Sólo para mejorar, o no merece la pena. Menos digno es aprovecharse de haber impuesto unas normas excepcionales por una situación excepcional, para mantenerlas cuando de la excepcionalidad se vuelve a la normalidad. Que ya no es normal, porque hasta desde el principio lo anunciaron sin rubor: esta es “la nueva normalidad”. Nueva puede, pero ¿normalidad? ¿Se puede considerar “normal” tener cuarenta o cincuenta personas en la calle, bajo la lluvia, al frío o al sol? ¿Quieren cambiar posibles y remotos contagios de covid por pulmonías o insolaciones? Pues ni unos ni otros se curan por teléfono; claro que aquí la “nueva” normalidad es la vieja, pues para recetar pastillas y jarabes en vez de atacar a la causa de la enfermedad, da igual la presencia o el teléfono. Y para luego quejarse del “enorme gasto en recetas” de la Seguridad Social, que también cabría dilucidar qué tiene de segura y sobre todo de “social”.
Pero es que la “novedad” no se detiene en la S.S., abarca a todos los ámbitos de la Administración. Por ejemplo, con citas telefónicas desde teléfonos a los que nadie contesta, o desde web que no funcionan o equivocan al usuario. Se ve que están hechas a la ligera. O bien que los aprendices de los expertos las habrían hecho mejor. Que haya una pandemia no justifica que los programas no se puedan hacer bien, sí que sólo deben encargarse a verdaderos profesionales, porque no es de recibo exigir conocimiento profundo de informática para, por ejemplo, hacerse el Certificado digital que ya, antes de haber perfeccionado el procedimiento, se exige para toda relación con la Administración a entidades de todo tipo (asociaciones, fundaciones, partidos, empresas…), obligando a todos a suplir con algún profesional las carencias provocadas por alguien que se llama profesional sin haber sido capaz de cubrirlas. Con todo, la carencia, más que de la falta de profesionalidad, que también, o de dejarse llevar por la prisa antes que por el rigor, es culpa de quien la ordena sin exigirse ese rigor a sí mismos.
No es recto, serio, ni siquiera honrado, establecer unos procedimientos que, según en qué momento, incluso a verdaderos profesionales les cuesta cumplir. En el mismo ejemplo, para pedir el certificado digital es necesario rogar, a veces suplicar un número de código a la máquina de la FNMT, que lo dará si al programa le coge de buenas. Pero que previamente habrá que “endiñarle” cuarenta euros, eso sí que no falla, y, lo mejor de todo, solicitarlo desde el mismo ordenador en que se ha recibido el certificado de la Comunidad Autónoma. Pero ¿qué pasa si no son compatibles? “—Pues entonces, cambie de ordenador”- Y si no tengo otro ¿tendré que comprarlo? Vaya gasto más tonto, porque si se cambia de ordenador ya no será el mismo en el que se ha tramitado el certificado de la Comunidad…
Menos gracia tiene la “graciosa” cita previa. Que nos vemos obligados a pedir dos veces, la primera a distancia y la segunda algunos minutos antes de la hora convenida (convenida por la Administración, porque el usuario no la puede elegir), para a partir de ahí empezar a contar minutos y minutos hasta ser recibido. ¿De verdad, de verdad no se pueden hacer las cosas menos enrevesadas y molestas para el contribuyente? ¿Se puede considerar “normal” no atender los teléfonos a los que se debe pedir la cita? Que el objetivo de la “nueva (a)normalidad” es reducir personal, salta a la vista. Pero sería bueno no exagerar. El médico no puede curar por teléfono; si para atender las llamadas de cita previa se precisa más personal será problema de la Administración que no debe cargarse al contribuyente. Y si los programas no responden debe ser por deficiencia propia, no del usuario. O por sobrecarga, lo que significa que el/los organismo/s correspondiente/s están trabajando con una potencia inferior a la que necesitan.
Si se pudiera recuperar tanto gasto superfluo y, peor aún, de los que se están viendo y se seguirán viendo en los Juzgados, a lo mejor habría suficiente para atender como es debido. Que es un deber.
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