La migración es, a menudo, simples números. En España, mucha procede del Estrecho o de Canarias. Pero la realidad es mucho más compleja, porque hay más vías y más fórmulas para llegar y quedars legalmente. Dentro de la migración, el derecho internacional pone por delante un mecanismo, la solicitud de asilo y refugio. Cuando una persona llega a la frontera, puede dar a conocer su caso para explicar a las autoridades que ha salido de su país porque su vida corre peligro, por motivos políticos, de raza o de religión.
Es el derecho de los perseguidos. En España, según el informe CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), presentado esta semana, hay actualmente 123 millones de personas en busca de refugio en el mundo. De ellos, 8,4 millones son solicitantes de asilo y 42,7 millones son personas, de facto, refugiadas. 73,5 millones se han desplazado internamente en sus países, abandonando sus hogares pero sin salir de sus fronteras.
Desde que comenzara la guerra en Siria, un país en frontera con Turquía, la presión se fue multiplicando. Hace una década de aquello y el conflicto no ha cesado. Hay multitud de refugiados ucranianos, con los que las sociedades occidentales y sus gobiernos han empatizado mucho más que con cualquier otro país.
España es diferente, eso sí, al resto de países del entorno. Porque es país de solicitud de asilo para aquellos que proceden de países latinoamericanos. Más de un tercio de las solicitudes de asilo en España proceden de venezolanos. 66.000 en 2024, de un total entre todas las nacionalidades de 167.000 personas. La mitad de solicitudes fueron tramitadas y respondidas a lo largo del año. Y el 98% de venezolanos recibió informe favorable. Le sigue Colombia, un país donde la violencia sigue siendo un problema. Pero solo el 3,3% confirman esta situación que les dota de derechos en España. Mali, país en guerra y de donde eran, por ejemplo, muchos solicitantes de asilo que llegaron a Alcalá de Guadaíra meses atrás, está también en el top de países en España. Pero el hecho de que Venezuela tenga una tasa de casi el 100% significa que para el resto de países apenas se aprueban solo algunas.
Tania, abogada amenazada en Nicaragua
Andalucía es la segunda comunidad con más solicitantes de asilo, 25.538, situándose Málaga como la tercera provincia a nivel nacional, a la que siguen Sevilla y Almería. El derecho sobre migración, asilo y refugio se encuentra bajo amenaza desde que en 2024 la UE pactó una normativa nueva, y que poco a poco se irá incorporando a las legislaciones internas de los países. Un enfoque que externaliza fronteras, es decir, lleva a terceros países los procedimientos. Es lo que pasa, por ejemplo, con Turquía o Marruecos.
En esa situación de tierra de nadie está Tania Hernández. Está a la espera. Su historia es diferente a la de esas mayorías comentadas. Porque es de un país pequeño, Nicaragua, cuya situación política es paralela a la de Venezuela. Daniel Ortega llegó al poder en la ola de movimientos de izquierdas en la primera década de este milenio. Desde entonces, ha renovado mandatos enfrentando una fuerte oposición, acusado de saltarse la constitución y el derecho interno para perpetuarse. En 2018 enfrentó fuertes protestas en las calles. Ha detenido a opositores, impedido que se presenten, mientras rompía con los países del entorno. Hoy es copresidente junto a su esposa, Rosario Murillo.
Hernández es una abogada de 30 años cuya vida cambió radicalmente. ¿Su delito?: protestar por la situación en su país. Llegó a España el 6 de febrero de 2022. "Mi vida corría peligro". No era una alta dirigente opositora. Era una manifestante más desde 2018, cuando el país vivió un estallido por la ley de seguridad social. Los mayores, los jubilados, fueron los primeros, pero escaló debido al descontento instalado en el país. La represión costó unas 400 vidas. "Hubo muchos muertos, muchas personas heridas y detenidos".
Hace siete años, Hernández era apenas una jurista recién salida de la universidad. Y hace tres años que no ha podido ejercer porque no le han convalidado la carrera en Europa. La propia universidad de su país no se lo va a poner fácil, y mucho menos el Gobierno. Ese mismo poder al que se enfrentó y que mandaba muchos días a policías a buscarla.
"Allí solo me queda mi padre"
Para ella, un momento crucial fue presenciar el asesinato de "un niño, que no llegaba a cumplir los 15 años, por un disparo en la garganta de la Policía". Gracias al apoyo de CEAR, a una psicóloga, hoy puede hablar de ese momento traumático. Las técnicas de represión que sufría eran angustiosas. Por ejemplo, que fueran a su casa diciendo que querían hablar con ella para "devolverme un dinero" que nadie le debía en realidad. Cualquier cosa para que en esos momentos en los que la Policía o paramilitares buscaban a opositores, alguien diera con ella.
En su país solo tiene a su padre y no puede comunicarse con él libremente. No quiere condicionarle, porque "se supone que los teléfonos están ahora intervenidos". Vive en Sevilla, adonde llegó tras una ruta por Costa Rica y Madrid. Fue de suerte, porque cuando se embarcó primeramente para cruzar la frontera, el agente dio luz verde, mientras que otros compañeros de protestas apenas una semana más tarde no pudieron hacer. Se planteó marcharse a países del entorno, como la citada Costa Rica, pero incluso allí ya no se iba a sentir segura, ya que "ha habido atentados" en territorio extranjero entre los mandados por el Gobierno de Ortega.
En Sevilla, está "comenzando de nuevo". Formándose, pendiente de su solicitud de asilo, pendiente para poder presentarse por ejemplo a unas oposiciones de auxilio judicial, dentro del esquema de los juzgados españoles pero con funciones que no requieren titulación en Derecho. Aunque cayera el régimen, tres años después ve su futuro en España. "Si yo llegara a ubicarme aquí en un puesto de trabajo en el cual vea que puedo seguir adelante, no me vería ya allá en Nicaragua".
Bakary, cruzando un continente con 20 años
La historia de Bakary Ouedrago es la de cientos de miles. Huye de una guerra en su país, Mali, que está absolutamente devastado por los intereses geopolíticos y la presencia de terroristas. El Norte lleva mucho tiempo asediado y, finalmente, controlado por fuerzas contrarias al Gobierno. En 2024, el conflicto se agravó y cientos de cayucos cruzaban hacia Canarias. Cuando Túnez alcanzó un acuerdo con la UE para reducir la presión migratoria del Sur de Italia, la ruta que se impuso fue la española a través de Mauritania y el Sáhara.
Llegó a España en enero de 2024. Año y medio después, habla un impresionante castellano, que ha comenzado a dominar. Pasó por el hotel de Alcalá de Guadaíra habilitado hace unos meses. De Canarias, primero fue trasladado a Mérida, y de allí a Sevilla. Actualmente, está en un pueblo cerca de la capital saliendo adelante.
En su caso, a diferencia de otros compatriotas, sus papeles ya están en regla y puede trabajar. "En mi país no había seguridad", rememora. Un conflicto que es de poder y religioso. "Están matando a la gente. Por eso, yo creo en Dios, pero no en la religión. La religión no es para mí".
Su experiencia en España no es la de los problemas de integración de los que hablan muchos ultras. "Aquí, como en mi país, hay gente buena y gente mala". Y no ha sufrido, dice, episodios de racismo. A pesar de aquella polémica que se generó en Alcalá de Guadaíra. "Estoy feliz". Y quiere ser chef. "El mejor cocinero". Con la Fundación Cruzcampo, y con la coordinación de CEAR, ha comenzado a formarse y ya piensa en un futuro lejos de las armas. España es su refugio.