Sofía y la historia de su liberación como esclava sexual en Cádiz: "Me sentía como si estuviera muerta"

"Me siento como si de la oscuridad hubiera pasado a la luz, como si hubiera nacido de nuevo”, cuenta Sofía, que lleva unas pocas semanas fuera de la red de trata con fines de explotación sexual que la captó, y que la obligó a prostituirse durante años, en contra de su voluntad. 

Es joven, procedente de un país sudamericano y, realmente, no se llama Sofía. Pero ha dado su testimonio con estas condiciones, que no se dé ningún dato real sobre su identidad, edad, ni procedencia. 

Porque es una superviviente, como se llama a las mujeres que salen de estas redes, que ahora tiene una vida nueva. Y quiere seguir reconstruyéndola sin miedo a recibir amenazas, ni a ser estigmatizada cuando esté preparada para dar el salto al mercado laboral. 

"Me sentía como si no tuviera vida propia, como si estuviera muerta", dice sin rodeos. “No solamente te hace daño físicamente. Te cambia la perspectiva. Con el tiempo, tu cuerpo y tu mente se acostumbran a estar en eso”, apunta Sofía, que no pronuncia palabras como prostitución o explotación sexual durante la conversación con lavozdelsur.es. 

“Es algo muy desagradable tener que estar en contacto físico con otras personas, con el tiempo se nota que te está dañando mentalmente y yo lo he notado, que me estaba cambiando la perspectiva”, describe Sofía.

Barreras que impiden salir del sistema

Cuando se le pregunta cuál fue la barrera más difícil de superar para dar el paso y salir del sistema que la aprisionaba, Sofía explica que hay varias. La primera, es la económica. En las redes de explotación los ingresos son inmediatos, y muchas mujeres tienen familias que dependen de ese dinero.

La segunda barrera son las amenazas: "Te dicen que si no sigues, le van a contar a tu madre lo que estás haciendo. Que tienen a tus hijos rastreados. Que si los denuncias, se van a hacer una herida ellos mismos y van a decir que tú se la hiciste…”, rememora. 

En su caso, su familia no estaba en España, lo que redujo la capacidad de coacción de sus explotadores. Pero es consciente de que no todas tienen esa suerte. “Hay otras muchas que no pueden salir”, lamenta. 

Ella, una vez fuera, optó por contárselo a su familia. "Están destrozados”, dice. “Y no sé si volverme, porque obviamente ellos quieren ahora mismo abrazarme, estar cerca de mí, pero también tengo que pensar en mi futuro y ver qué es lo que tiene Dios decidido para mí”, agrega.

"La mayoría quiere salir, pero no puede" 

“Aunque hayas salido, todo eso te persigue. En la mente, en los pensamientos”, señala, y agrega que “la mayoría de mujeres quiere salir, pero no puede por las amenazas y por el miedo. Yo les diría que tomen esa decisión, porque no solo se están haciendo daño físicamente, sino también mentalmente”.

Ella está acogida a un programa integral que puede extenderse hasta un año, un periodo durante el que la ayudarán en esa reconstrucción vital a la que aspira. Se le proporciona documentación, un empadronamiento, tarjeta sanitaria… y la esperanza en un futuro mejor.

Antes, tendrá que regularizar su situación administrativa, para acceder a esa formación y poder integrarse en el mercado laboral. La ayudan desde el centro de acogida en el que vive, en un punto indeterminado de la provincia de Cádiz, gestionado por la asociación Aperfosa (Asociación Peniel de Rehabilitación y Formación Social). Pero sí tiene clara una cosa: en cuanto pueda, quiere estudiar Magisterio Infantil, su gran vocación.

La casa de acogida de Aperfosa

“La amplia mayoría de mujeres que atendemos son migrantes”, precisa Josefina Benítez, coordinadora de Aperfosa en Cádiz, donde tiene una casa de acogida en la que está alojada Sofía. Estas mujeres, que luego son explotadas sexualmente en España, proceden principalmente de Colombia, Venezuela, Paraguay y Brasil.

“Muchas llegan engañadas con ofertas de trabajo en peluquerías o en el servicio doméstico. Otras saben a qué vienen pero no comprenden del todo en qué consiste, ni lo que les espera. Y algunas ya venían del sistema prostitucional de sus países de origen”, relata Benítez, quien alerta también de la captación a través de plataformas digitales que "normalizan" la sexualización del cuerpo de la mujer.

Josefina Benítez habla con la precisión de quien lleva años poniendo nombre a lo que otros prefieren no ver. Esta abogada, ligada a Aperfosa desde hace décadas, conoce bien cómo funcionan las redes de trata con fines de explotación sexual.

Una campaña para sacar a mujeres de la prostitución 

Josefina Benítez explica en qué consiste la campaña nacional impulsada por Aperfosa, que lleva esta realidad a los autobuses urbanos, las estaciones de Adif y los paneles publicitarios de ciudades andaluzas como Jerez, Sevilla, Marbella, Córdoba, Almería, Jaén, pero también Barcelona, Madrid, Tenerife y Extremadura. 

Tu historia nos importa. No estás sola, es el lema de la campaña, que tiene un mensaje clave: “No es libertad, no es trabajo, es explotación”. Con ella, se pretende llegar a mujeres que, como Sofía, están siendo explotadas sexualmente contra su voluntad. Un QR lleva a cualquier mujer que lo lea hasta los recursos de Aperfosa: asistencia jurídica, psicológica, sociolaboral y formativa.

La iniciativa tiene dos destinatarios simultáneos: la ciudadanía en general y las mujeres en situación de explotación. Para los primeros, busca visibilizar que la trata con fines de explotación sexual existe y que cualquiera puede detectar indicios —una chica desorientada en una estación, alguien que lleva demasiados días en el mismo sitio…— y actuar. Para las segundas, ofrece una señal: hay una salida y hay quien puede ayudarlas a salir.

Cuando una mujer contacta con Aperfosa a través del QR de la campaña, el protocolo comienza siempre igual: escuchándola, sin juzgarla, preguntándole qué necesita. Para ayudarla a dar el paso. 

Una vez rescatada, la mujer pasa a una de las casas de acogida que gestiona Aperfosa para víctimas de violencia de género y trata. Allí se resuelve lo más urgente —un techo, la documentación, la tarjeta sanitaria, el empadronamiento— y después comienza el proceso de reconstrucción: formación, búsqueda de empleo y acompañamiento psicológico. El programa puede extenderse hasta un año.

"Hoy día, si se quiere, se puede salir. Pero si no les das formación, trabajo y vivienda, si no les das la caña para pescar, ¿de qué sirve?”, se pregunta Benítez. 

La confianza es clave para salir de la trata

"El primer contacto es muy difícil, porque ellas no se suelen abrir demasiado, hay que establecer un lazo de confianza”, cuenta Miriam Hinestrosa, monitora y encargada de la casa de acogida de Aperfosa en la provincia de Cádiz. 

Además de la casa de acogida, trabajan en sensibilización en institutos y universidades, y mantienen Be Free, una marca de artesanía elaborada por las propias mujeres acogidas que sirve como fuente de autofinanciación, con detalles destinados a celebraciones, principalmente a bodas. 

El contacto inicial con mujeres se hace a menudo a través de páginas web con anuncios. Desde allí se les explica que son una asociación, se les ofrece material de higiene y se queda con ellas. Es una estrategia construida sobre la discreción.

Lo que sigue es escuchar, observar, estar presentes. Sin juicios. “Las veo como a mujeres que necesitan mi ayuda, igual que en cualquier otro momento yo podría necesitar la ayuda de otra profesional”, incide Hinestrosa. 

Esa forma de mirar —sin victimizar, sin condescendencia— es parte fundamental de su trabajo. Y es lo que, con el tiempo, puede abrir una conversación.

El 'muro' del NIE

Cuando una mujer da el paso, Alba Rodríguez la espera al otro lado. Esta trabajadora social las acompaña en el proceso desde la detección hasta la búsqueda de empleo, pasando por la tramitación de tarjetas sanitarias, la orientación sobre el sistema de salud o la derivación a psicología.

"Ellas vienen aquí y no conocen a nadie, no tienen ninguna red de apoyo", explica Rodríguez. "No saben ni cómo funciona el sistema de salud, ni si pueden confiar en la Policía, ni incluso a veces en las propias asociaciones”, aclara.

Uno de los obstáculos más frecuentes —y menos visibles— es el de la regularización. Sin Número de Identificación de Extranjero (NIE), una mujer no puede estudiar en España, aunque haya cursado una carrera universitaria en su país. Tampoco puede firmar un contrato de trabajo. "Ellas, aunque quieran salir y tener un empleo digno, no pueden", señala. 

Un obstáculo que esperan poder salvar de forma más ágil con la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de España. Pero también hay que tener en cuenta el contexto socioeconómico de la provincia. Los empleos más accesibles para estas mujeres —cuidado de personas mayores, ayuda a domicilio— suelen ser informales y mal remunerados. Salir del sistema es “chocarse contra un muro”, en palabras de la propia trabajadora social.

Para sortear algunas de esas barreras, la asociación mantiene convenios con entidades de otras provincias. En Valladolid, en la llamada España vaciada, hay necesidad de mano de obra y, a veces, posibilidad de inserción real. "Si hay algún puesto de trabajo al que las mujeres puedan acceder, se las deriva", explica Rodríguez. Las redes entre asociaciones, dice, son fundamentales cuando el territorio propio no ofrece una salida.

"Una mujer sin documentación es carne de cañón, va a trabajar en lo que le ofrezcan", apunta Benítez. "Si soy mujer, migrante, negra, pobre y tengo tres hijos a mi cargo, las opciones se multiplican...", dice. 

Una ley que 'duerme' en un cajón

La industria del sexo mueve millones de euros diarios en España. Detrás no solo hay proxenetas y mafias: hay propietarios de locales y clubes, proveedores de productos y servicios dentro de esos espacios, arrendadores de pisos y hoteles. 

Toda esa cadena económica genera lobbies con capacidad real de influencia política. Esa influencia, denuncia, es la que explica —entre otros motivos— que la Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos siga en un cajón, después de ser aprobada por el Consejo de Ministros en 2022. "Se han movido los lobbies. Y mientras tanto, nadie llama a las cosas por su nombre: esto es explotación, es violencia de género, va contra el cuerpo de la mujer y va contra los derechos humanos", reseña Benítez.

"España es la primera consumidora de prostitución de Europa, y la tercera del mundo, solo por detrás de Puerto Rico y Tailandia", recuerda la representante de Aperfosa, quien apunta que el sistema se nutre de mujeres provenientes de "países donde hay pobreza, problemas políticos y problemas económicos". "La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos que prohíbe comerciar con órganos —recuerda—, debería bastar para zanjar el debate".

Datos sobre las mujeres víctimas de explotación sexual 

El macroestudio Trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa, encargado por el Ministerio de Igualdad —rodeado de polémica por su método de elaboración— extrae que hay más de 114.000 mujeres en situación de prostitución en España. De ellas, 92.496 podrían estar en riesgo de trata. 

Sin embargo, el estudio completo matiza esa cifra: aplicando los criterios de la OSCE —tres o más factores de riesgo concurrentes—, el porcentaje de mujeres en riesgo real de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual se situaría entre el 8,5% y el 15,4%. Si se considera la presencia de un solo factor de riesgo, el porcentaje escala hasta el 80%.

Son datos muy cuestionados por posturas del sector proderechos, que cifran entre el 10 y el 30% las mujeres prostituidas que son víctimas de trata. Las abolicionistas la sitúan por encima del 80%, aunque este reciente macroestudio, la rebaje hasta el 24,2%.

Frente a esa radiografía estructural, los datos policiales de 2024 ofrecen la dimensión operativa del problema. Según el balance anual del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), adscrito al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2024 —último año completo del que se tienen cifras— a 1.794 víctimas de redes de trata y explotación —sexual o laboral—, entre ellas 32 menores.

El 98% eran mujeres y el 79% procedían de América Latina. Las inspecciones realizadas en lugares donde se ejerce la prostitución identificaron además a 7.697 personas en situación de riesgo, con un perfil predominante de mujer de entre 33 y 37 años y nacionalidad colombiana, española o rumana.