Desde mediados de 2022 en la Junta de Andalucía se están produciendo ceses de interinos. De momento han sido a cuentagotas, pero se espera que próximamente la cifra de funcionarios interinos de la administración general que se vean sin trabajo supere los 1.000. La cifra, de por sí, ya es impactante, pero detrás de un número más o menos redondo hay personas. Cada una de ellas con su vida y su historia. Tampoco recibirán indemnización.
Hace dos semanas, el consejero de Función Pública, José Antonio Nieto, compareció en el Parlamento para explicar la situación. Frente a él hubo varios de los afectados en la tribuna de invitados. La intervención de Nieto no contentó a ninguno de los presentes. Más bien aumentó la indignación. Algunos trabajadores llevan hasta 30 años en fraude de ley. Ninguno acepta la afirmación de la Junta sobre la ilegalidad de readmitirlos en la administración.
"Falta voluntad", aseguran. El consejero quiso dejar claro que lo estaba pasando mal con esta situación y que leía cada uno de los casos personales. Además, propuso a Juan Espadas ir a Madrid de forma conjunta para pedir al Gobierno que permitiese la estabilización de los afectados.
La clave está en Ley 20/2021, normativa estatal para la reducción de la temporalidad en el empleo público, a instancias a su vez de una directiva de la Unión Europea. Una norma que las comunidades tenían que desarrollar y que la Junta lo ha hecho por la vía de estabilizar plazas y no personas. Antes de la ley, la Junta puso en marcha procesos de estabilización. Tres procesos que unieron en uno solo como concurso oposición. Los examinados, sin embargo, denuncian la dificultad del examen. Sólo el 4% pudo estabilizarse.
"La ley nos arropa y da la posibilidad de parar los procesos que estaban sin finalizar"
Aunque hay afectados de todo tipo, existe un perfil mayoritario: mujeres mayores de 50 años. Tres de ellas, con varias oposiciones aprobadas para el desempleño del puesto, hablan para lavozdelsur.es de todo lo vivido durante estos días.
M.V tiene 51 años y lleva 32 años trabajando en la Junta de Andalucía como auxiliar administrativa en la consejería de Presidencia. "La ley nos arropa y da la posibilidad de parar los procesos que estaban sin finalizar", asegura. Algunas administraciones como ayuntamientos y diputaciones pararon sus respectivos procesos. No así la Junta, al menos en lo que respecta a la administración general, "¿por qué ese agravio comparativo?", cuestionan.
M.P lleva en la administración como interina desde 1988 y desde 1990 en el mismo puesto. Lógicamente también tiene una familia y una vida hecha que ahora se sumerge en la incertidumbre. "La crueldad de todo esto es que después de todos los años que llevamos de interinos, tenemos la opción de estabilizarnos con una ley por fin y al final se está beneficiando todo el mundo menos los interinos de la administración general; no ha habido voluntad de hacerlo".
El principal argumento del consejero durante el debate fue que lo que pedía la oposición era ilegal. Sin embargo, los afectados responden que si es ilegal es porque no ha habido movimientos previos para poder acogerse a la ley 20/2021. "En su día no era ilegal y la consecuencia de no hacer nada es que ahora nos tiene que cesar. Ha sido un proceso para eliminarnos", manifiestan estas afectadas. La norma contemplaba la posibilidad de haber realizado un concurso de méritos para estabilizar a todos los que se han visto perjudicados. Las condiciones actuales reduce el número en un alto porcentaje.
"Ha sido un proceso para eliminarnos"
Nieto ha anunciado la creación de una bolsa preferente, pero los interinos señalan que tiene tantas limitaciones que sólo va a poder entrar un número reducido. "Lo único que pedimos es que aumenten las plazas de concurso de méritos de tal forma que todos los cesados puedan optar a ese concurso de mérito. No entraremos el 100%, pero por lo menos sería una estabilización real, no el paripé que hicieron en el 2021", afirma M.P.
C.A. está a punto de cumplir los 50 años y fue cesada en diciembre de 2022 después de casi 18 años en la Junta de Andalucía. Su cuerpo era el de pedagogía, aunque la han cesado por el cuerpo de ciencias sociales del trabajo. Vivía y trabajaba en Aracena. Era la responsable del SAE de Aracena, aunque también cubría la zona de Cortegana. Era la única tutora para las víctimas de violencia de género.
La situación ha dividido, literalmente, a su familia. Su marido sigue viviendo y trabajando en Aracena, ella ha tenido que volver junto a sus hijos a Sevilla con sus padres. "Ha dividido la familia y te quedas desubicada totalmente". Tras décadas en la administración, este hecho supone un cambio sustancial en la vida de los afectados.
"Si no tenemos niños, tenemos padres mayores. Es una edad complicada porque te encuentras con personas mayores que pueden estar pronto a tu cargo y con hijos adolescentes o que están preparando su incorporación laboral y tienes que está apoyando", comenta. Otros compañeros viven solos o son familias monoparentales y dependen únicamente de sus sueldos.
"Llevas un ritmo de vida con lo que tienes y de repente te cambia todo"
"Llevas un ritmo de vida con lo que tienes y de repente te cambia todo, no sólo económicamente. Es triste la forma de echarnos y económicamente a algunos los hunde", apostilla M.P. El principal problema es la dificultad para acceder ahora al mercado laboral, "¿a dónde vamos?", se preguntan. "No nos admiten en ningún sitio. Estamos en un laberinto".
Por ello piden un aumento de plazas en el concurso de mérito. Las tres dejan claro que en ningún caso quieren perjudicar a otros opositores que, recalcan, también tiene derecho a entrar en la administración. Hay otras opciones como entrar como laborales o en plazas a extinguir, sin opción a promocionar.
La única cesada por el momento de esta terna cuenta como lo vivió. "No es agradable. Además ahora con la prestación no tienes acceso a muchas cosas. Lo vivo como una humillación. Es como si te dejan desnuda allí en medio", explica. Los llantos siguen siendo habitual entre los perjudicados por la decisión de la Junta. Muchos de ellos se emocionan al entrar en el SAE.
El pleno de este mes de marzo no ha sido la única vez que los interinos se han enfrentado a la consejería de Función Pública. En la legislatura pasada, con Elías Bendodo al frente, también hubo reuniones. Unos encuentros que califican como "humillantes" por la actitud de los altos cargos del departamento.
"Nos acusan muchas veces de que hemos sido unos flojos, que somos enchufados, que no hemos estudiado ni nos hemos formado. Eso no es cierto"
"Nos acusan muchas veces de que hemos sido unos flojos, que somos enchufados, que no hemos estudiado ni nos hemos formado. Eso no es cierto", sentencia M.V. sobre los tópicos que habitualmente se vierten sobre los funcionarios.
En sus puestos dejan años de formación y familiaridad con las labores realizadas. A alguno de los cesados sus antiguos jefes ya le han pedido consejo para saber cómo se realizan determinados trámites. A una de las entrevistadas por lavozdelsur.es, por ejemplo, le han pedido que deje todo bien ordenado y con resúmenes para aquel que llegue al puesto.
De momento los primeros recursos en la Justicia andaluza han sido desestimados, pero los afectados van a llegar hasta el final. Primero será el Supremo y, posteriormente, la Justicia Europea. Estas interinas están convencidas de que les acabarán dando la razón. Un hecho que supondría la reincorporación con sus correspondientes indemnizaciones.
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