Por aquellos días de 1980 alguien dijo que se había perdido un referéndum pero se ganaba un pueblo. Y es que nuestra singular transición no debe entenderse sin las movilizaciones del 4D y la rabia de aquel 28F prorrogada a través del empuje cívico que fuerza la solución final en Cortes. 40 años no son nada, parece airear el tango y, en breve, nos disponemos a cumplir el aniversario de dicha efemérides; no precisamente de nuestra autonomía como apunta erróneamente el lema oficial de la Junta trifachita. ¡Cuánto interés por monopolizar algo tanto tiempo trivializado…!
Todo comenzaba bajo un clima de prolongación del consenso constitucional: el Pacto Autonómico. Gracias a él, municipios y diputaciones de Andalucía otorgaron en tiempo record su visto bueno a un procedimiento del art. 151; el cual, en su segundo requerimiento, obligaba a una consulta de exigencias muy específicas. A falta de ley que regulase dicha participación, se iniciaba durante la navidad de 1979 la tramitación urgente de una Ley Reguladora de las Modalidades del Referéndum, la cual aprueba —sin flexibilidad alguna y con el apoyo de UCD, PSOE y CD— las rigurosas condiciones constitucionales: el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. En realidad, ocho plebiscitos. A ojos de la Historia quedará el hecho de que bipartidismo de entonces (UCD y PSOE) pusiese más énfasis en obligar al Gobierno a aceptar la fecha acordada por la Junta, que en realizar un estrecho seguimiento al debate vital desarrollado en Cortes y que tanto condicionaría de manera inmediata. Quizás no fue casualidad ese desvío de atención. Como tampoco fue casual que tanto comunistas como andalucistas rechazasen la aprobación de la norma.
Las dificultades gubernamentales para condicionar la consulta, recrudecieron el enfrentamiento entre Junta y partidos andaluces con UCD. Con una tóxica campaña, los porcentajes no se superan en Almería; aún mientras respaldaron el 55,7% de los andaluces censados en el total de provincias. Tras la victoria política que este hito representa, y no jurídica, se bloquea del procedimiento 151. Por los malentendidos que aún existan, recordemos que no se votaba la autonomía sino una fase constitucional para alcanzar un autogobierno con el mayor contenido competencial: ser nacionalidad histórica.
A partir de aquella parálisis estatutaria y por la presión, tanto de la sociedad civil como de los grupos políticos andaluces frente a la pírrica victoria de UCD, se presentan en el Congreso alrededor de una veintena de iniciativas parlamentarias suscritas por PCE, PSA y PSOE. La solución final que retoma el camino por el art. 151 llegará de la mano de un acuerdo conjunto de todos los partidos andaluces. Un pacto entre UCD-PSOE-PSA y PCE, firmado y presentado a Cortes el 23 de octubre de 1980, por el que se declara sustituido el 28F en Almería por motivos de interés nacional (art. 144) a fin de incorporarla a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución.
Andalucía recuperaría a pulso aquello que la historia le niega un 18 de julio. Por eso, entre la sumisión vergonzante y el enfrentamiento institucional más improductivo, debe brotar como necesaria la conciencia de una sociedad civil en favor de esa Andalucía Libre que decía Blas Infante. Hoy más que nunca cabe afirmar que, para esta tierra, todos los días deben ser 28F. Nos corresponde aquí y ahora decidir si somos meros apéndices sucursalistas de una tierra convertida en la más España de las Españas o bien, tener voz propia en el inevitable debate que se avecina.
Dicho esto, es bueno recordar una vez más lo sucedido. Muchos andaluces no lo vivieron y otros lo rechazan, aun sin el más mínimo reparo por cobrar de un Parlamento andaluz al que no reconocen como representante de un pueblo que tampoco dicen que exista. En todo caso, aquellos que quieran hacer de nuestro autogobierno un laboratorio de experiencias neofascistas en el Estado nos tendrán enfrente. De igual forma, haríamos un flaco favor a dichas conquistas históricas, a la propia memoria de Caparrós; si nos convertimos en simples palmeros del gobierno de coalición. Que el andalucismo es hoy un espacio vivo y repleto de oportunidades ya se ha dado cuenta Bonilla antes que una parte sensible de la izquierda tradicional por muy revolucionaria que se califique. No podemos dejar en manos del PP ese travestismo político heredado de un susanismo españolista que ahora se desdibuja. Por encima de pujas internas el debate, más allá de lo orgánico, es estructural y transcendente: la izquierda no puede dar la espalda al andalucismo, como el andalucismo no puede onbiar las posiciones de izquierda.
El espacio arbonaido está huérfano y hay que ocuparlo en favor de un andalucismo de izquierda para que profundice aquí un 15M cuasi caído ya del calendario. No tiene sentido un proyecto que se diga progresista o revolucionario que no se distancie del pepero. De no ser así, el segundo abducirá el primero al ser más reivindicativo y menos palmero de una tierra que no está —precisamente— para muchos bailes. La visualización de Andalucía ni es estética, ni táctica, ni administrativa, ni una simple delegación territorial… sólo nos vale que sea política porque las soluciones que se demandan no son reformistas sino vitales por cuanto las cosas del comer. Mi aplauso a un gobierno de coalición pero este pueblo exige menos agendas, pocas comparsas y muchas más realidades. Menos aún creo que Andalucía deba crecer con el agravio y mucho con la solidaridad para con otros pueblos. A falta de buscar el momento oportuno sobran las razones: el andalucismo de izquierdas es integrar la conciencia de pueblo y clase en una tierra como la nuestra, que ya tiene edad suficiente como para que se vista de largo.
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