estado, desde las pensiones a la sanidad o a la educación y se presumen muy cuantiosos. Aparentemente la actual tasa parece razonable y la reducción podría considerarse escandalosa, pero a efectos prácticos no es así. Aunque los españoles apostaron el año pasado cerca de 13.000 millones de euros online, apenas se recaudaron 53 millones de euros, porque los premios suponen alrededor del 95% de lo jugado y las sedes sociales de las empresas de apuestas están en el extranjero.
El sector del juego, al contrario de otros sectores, genera poco empleo, pues con muy escasos empleados se pueden gestionar las apuestas y repartir los premios. Al contrario de la Lotería Nacional, que reparte en premios como máximo el 70% en el Sorteo de Navidad, o de la ONCE, que distribuye el 50%, el negocio online no está tanto en los márgenes entre el premio y lo recaudado, que son pequeños, sino en la intensidad de las apuestas, es decir en la reiteración de las mismas. Cuanto más premios se entregan más gente se engancha a las apuestas, y esa asiduidad en del juego, en algunos casos, lleva a actitudes compulsivas que pueden degenerar en ludopatía. En resumidas cuentas, si se recauda poco, serían más los prejuicios sociales que los hipotéticos rendimientos.
Actualmente los grandes favorecidos de las apuestas son Gibraltar y Malta, pues allí se han establecido la mayoría de las sociedades que mueven el juego en Europa, enclaves que funcionaban como auténticos paraísos fiscales por su baja tributación. Esta competencia tan desleal entre países o regiones europeas con exigua tributación es debida a la libertad de movimientos de capitales en la Unión Europea y a que no existe una misma tributación fiscal armonizada en todos los territorios de la unión. Esto se solucionaría con voluntad política mediante una tasa europea única para toda la unión.
No obstante, como consecuencia del Brexit, Gibraltar se juega la pérdida y la marcha de esas sociedades mercantiles a otras partes del territorio europeo y ese vacío lo quiere ocupar España. Además, esa colonia británica ya acusó el primer golpe con el aumento de la fiscalidad de la tributación de las apuestas de los ciudadanos británicos, que pasó del 1% de los ingresos netos al 15%. La proximidad de Ceuta a la colonia británica puede ser una ventaja añadida para el traslado previsto.
Los gobiernos de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, con muy poco margen de desarrollo económico, han recibido como si fuera el maná esta posible rebaja fiscal en el juego que haría posible la instalación de nuevas y pujantes empresas en sus términos- Asimismo, obtendrían una magnífica tajada por el impuesto de sociedades que ingresarían, incluso con la bonificación del 50% que reciben todas las instaladas allí. Igualmente, el asentamiento de estas sociedades podría generar un efecto inducido para que se acomoden nuevas empresas de distintos ámbitos. ¿Para cuándo la armonización fiscal europea y la igualdad de todos?
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