Angus Galdrán, miembro de la plataforma Derecho a decidir
Desde que el gobierno aprobó el anteproyecto de ley de reforma del aborto, han sido muchos los artículos de opinión que se han publicado en distintos medios de comunicación contra esta propuesta que ha provocado un rotundo rechazo social. Las encuestas publicadas por Metroscopia el pasado mes de junio arrojan los siguientes datos: El 60% de los encuestados manifiestan que se debe mantener la actual ley de plazos, así como el 71% de los menores de 35 años, incluso un tercio de votantes del PP y el 36% de católicos practicantes. A raíz de estos datos surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué el ministro Gallardón quiere cambiar la ley si no hay una demanda social?, ¿por qué modificar una ley que funciona y garantiza seguridad jurídica y sanitaria para las mujeres y para los profesionales que hacen las intervenciones?, ¿por qué sustituirla por una ley contra las mujeres, injusta y retrógrada que les impide el derecho a decidir? ¿Por qué trata de imponer una ley que no convence a casi nadie?
Con la reforma del aborto se vuelve a abrir un debate innecesario, porque la norma actual es acorde con la realidad social, y la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y fuera de él, no quieren que la ley actual se derogue. Prueba de ello son las multitudinarias manifestaciones en contra de la reforma, las denuncias de 2.000 especialistas en ginecología, psiquiatría, y enfermería que advierten que de entrar en vigor esta ley dañaría la salud de las mujeres. Organismos internacionales como el comité de derechos humanos de la ONU ha manifestado que las restricciones al aborto legal y seguro pueden constituir un trato desigual e inhumano. Amnistía Internacional pide mediante una carta dirigida a la vicepresidenta del gobierno la retirada de la ley por ser regresiva y con serios impactos para la salud y la vida de las mujeres. Ni siquiera en el propio seno del PP hay unanimidad en este sentido.
Una de las razones que esgrime el gobierno para modificar la ley es que se debe a un compromiso electoral, razón a todas luces hipócrita teniendo en cuenta que el gobierno de Rajoy ha incumplido muchas promesas electorales en materia laboral y económica y utiliza un derecho de las mujeres como moneda de cambio para contentar a su electorado más conservador reformando la ley del aborto. Otras razones que argumenta son que quiere proteger la vida del no nacido y los derechos de la mujer embarazada y disminuir el número de abortos endureciendo la ley, ejemplos más de hipocresía cuando está comprobado que las leyes más restrictivas no frenan los abortos, si no que abocan a las mujeres a la clandestinidad y discriminan entre mujeres ricas y pobres, es más, la ley actual del 2010 ha disminuido el número de abortos.
¿A qué obedece realmente la reforma Gallardón?
La reforma obedece a motivos ideológicos fundamentalmente. Responde a presiones de sectores ultraconservadores de la sociedad con la jerarquía católica a la cabeza. Sectores que constituyen los pilares del sistema patriarcal y para perpetuarlo, niegan a las mujeres su derecho a decidir sobre sus cuerpos, sus vidas y sobre su maternidad. Temen que las mujeres sean autónomas y decidan en libertad, porque pueden poner en peligro sus privilegios, por eso utilizan todos los medios a su alcance para que el aborto no sea legal y seguro, promoviendo agresivas campañas que estigmatizan y condenan socialmente a las mujeres que se ven en la necesidad de abortar.
No es nada nuevo que utilicen la maternidad y el control de los cuerpos de las mujeres para discriminarlas y someterlas, es por lo que pedimos la retirada de la ley Gallardón, que no se niegue el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, que puedan hacerlo según sus creencias y circunstancias personales, sin la injerencia de la Iglesia en un Estado aconfesional como es el nuestro.
Queremos que el aborto legal, seguro y gratuito sea un derecho y no un delito y como tal que respete la decisión de quienes quieren seguir adelante con un embarazo y también de quienes quieren interrumpirlo voluntariamente, es decir, que no obligue ni en un sentido ni en otro. Las mujeres no vamos a aceptar que decidan por nosotras ni médicos, ni jueces, ni obispos.
Demandamos una educación sexual de calidad y acceso a los medios anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. Que no nos impongan una maternidad forzosa, porque ser madre es una responsabilidad, con grandes implicaciones en la vida de las mujeres y porque los hijos e hijas que nazcan sean deseados y fruto de una decisión consciente y responsable.
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