A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Argentina no sólo conmemora una fecha trágica: vuelve a discutir el sentido mismo de su democracia. La última dictadura cívico-militar dejó un saldo de desapariciones forzadas, centros clandestinos de detención, apropiación de bebés, tortura, censura y una maquinaria de terror que marcó de forma irreversible la historia del país. Medio siglo después, esa memoria sigue viva en las calles, en los juicios, en los organismos de derechos humanos y en las familias que todavía buscan respuestas.
La fuerza de esa memoria se vio una vez más el 24 de marzo de 2026, cuando decenas de miles de personas marcharon en Buenos Aires y en otras ciudades argentinas para reclamar “memoria, verdad y justicia” y exigir que los responsables digan dónde están los desaparecidos. La movilización tuvo un peso particular: coincidió con el 50° aniversario del golpe y con un contexto político en el que el gobierno de Javier Milei ha sido criticado por relativizar el terrorismo de Estado y por desarticular políticas públicas de memoria y reparación.
En ese escenario, Amnistía Internacional ha vuelto a colocar el foco donde más importa: no en una memoria ritual o vacía, sino en la necesidad de proteger activamente los consensos democráticos construidos tras la dictadura. La organización sostuvo en 2025 que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia sigue vigente y, en marzo de 2026, difundió una encuesta según la cual el 75% de los y las jóvenes rechaza un eventual indulto a militares condenados por delitos de la dictadura. El dato desarma una idea repetida con frecuencia por los sectores revisionistas: la de que las nuevas generaciones estarían desinteresadas en este pasado. Ocurre más bien lo contrario.
De hecho, el propio estudio de Amnistía muestra que ese compromiso juvenil es más profundo de lo que a veces se supone. El 82% de las personas jóvenes considera importante que el Estado conmemore el 24 de marzo como parte de su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia; además, el 92% dice estar muy, algo o poco interesado en saber más sobre lo ocurrido durante la dictadura. En un tiempo marcado por discursos de odio, simplificaciones y desinformación, estos datos sugieren que existe una demanda social real por conocer, recordar y comprender, no por clausurar la discusión.
Por eso, lo que hoy está en disputa en Argentina no es sólo el modo de narrar el pasado, sino el lugar que ocupan los derechos humanos en el presente. Cuando desde el poder se intenta reinstalar una “memoria completa” que equipara la violencia estatal sistemática con otras violencias políticas, se borra una distinción fundamental: el terrorismo de Estado fue un aparato organizado desde las instituciones, con recursos públicos, cadenas de mando, impunidad garantizada y un plan represivo clandestino. No se trató de excesos aislados, sino de una política. Y esa es precisamente la verdad que organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo llevan décadas defendiendo frente al silencio y la negación.
La persistencia de Abuelas demuestra, además, que la dictadura no es una cuestión cerrada. En julio de 2025, la organización anunció la restitución del nieto 140, apropiado durante la última dictadura, y reiteró que todavía hay hombres y mujeres que viven sin conocer su verdadera identidad. Durante la marcha del 24 de marzo de 2026, Estela de Carlotto insistió en que las consecuencias de aquel régimen siguen presentes en los casi 300 hombres y mujeres robados de bebés que aún no han logrado restituir su identidad. En Argentina, la memoria no es sólo un deber moral: también es una búsqueda concreta, inacabada y profundamente humana.
Deterioro de derechos en Argentina
Desde esa perspectiva, la advertencia de Amnistía Internacional va más allá de la efeméride. En su balance sobre 2025, la organización denunció un deterioro de derechos en Argentina, con más represión de la protesta, más control estatal y recortes que afectan a los sectores más vulnerables. En ese mismo clima, distintas voces han alertado sobre el debilitamiento de políticas e instituciones ligadas a la memoria, la verdad y la justicia. El riesgo no consiste únicamente en revisar el pasado, sino en vaciar las herramientas públicas que permitieron investigar crímenes, acompañar víctimas y sostener procesos de reparación.
Argentina supo convertirse en una referencia internacional precisamente porque mostró que la democracia no se consolida sobre el olvido. El Juicio a las Juntas de 1985 abrió un camino inédito y, según la cobertura reciente de El País, ese proceso judicial ha derivado en más de 1.200 condenas a represores por crímenes de lesa humanidad y sigue abierto. Ese recorrido no fue automático ni lineal: fue el resultado de la presión de la sociedad civil, del trabajo de sobrevivientes y familiares, y de una convicción colectiva de que no puede haber futuro democrático si el Estado no responde por sus propias violencias.
A 50 años del golpe, la gran lección argentina sigue intacta. La memoria no es una carga del pasado ni un gesto ceremonial que se activa una vez al año. Es una defensa del presente. Es el límite que una sociedad se impone a sí misma para que el terror no vuelva a ser administrado desde el Estado ni relativizado desde el poder. Por eso, cuando Amnistía insiste en memoria, verdad y justicia, no está repitiendo una consigna gastada: está recordando que una democracia se mide también por su capacidad de proteger la verdad frente al negacionismo y de sostener la dignidad de las víctimas frente a cualquier intento de borrarlas otra vez.
Columna de Benedetta Amenta, activista de Amnistía Internacional.