“Vivir de okupa es muy desagradable”. Lo dice Antonia, una de las primeras que hubo en Sanlúcar. Era 1996 y, tras una larga lucha, ella y un grupo de personas con escasos recursos, decidieron colarse en viviendas que durante el curso escolar habitaban profesores. “Los primeros días estuvimos fatal, no tuve apoyo de ningún vecino”, recuerda, más de 20 años después de aquella acción de rebeldía. Dice que no le quedaba otra. Sus ingresos no le alcanzaban para pagar un alquiler y, ni mucho menos, para suscribir una hipoteca. “Mi segundo hijo no salía a la calle, estaba deprimido”, señala, ya que por aquella época el pequeño apenas tenía ocho años. La vivienda okupada era un patio de vecinos antiguo —“se caía a pedazos”— y el hijo de Antonia, que padecía de asma, soportaba como podía el ambiente de un lugar que llevaba mucho tiempo sin ver —y tener— vida.
Pero de eso hace mucho tiempo. Cuatro años después, en 2000, Antonia consiguió que le otorgaran un alquiler social, y desde entonces viene abonando una cantidad acorde a sus modestos ingresos —unos 42 euros mensuales—. Eso mismo es por lo que luchan los miembros de las corralas de la dignidad que hay distribuidas por todo Sanlúcar. Al menos siete se contabilizan desde que, en 2014, dentro de un clima de pobreza extrema y necesidad habitacional de muchos vecinos sin trabajo y apenas retribución, se okuparan edificios enteros en una localidad que cuenta con una tasa de paro cercana al 40% y una renta media de poco más de 17.000 euros anuales, situándolo así como el segundo municipio de España con menor renta por unidad familiar. A estos datos hay que sumar que carece de empresa municipal de vivienda —se liquidó hace unos años— y que no hay oferta de vivienda pública desde 2009. Todo un cóctel que, agitado, da un resultado demoledor.
La lucha, como se relataba, de Antonia, es el fin que persiguen las más de 300 personas que viven en las corralas que tiene el municipio. Es difícil conocer el número exacto de okupas que hay en Sanlúcar, habida cuenta de las continuas entradas y salidas, y de las familias que no forman parte de las citadas corralas, que tienen organización interna propia. La sobrina de Antonia, Mari, dejó la de la calle Bolsa recientemente. Más de dos años y medio estuvo residiendo en ella hasta que un requerimiento del juzgado hizo que la abandonara. “Me fui antes de que me echaran”, relata. Ahora reside en una vivienda por la que paga 175 euros mensuales.
El Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, le ha concedido una ayuda para poder abonar la fianza y el primer mes de alquiler, pero se encuentra con un problema: “Lo usé para pagar el enganche de la luz y el agua, y ahora me reclaman 450 euros, ¿cómo lo pago si no tengo trabajo?”, se pregunta. “Lo poco que saco, de las campañas en el campo, es para comer”, añade. Muy de cuando en cuando la llaman para echar alguna peonada, pero esas veces son las menos. Ella dice que fue la que “descubrió” el bloque que tuvo que dejar hace unos meses, y que siguen okupando sus antiguos vecinos. “Me vi en la calle, fui a dar una vuelta, vi aquellas casas y ya vino todo el mundo detrás”, rememora. Tres largos años lleva formando parte de las listas del paro de forma continua, salvo honrosas excepciones, por lo que es tajante: “Si me echan de dónde estoy, me meto otra vez de okupa, mis hijos no se quedan en la calle”.
Sanlúcar tiene 900 demandantes de vivienda para los 800 inmuebles con los que cuenta la Junta en la localidad, la mayoría de ellos con inquilinos
Rosa, más conocida como Mini, es una okupa itinerante. Después de estar tres años viviendo en la corrala de la calle Higuereta, ahora lleva unos meses en la del Carril de los Ángeles, una de las más numerosas, ya que acoge a cerca de una veintena de familias, o lo que es lo mismo, a más de medio centenar de personas. “Donde estaba me robaron el móvil y me cortaron la luz”, cuenta Rosa, que estuvo, con su pareja y su hijo, sin agua durante ese periodo. “Íbamos a llenar garrafas al sótano del edificio de al lado”, dice. El paro también es parte inseparable de su vida. De vez en cuando lo esquiva, como el pasado verano, cuando estuvo como pinche de cocina, pero no es lo habitual. También fue llamada para trabajar como operaria municipal con cargo a un plan de empleo de la Junta. Un par de meses en los que ganó unos 700 euros que aliviaron temporalmente su paupérrima economía familiar. Ahora limpia una casa dos veces en semana.
En el Carril de los Ángeles dice que viven tranquilos, con vecinos que son “casi como de la familia”, pero vienen de una dura experiencia. Un mes estuvo residiendo con su novio antes de decidirse a habitar una de las viviendas de la corrala de Higuereta. Justo el mismo día que los desalojaron del piso donde estaban de alquiler, el movimiento okupa puso su punto de mira en este bloque, que estuvo varias jornadas custodiado por efectivos policiales. “Estuvimos tres días durmiendo en la calle”, señala Rosa, que recuerda así esos momentos: “Hacíamos guardia en la puerta por si venía el dueño. La Policía se fue a los tres días y nos dijo: meteos cuando nos demos la vuelta, respetadnos al menos”. Pero el mal ambiente y las continuas peleas que sufrían en el vecindario le hizo tomar la decisión de cambiar de aires.
“El drama es terrible”, señala Hugo Gómez, abogado de las corralas de la dignidad, quien incide en la juventud de las personas que okupan estas viviendas. “Son las dos últimas generaciones de España, si ellos son los que van a tener que producir y no tienen ni techo... te puedes imaginar la desprotección en la que viven”. Gómez es muy crítico con el papel que juega el Ayuntamiento de Sanlúcar en este asunto: “No tiene política de vivienda, es abismal el desprecio por el problema”. El letrado laboralista dice que el Consistorio está “desconectado de la población” y que “da cuotas de mendicidad a través de la asistenta social”. Los saturados servicios sociales de la localidad no dan abasto para atender a las cientos de familias sanluqueñas que no tienen los suficientes recursos para valerse por sí mismas.
El Ayuntamiento se defiende argumentando que existen partidas para ayudar a estas personas a buscar una vivienda —facilitándoles dos mensualidades— y que median con los bancos que cuentan con pisos vacíos para que los pongan a disposición de los vecinos que integran el registro municipal de demandantes. También existe una Oficina de Mediación de la Vivienda, que funciona desde 2015, integrada por una trabajadora social y una abogada, que median entre las administraciones, entidades bancarias y juzgados para buscar una solución habitacional a personas con pocos recursos; y recientemente se ha licitado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS), adjudicado por algo más de 34.000 euros —aunque se ha solicitado a la Consejería de Fomento y Vivienda que colabore con unos 12.000 euros—, que pretende determinar la cuantía que se requiere para satisfacer la demanda de vivienda en Sanlúcar desde ahora y hasta 2022. La Junta asegura que existen suficientes recursos para atender a estas familias y proporcionarles "una solución habitacional digna y el asesoramiento necesario para resolver su situación”, señala que Sanlúcar tiene más de 900 personas esperando habitar una de los cerca de 800 inmuebles con los que cuenta en la localidad.
"El Ayuntamiento no tiene política de vivienda, da cuotas de mendicidad a través de la asistenta social”, dice el abogado de las corralas
Mientras, la vida sigue para Virginia, una joven treintañera que, el pasado 2 de octubre, a punto estuvo de tener que abandonar la corrala de San Antón, sobre la que pesaba una orden de desalojo. En ella residen una decena de familias que se libraron del mal trago del desahucio porque el día marcado coincidió con la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía, lo que les dio una tregua por “la falta de efectivos” disponibles durante esa jornada. “Ahora hacemos turnos de tres horas por la noche”, cuenta Virginia, que tiene a su hijo pequeño residiendo con su madre, una de las inquilinas de la corrala del Carril de los Ángeles.
Antes vivieron juntas en un garaje, el de una tía suya, donde dormían en unos pocos metros cuadrados. “Todos los días matábamos 30 o 40 ratones”, recuerda la joven, que duró tres años en esa situación. Hasta que se cansó y decidió probar suerte. Cogió sus escasas pertenencias y a su hijo de nueve años y entró en el bloque de San Antón. “Los pisos no estaban terminados, no tienen toma de tierra, ni puertas, el garaje estaba anegado…”, relata. Pero era su mejor opción. La menos mala, al menos. Con los 150 euros que le abona mensualmente el padre de su hija y lo que gana bañando a una mujer mayor —“diez euritos me da cada vez que voy”— se las apaña para llenar su nevera y, cuando puede, la de su madre.
Dolores, que es como se llama su progenitora, llegó al Carril de los Ángeles con 62 años, con una mano delante y otra detrás. Sin techo bajo el que cobijarse, caminaba un día por el centro de la localidad cuando vio a unos jóvenes con colchones en la cabeza. “¿Muchachos, vais a okupar?”, les preguntó. Y acabó viviendo donde mismo que ellos. “No tenía nada, los vecinos me dieron un colchón y una manta”, dice Dolores, más conocida como Lola, quien a diferencia de su hija, estuvo seis años en el garaje de su hermana. “No estoy para dormir en la calle”, señala la sexagenaria, vecina de Rosa y Pilar.
Las dos primeras residen en el bajo, pero para acceder a la vivienda de Pilar hay que subir dos pisos de escaleras. Su casa es de las pocas del bloque que tiene dos habitaciones, y la única que, sobre el papel, tiene propietario. Con su marido y sus hijos okupa la última planta de la promoción, a la que llegó sin que lo supiera su pareja. “Él nunca quiso que acabáramos como okupas, pero estaba trabajando en Cazalla de la Sierra, y yo me veía en la calle con los niños, por lo que metí aquí”, recuerda. “No quería llegar a esta situación”, dice él, que prefiere no revelar su identidad. “Estuve casi diez días sin dormir”, agrega, porque es consciente de que “esto es ilegal”, aunque los escasos recursos económicos con los que cuentan no les permitían vivir de alquiler.
“Esto es un sinvivir”, señala el marido de Pilar, que es quien cuenta que, antes de acabar aquí, acumularon medio año de deudas con su anterior casero. Ella, en verano, trabaja en el sector de la hostelería, aunque cuando llega el crudo invierno rebaja sus jornadas laborales a los fines de semana. Su marido hace lo que le va surgiendo. “Pinto, voy a la viña, a la construcción…”, relata, pero clama por un conseguir un alquiler social que, sinceramente, ve bastante lejano en vista de la poca predisposición que, asegura, muestra el Ayuntamiento. “Ya ni voy a pedir nada, porque me da vergüenza”, añade.
La oficina para la defensa del derecho a la vivienda digna, según datos del propio Consistorio sanluqueño, ha tramitado más de 600 expedientes en dos años, aunque grupos municipales como IU o Por Sanlúcar Sí Se Puede, reclaman al gobierno socialista más agilidad y que medie con las entidades bancarias para evitar desahucios como el previsto para el próximo 20 de noviembre. Ese día, 17 familias que residen en viviendas propiedad del Banco Popular, pueden verse obligadas a desalojar las casas que habitan… ¿hasta cuándo?
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