Escolares en un centro de Jerez. FOTO: MANU GARCÍA.
Escolares en un centro de Jerez. FOTO: MANU GARCÍA.

Los discursos políticos actuales buscan las palabras adecuadas para encontrar apoyos entre la ciudadanía –electorado- a partir de un conjunto de conceptos “amables” para la población. La política hoy lanza a los medios de comunicación titulares, argumentos, propuestas siempre desde una visión “constructiva”, y para ello hay que localizar términos ante los cuales resulta muy complicado estar en contra.

En política educativa sucede igual. Las diferentes ideologías y/o partidos lanzan propuestas basadas en términos que no pueden despertar rechazo. Uno de los conceptos más utilizados es la libertad de enseñanza.

En estos momentos, sabemos que vivimos una situación de cambio político en Andalucía, y el futuro gobierno ya nos muestra los ejes sobre los que van a girar sus actuaciones, también en el ámbito educativo. Ya se han conocido cuáles son esas propuestas. Muchas de ellas muy llamativas y nada “inocentes”. Analizarlas todas requeriría un buen número de artículos. Pero detengámonos en una de ellas: la eliminación de las zonas educativas. Esta cuestión, ilusoriamente procedimental o técnica, se ampara en la defensa del concepto de la libertad de enseñanza y, más concretamente, de la libertad de elección de centro escolar de las familias. Consideran que esos límites cercenan el ejercicio libre de escoger colegio. Y ahí encontramos la trampa. ¿Quién puede estar en contra de esa libertad? ¿Quién se manifiesta en contra de que las familias andaluzas puedan elegir colegio para sus hijos/as? Es más… ¿Qué “tiene de malo” ese término?

Recordemos que las zonas educativas son las divisiones del territorio de un término municipal, generalmente, ayuntamientos medianos y grandes. Las familias que viven o trabajan en una zona tienen preferencia -se les otorga mayor puntuación- a la hora de competir, por obtener una plaza en un centro educativo -ya sea público o privado subvencionado- inserto en esos límites. Este procedimiento se lleva a cabo bajo la consideración de que hay que ajustar la demanda de plazas a la oferta, y evitar la existencia de centros con muchos puestos libres, junto a otros saturados, dos calles más allá. Igualmente, se considera que la enseñanza sostenida por fondos públicos es igual en cualquier centro y, por tanto, da igual elegir uno u otro, en lo que a su “calidad” y “tipo de enseñanza” se refiere.

Los partidos neoliberales o de derecha, se manifiestan en contra de las zonas. Y así aparece en el documento firmado por PP y VOX. Lo que no sostiene ese texto es que el concepto de libertad, en el amplio sentido de la palabra, debe ser llevado a la práctica acompañado por el de igualdad. Es decir, la libertad –de enseñanza, en este caso- está condicionada por la situación socioeconómica de las familias a la hora de ejercerla. ¿Si eliminamos las zonas, todas las familias andaluzas seríamos más libres a la hora de elegir centro? La respuesta es negativa, porque las familias elegimos desde un contexto de partida desigual: las familias donde ingresan mensualmente, por ejemplo, 10.000 euros, son mucho más libres a la hora de elegir un colegio para sus hijos/as que aquellas otras donde solo se ingresan –en precario y a duras penas- no más de 600 euros. Es decir, en el sistema económico hoy existente, las medidas encaminadas a dotar de “más libertad” benefician a aquellas rentas más altas, porque al poseer una cuenta más abultada, disponen de más opciones, de más oportunidades. La consecuencia más inmediata se puede intuir fácilmente: el incremento de las desigualdades.

Pero aún hay más. Se supone que cuando una familia elige, debe hacerlo con información fiable en la mano. ¿Cuál es la información de la que se dispone hoy para elegir un centro educativo? Generalmente ésta se basa en una rumorología interesada que se extiende a modo de “mentiras” educativas, no inocentemente. Gracias a esos “datos”, se cree que un centro es mejor que otro, aunque el “bueno” esté radicado en el otro extremo de la ciudad. Vivimos inmersos en tiempos donde del “relato del fracaso educativo” -que no escolar- campa a sus anchas, espoleado por falsas crónicas, por malas noticias magnificadas, o por medias verdades interesadas. En ese contexto, los centros que sean valorados como “excelentes” tendrán tanta demanda que al final no serán las familias las que elijan el centro, sino al contrario, serán los colegios los que elijan a sus “candidatos”. ¿Entonces, dónde queda la libertad de elección?

En definitiva, estamos tratando de una medida favorecedora de los centros privados subvencionados (concertados), puesto que al desaparecer las zonas, amplían su “potencial clientela” a todas las familias del municipio y no sólo a las que viven o trabajan en las calles aledañas. Estamos ante una actuación que promueven los colegios que buscan beneficio económico y un modelo ideológico determinado. Los que se lucran con el ejercicio de un derecho fundamental como es la educación. Estamos ante una actuación que favorece a aquellas familias que económicamente pueden permitirse pagar una elevada cuota mensual consentida por la administración educativa, por estudiar en un colegio en principio “público”; o de aquellas que pueden costear el desplazamiento de sus hijos/as a varios kilómetros diariamente, desde su domicilio.

Y, por el contrario, estamos ante la posibilidad de que algunos centros puedan convertirse en “guetos”, abandonados, por el hecho de que a los interesados en extender esos “rumores” no lo consideren un “buen colegio”.

Ojo, por tanto, a este tipo de medidas aparentemente inocentes. La educación, como labor política, está cargada de intencionalidades que desenmascaran las ideologías de los gobiernos de turno. Veremos lo que sucede en los próximos meses. Estemos atentos.

Manuel Hijano del Río es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.

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