Las últimas horas han vuelto a demostrar hasta qué punto el mundo avanza hacia un abismo que parecía impensable hace apenas una década. El ataque militar lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán no es solo un episodio más en la larga cadena de intervenciones unilaterales que han devastado Oriente Medio: es un salto cualitativo en la sustitución del derecho internacional por la ley del más fuerte. Como señala la APDHA en un comunicado, esta ofensiva constituye “una grave violación del derecho internacional y un paso más en una escalada bélica que amenaza con desestabilizar de forma irreversible Oriente Medio”.
Conviene recordar que el pueblo iraní no es un actor secundario ni un mero espectador en esta tragedia. Lleva décadas sometido a un régimen teocrático que ha vulnerado sistemáticamente los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. La revolución de 1979, que derrocó al Sha, fue rápidamente secuestrada por una élite que convirtió la esperanza popular en un aparato de represión. “Desde entonces —dice el comunicado citado— se acumulan 47 años de represión, violencia política y persecución de las libertades fundamentales”. Las movilizaciones de mujeres en 2023 y las protestas masivas de este año han sido respondidas con una brutalidad que ha dejado miles de víctimas. La sociedad iraní reclama derechos, democracia y libertad. Lo que no necesita —ni ha pedido— es una intervención militar extranjera que solo agravará su sufrimiento.
Porque no nos engañemos: los bombardeos de Estados Unidos e Israel no tienen nada que ver con la defensa de los derechos humanos. No traerán democracia ni derechos. Son, simple y llanamente, una agresión injustificable. Una violación flagrante de la soberanía de Irán comparable a otras intervenciones que han arrasado países enteros en las últimas décadas. Las primeras consecuencias ya están a la vista: muerte, destrucción y escenas que deberían helar la sangre de cualquier dirigente europeo. Entre ellas, el asesinato con un misil de decenas de niñas en un colegio de Minab, al sur del país.
El asesinato del líder iraní —un dirigente que llevaba décadas encabezando un régimen tiránico— tampoco puede presentarse como un acto de justicia. “Toda persona, sea quien sea, tiene derecho a un juicio justo”, recuerda la APDHA. Y tiene razón. La práctica de los asesinatos selectivos, que Israel y Estados Unidos llevan años utilizando para eliminar a sus enemigos, no es compatible con ningún orden jurídico digno de ese nombre. Es, en realidad, la negación misma del derecho. Su muerte y los bombardeos, lejos de abrir una vía de democratización, abren la puerta a una nueva guerra en Oriente Medio, con consecuencias imprevisibles para la región y para el conjunto del planeta.
A ello se suma la hipocresía nuclear que impregna todo este conflicto. Resulta especialmente grave que se utilice el argumento del supuesto desarrollo nuclear iraní para justificar la agresión. “Es un hecho conocido que Irán no posee armas atómicas y que no tiene capacidad para fabricarlas en el corto plazo”, recuerda el comunicado de la APDHA. La ruptura del acuerdo de control nuclear fue responsabilidad directa de la administración Trump, no de Teherán. Mientras tanto, Israel sí posee un arsenal nuclear no declarado, y Estados Unidos mantiene miles de cabezas nucleares, siendo además el único país que las ha utilizado contra población civil en un crimen contra la humanidad. ¿Cómo puede hablarse de “amenaza iraní” sin mencionar este doble rasero profundamente inmoral?
El papel de Israel en esta ofensiva tampoco puede desligarse de su política regional. Un Estado que ha cometido un genocidio contra el pueblo palestino y que continúa bombardeando impunemente países como Líbano, Siria o Yemen actúa con la convicción de que nunca rendirá cuentas. Su participación decisiva en el ataque a Irán es un paso más en una estrategia basada en la fuerza, la impunidad y la destrucción sistemática de cualquier actor que desafíe su proyecto sionista del gran Israel. Por eso es imprescindible —como reclama la APDHA— redoblar el boicot a Israel y exigir un embargo total y efectivo de armas.
Pero quizá lo más desolador de todo sea la posición de la Unión Europea. Una Unión que se presenta como defensora de los derechos humanos, pero que “no ha hecho nada ante el genocidio palestino y ahora respalda, de forma directa o indirecta, una nueva agresión militar”. Una Unión que exige a Irán lo que no exige a Israel. Una Unión que se alinea sin matices con los intereses de Estados Unidos, renunciando a cualquier atisbo de autonomía política o moral. Esta actitud de sumisión e hipocresía no solo debilita su credibilidad internacional: la destruye.
Conviene subrayar algo que a menudo se diluye entre los titulares y las narrativas interesadas: nuestra solidaridad debe dirigirse al pueblo iraní, no a su régimen. Un pueblo que lleva “47 años de represión, violencia política y persecución de las libertades fundamentales” y que ha demostrado una y otra vez su deseo de vivir en libertad. Separar a la sociedad iraní de quienes la gobiernan no es un matiz retórico, sino una obligación ética. Y esa distinción no puede, bajo ningún concepto, limitar ni suavizar nuestra condena de esta intervención militar injustificable. Al contrario: es precisamente porque el pueblo iraní ha sufrido tanto bajo su propio gobierno que resulta aún más intolerable que ahora sea castigado por una agresión exterior que solo multiplicará su dolor.
Defender la paz y el derecho internacional es, también, defender el derecho de los pueblos a liberarse por sí mismos, sin misiles que hablen en su nombre. La solidaridad con las mujeres iraníes, con los jóvenes que se juegan la vida en las calles, con quienes reclaman dignidad y libertad, exige rechazar tanto la represión interna como la violencia impuesta desde fuera. No hay contradicción en denunciar simultáneamente la tiranía del régimen iraní y la brutalidad de esta ofensiva militar; al contrario, ambas denuncias forman parte de una misma defensa de la vida, la justicia y la soberanía popular.