"(...) En un Estado de derecho, la justicia debe ser igual para todos. Que haya cargos públicos que crean que pueden tener un trato más favorable en un tribunal que en otro, por su posición, es algo que debe preocuparnos. España es una anomalía en el contexto europeo. El alcance de los aforamientos en nuestro país no tiene equivalencia en ninguna democracia europea. Están aforados diputados/as, senadores/as, miembros electos de gobiernos autonómicos... y esto genera tribunales especiales para políticos, donde además hay presiones e injerencias partidistas en los nombramientos de los altos magistrados (...)". Joaquín Bosch Grau, magistrado y jurista español (23 de mayo de 2025).
En un artículo publicado el pasado mes de mayo afirmé que unos primeros pasos prioritarios e indispensables para que la corrupción política fuese desapareciendo —cuestión no ya difícil, sino, al parecer, "imposible"— consistirían en el establecimiento de listas electorales abiertas; en la reforma de la ley electoral vigente; en la implantación de un tiempo limitado de mandato para cargos electos; en perimetrar el número de aforamientos al mínimo, así como acotar con mayor rigor la "impunidad" y la "inviolabilidad" relacionada sobre todo con la Casa Real, y que de forma sorprendente fueron recogidas en la Constitución de 1978. A fecha de hoy, 47 años después, siguen presentes en nuestra legislación.
Se trata, en definitiva, de que las necesarias garantías - indiscutibles en un sistema democrático - que permiten los aforamientos no acaben derivando en privilegios porque cuando se llega a esa situación, se está a las puertas del comienzo del fin de una democracia avanzada.
El tema de Miguel Ángel Gallardo, líder extremeño, presidente de la Diputación de Badajoz y en la actualidad miembro de la Asamblea de Extremadura —por el PSOE— ha reactivado el debate, al adquirir su acta de diputado y con ella, su aforamiento. En este caso un aforamiento "repentino" que fue considerado fraude de ley por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Noticia que recogía entre sus páginas el diario El País del pasado 30 de Junio. Este ha sido el último caso conocido con objeto de asegurarse, al parecer, su condición de aforado.
Ha habido, otras situaciones en que pasaron de sus parlamentos autonómicos, u otros cargos electos determinados, a ser aforados en el Parlamento Nacional, para así, sentirse, en principio, "resguardados" por decirlo de alguna manera.
Es obvio que los beneficiarios de los aforamientos lo ven como una ventaja "judicial" (tribunales determinados) mediante vía política previa (suplicatorio) sobre el resto de los ciudadanos. Otro ejemplo, aunque diferente, es el caso de José Luis Ábalos, aforado como diputado y que hace casi un año, fue expulsado de su grupo parlamentario. Eso sí, manteniendo su aforamiento al seguir al día de hoy como diputado en el grupo mixto.
Está fuera de duda que el aforamiento, lejos de sus fines iniciales, ha terminado siendo, en muchos casos, un privilegio incompatible con el principio de igualdad recogido en la Constitución. Con la condición de aforado se requiere el "suplicatorio" previo a la cámara respectiva por parte del Tribunal Supremo. Las personas aforadas tienen derecho a ser juzgadas por un tribunal diferente al que investigaría al resto de los ciudadanos ante un posible hecho constitutivo de delito. Pasan directamente a las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia o bien al Tribunal Supremo. La Constitución de 1978 otorgaba en sus inicios un aforamiento limitado al Presidente, ministros, diputados y senadores nacionales. Con el paso de los años su número fue en ascenso.
El aforamiento más novedoso es el que afecta a la Familia Real, regulado tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014. No olvidemos que el origen de los aforamientos va ligado al avance del parlamentarismo moderno y a la protección de la representación colectiva que ostentaban los diputados contra el autoritarismo monárquico.
España tiene en la actualidad un número de aforados, en el ámbito al que me estoy refiriendo en este artículo, que ronda los 2.000. Sin embargo, países de nuestro entorno comunitario, como Italia, Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido tienen en total alrededor de una treintena de aforados.
En un artículo mío titulado 17.621 y publicado el 19 de abril de 2015, escribí:
"Aforado es una persona que por su dignidad, rango o profesión goza de algún fuero o privilegio en materia de jurisdicción". Para ellos, la justicia funciona con guantes de seda o al menos de distinta forma que para el resto de los mortales. Se afirma que los aforados son cargos de responsabilidad a los que "hay que proteger de las presiones a las que puede verse sometido un tribunal ordinario". Ahí queda eso.
La realidad es que el aforamiento transmite a la sociedad una irritante percepción de privilegio. Nuestro país y su Marca España hace gala, una vez más, de su peculiar estilo y funcionamiento interno en comparación con el resto de países democráticos de su entorno a los que, por otra parte, tan unidos nos sentimos "monetariamente" hablando.
Cuando nuestros gobernantes firman decretos y toman medidas en su quehacer cotidiano, tratan de hacernos creer que dichas medidas son necesarias y que nos sitúan, por fin, en el promedio europeo, añadiendo la consabida muletilla final... "entorno del que formamos parte". Pues parece que no es así en cantidad de cuestiones y aspectos, y que eso del "entorno" depende, en ocasiones, de "otras variantes no geográficas precisamente".
Como siempre, somos distintos. "Spain is different", como diría, en un eslogan turístico, Manuel Fraga Iribarne siendo ministro de Información y Turismo en los gobiernos del dictador Franco a finales de los años 60, y convertido muy pocos años después en uno de los llamados Padres de la Constitución de 1978.
Nuestras coordenadas siguen siendo otras a pesar del ya largo recorrido de nuestra democracia. En este caso, como en otros, no les conviene la comparación ni el acercamiento a Europa. Más bien ocultan los datos, no dándoles la suficiente "publicidad mediática" para así hacernos creer que esto de los aforados es un igualitario, saludable y democrático hábito europeo. Conocer el número de aforamientos en otros países nos serviría para ver en qué lugar nos encontramos en este aspecto. Es importante porque solamente a partir de ese punto se puede establecer la comparación y la crítica posterior respectiva.
Tener la firme voluntad de acabar con la corrupción, implica ante todo tomar una serie de medidas legislativas que nos pongan en esa dirección. Medidas concretas que lograrían de inmediato grandes resultados. Delimitar drásticamente el número de aforados sería una de ellas como ya he señalado con anterioridad.
Continuar hablando, por ejemplo, de crear una Agencia anticorrupción, o una Comisión contra la corrupción, o.... es simplemente no afrontar el tema desde sus raíces.
Deberían explicarnos las razones por las que nuestro país, a diferencia del resto de la UE, tenga tan escandaloso número de aforados".
A mi juicio no hay razones que lo justifiquen salvo una posible: mantener un privilegio que, junto a otros, nos ofrezca una radiografía de nuestra "peculiar" democracia, anclada en "legalidades" de otros momentos muy anteriores y que a pesar de haber quedado anquilosadas, sobreviven con gran peso hasta nuestro presente.
Esta realidad, a modo de cordón umbilical, no nos ha facilitado avanzar lo necesario si lo miramos con la perspectiva que nos ofrecen las cinco décadas transcurridas.
Es, por tanto, indispensable, construir una estructura legal a nivel estatal que no permita tan fácilmente, con la laxitud imperante, la corrupción que nos ha acompañado desde los inicios de este período democrático, para así atajarla con el andamiaje necesario, con la rapidez y eficacia requerida y con la ejemplarizante contundencia a nivel político y punitivo.
La impunidad parlamentaria y los aforamientos no deben ser, en ningún caso, sinónimos de privilegios y de desgaste del sistema democrático que nos lleve directamente a la desafección del mismo.
Mientras que permanezcan listas electorales cerradas, aforamientos, la ley electoral vigente, la no limitación de tiempo de mandato de cargos electos, la opacidad en la adjudicación de obras públicas y, al parecer, el escaso control a lo largo de su recorrido, así como la "impunidad" y la "inviolabilidad", términos recogidos en la Constitución, no habrá número suficiente de Agencias o Comisiones anticorrupción creadas, que lleguen a solucionar eficazmente el grave asunto de la corrupción, que socialmente empieza a sentirse como un problema sistémico o próximo a ello.
Y en caldos con estos ingredientes, y con los preocupantes vientos que soplan podemos imaginarnos la dirección que va señalando la veleta.