Cartel de alquiler.
Cartel de alquiler.

En medio de una situación dramática la extrema derecha y la derecha extrema han organizado toda una guerra basada en fakes, bulos y caceroladas, distrayendo la atención sobre su propia autocomplacencia y gestión en lugares como Madrid. Distrayendo también sobre su propia responsabilidad en los recortes sanitarios y las privatizaciones incluso antes de la crisis de 2008. Bolsonaro y Trump hacen lo mismo, con relativo éxito entre sectores absolutamente fanatizados, clasistas y racistas.

Sin embargo, el peor favor que podemos hacer a la lucha por la vivienda en este país es colocarnos como colaboradores acríticos del Gobierno de Sánchez por miedo a la extrema derecha. Es un error dejar todo el espacio crítico a las hordas reaccionarias y más error aún colaborar en la desmovilización y desorganización de la gente en torno a demandas que vayan a las raíces de la desigualdad social y del colapso ambiental que ya está aquí. Caminar una senda alternativa a las políticas de las últimas décadas no se va a hacer desde el discurso y la política del mal menor. Y urge un volantazo en este sentido.

Es evidente que la crisis económica y social abierta por el Covid-19 ha tenido un tratamiento diferente al que se tuvo en la crisis de 2008. Entonces se inició un ciclo de ataques a los derechos laborales, a las pensiones, se facilitaron los desahucios exprés, etc. En la crisis actual al menos ha habido una especie de autorrescate parcial (ya que la mayor parte de los ingresos fiscales provienen de los y las trabajadoras, pudiendo decir que nos hemos rescatado a nosotros mismos), aunque la cuestión clave es que de nuevo las clases trabajadoras volverán a pagar los recortes posteriores después de un endeudamiento masivo que no ha sido completado con ingresos extraordinarios (sobre grandes empresas y grandes fortunas) ni ha discriminado entre diferentes situaciones en las empresas. Además, no cabe duda que hay sectores que se han quedado atrás y que no han obtenido el tratamiento que debían y que van hacia un escenario dramático.

Cartel de la iniciativa.

A raíz de esto último, y para no caer en el error fatal de dejar todo el espacio de impugnación a las derechas, surgió el Plan de Choque Social, al que se unieron cientos de organizaciones, sindicatos y plataformas feministas, ecologistas, antirracistas y sociales, exigiendo al Gobierno que tome medidas para no dejar a nadie atrás. Dentro un gran repertorio de medidas de urgencia para proteger a los sectores más vulnerables y garantizar que los costes de esta crisis no caigan de nuevo sobre las espaldas de las trabajadoras, se encuentra la suspensión del pago de alquileres.

Los inquilinos, que ya constituían un sector especialmente vulnerable, que no había podido acceder a crédito hipotecario (sin que estemos planteando que fuera necesario o deseable fortalecer la propiedad pero que indica una situación de partida), que ha sufrido la gestión del pos2008 con un capital que ha derivado capitales hacia una actividad protegida para rentistas en este país, la especulación inmobiliaria. La misma actividad que a través de la construcción masiva había creado las condiciones de la crisis, gestionó la misma volcando recursos hacia el alquiler.

La incapacidad de acceder al crédito hipotecario, la ausencia de una política pública de alquiler y el turismo masivo (al que también el capital ha orientado sus excedentes, batiendo récords) han alimentado una burbuja del alquiler en nuestro país que ha supuesto un incremento de los precios de un 40% de media desde 2013, consumiendo salarios estancados. Los fondos de inversión como Blackstone, que en plena crisis ha movilizado 10.000 millones de euros a comprar viviendas, se hacen con barrios enteros, como ya lo hicieron en otras ciudades europeas, expulsando a los vecinos de toda la vida y los viejos rentistas españoles también se subieron al carro adquiriendo nuevas viviendas gracias a los elevados alquileres.

Mientras que el Gobierno de Sánchez ha preferido legislar en favor de los rentistas, dejando como mejor y factible opción a los inquilinos e inquilinas salir endeudadas, e incluso proponiendo como pequeño propietario a aquel que tiene diez viviendas en alquiler, muchas familias viven el confinamiento en soledad con la angustia de no saber si podrán pagar el próximo mes. Decenas de colectivos sociales estamos planteando como una posibilidad la suspensión de alquileres sobre aquellos propietarios que tienen más de una vivienda en alquiler. e incluso queremos presionar para que desde ya se legisle en este sentido.

En Cádiz ya hemos constituido un comité de huelga para animar a la sociedad a defender la suspensión de alquileres como una posibilidad porque:

  • Es el momento de decir basta ya a la concentración de la vivienda y locales en pocas manos en nuestra ciudad.
  • Queremos que la vivienda esté presente desde el primer momento de la crisis que se avecina como una preocupación pública y como un derecho frente a la visión de la vivienda como negocio. Porque queremos que el pequeño comercio no destine gran parte de sus horas trabajadas a alimentar los bolsillos de los rentistas.
  • Con esa idea de vivienda como derecho queremos hacer frente a los nuevos anhelos del presidente de la Junta y de las alcaldías de Tarifa y Chiclana de seguir devorando el litoral de la provincia.
  • La igualdad de género no puede alcanzarse si no existe el derecho a la vivienda, dejando a mujeres al frente de familias monomarentales. en la estacada (que estadísticamente son las familias que encabezan rankings de pobreza) o a mujeres confinadas bajo maltratadores con pocas opciones para poder desarrollar una vida plena y en libertad.

Hemos empezado una lucha con curso incierto pero sin duda es una lucha necesaria para el ciclo que viene. Esperamos a los y las miles que escapen de la soledad y se unan a ella en multitud.

Artículo escrito por Manu Cano y Lucía García, activistas de Abrir Brecha; y Jesús Rodríguez, activista de Calle Viva.

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