Hay decisiones políticas que retratan una carrera entera. El pacto sellado entre la ministra andaluza María Jesús Montero y Oriol Junqueras, líder de ERC, inhabilitado por la condena del procés y amnistiado por el gobierno de coalición, no es solo un acuerdo presupuestario o fiscal: es una enmienda a la totalidad a la palabra dada, una claudicación ideológica y una traición política a Andalucía firmada con tinta ministerial desde Moncloa.
Porque no hablamos de una ministra cualquiera. Hablamos de la representante Sanchista en Andalucía y dirigente que durante años castigó a Andalucía siendo Consejera y que hoy, siendo Ministra, practica, sin rubor, la política del privilegio. Ayer negaba lo que hoy ejecuta. Ayer advertía de los riesgos de romper la caja común. Hoy la dinamita para pagar favores parlamentarios.
Montero sabe perfectamente lo que hace. Sabe que Andalucía es una de las comunidades peor financiadas del régimen común. Sabe que cada concesión singular a Cataluña se traduce en menos recursos para los servicios públicos andaluces. Sabe que no hay dinero infinito y que alguien siempre acaba pagando la factura.
Y, aun así, firma.
Lo hace no por convicción, sino por sumisión política al número uno. No para mejorar el sistema, sino para sostener un Gobierno cautivo del independentismo. No pensando en Andalucía, sino en la aritmética del Congreso. Cuando hubo que elegir entre su tierra y su sillón, la elección fue inmediata.
Resulta difícil encontrar un ejemplo más claro de doble discurso. La misma Montero que como dirigente andaluza denunciaba desigualdades, hoy negocia en despachos cerrados un trato de favor que consagra esas mismas desigualdades. La misma que hablaba de solidaridad interterritorial, hoy acepta un modelo en el que quien más aprieta, más se lleva.
Es la política del “donde dije digo, digo Junqueras”.
La política del “prometer igualdad en Andalucía y firmar privilegios en Moncloa”.
No estamos ante una reforma del sistema de financiación. Estamos ante un trueque político: poder a cambio de dinero, estabilidad parlamentaria a cambio de romper la igualdad entre españoles. Y Andalucía, una vez más, queda al otro lado del mostrador.
Este pacto no beneficia al conjunto de las comunidades autónomas. No corrige desequilibrios, no fortalece la cohesión territorial, no mejora la financiación de quienes más lo necesitan. Lo único que hace es debilitar la caja común y dejar a comunidades como Andalucía con menos margen, menos recursos y menos futuro.
Llamarlo “singularidad” es propaganda.
Llamarlo “solidaridad” es un insulto.
Lo que es, sin rodeos, es un pacto de saqueo. Un acuerdo que permite a unos gestionar con ventajas mientras otros cargan con las consecuencias. Un modelo en el que Andalucía vuelve a ser la pagadora.
Si María Jesús Montero aspira a presidir la Junta de Andalucía, debería explicarles a los andaluces por qué hace exactamente lo contrario de lo que predica. Debería decirles por qué su primer gran acto político como candidata es perjudicar directamente a la comunidad que pretende gobernar.
No se puede pedir el voto en Andalucía mientras se firma su castigo en Moncloa.
No se puede hablar de justicia territorial mientras se consagran privilegios.
No se puede representar a una tierra a la que se le da la espalda.
El pacto Montero–Junqueras no es una anécdota ni un mal menor. Es una decisión consciente, ideológica y profundamente injusta. Una decisión que rompe la igualdad, premia el chantaje y condena a Andalucía a seguir perdiendo.
María Jesús Montero se ha convertido en la ministra que sacrifica a los andaluces a cambio de mantener a Sánchez en el Gobierno a cualquier precio. Y eso, por mucho que se disfrace, no se olvida ni se perdona.
Los andaluces tienen que ser conscientes del castigo constante del Sanchismo a nuestra tierra.