De Jaén a Cádiz dirección Granada
Lorenzo del Río (Jódar, 1956) ha renovado este año su tercer mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y será el último, porque le tocará jubilarse obligatoriamente cuando cumpla 72 años. Tiene hasta 2028 para rematar una larga carrera al frente del alto tribunal andaluz. Llegó en 2010 al cargo, con sede en Granada, y ha visto pasar causas de lo más trascendentes para la vida pública.
Comenzó su carrera judicial en Jerez ("mi primer destino judicial, cuando los juzgados estaban en la plaza del Arenal"), llegó a presidir la Audiencia Provincial de Cádiz... "Venir son muchos recuerdos muy agradables", dice. Este jiennense está absolutamente vinculado a una provincia a la que volvía este viernes para reconocer a Federico Fernández, decano de los abogados de Jerez, que también preside el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. "Es una persona que ha conseguido representar muy bien y dignamente a toda la abogacía".
Pregunta. El tema de moda es el lawfare y que desde la política se ponga en duda a la judicatura. ¿Existe el lawfare?
Respuesta. El otro día, en el acto que hacemos a nivel autonómico de apertura del año judicial, comenté la crisis institucional, la crisis de confianza en el Poder Judicial. Esa crisis proviene de que no estamos a la altura en cuanto a las manifestaciones públicas, a las críticas y a la separación de poderes. Los jueces no lo hacemos todo bien, y se pueden criticar las resoluciones, pero hay que hacerlo con moderación institucional, porque ir a una descalificación general de los jueces o del Poder Judicial, es algo que no se debe permitir y que lo que hace es lesionar mucho al Estado de Derecho. Es una regla de separación de poderes.
P. ¿Siente que es el momento donde la política más quiere meter la mano sobre su actuación? ¿Se sienten, digamos, presionados?
R. El juez tiene mecanismos de sobra para ser independiente, o sea, no debe haber problemas. Es cierto que a nivel de actuación política se observa, por así decirlo, cada vez mayor descalificación, más insistencia en no aceptar el curso normal de un procedimiento judicial. Creo que ahí sí que los políticos tienen que hacer un examen de autocontención, de que la Justicia tiene sus tiempos, tiene sus recursos. Lo estamos viendo en el propio juez Peinado, al que se le ha criticado mucho, pero de una forma que no era necesaria, porque ha habido un recurso y la Audiencia ha cambiado el curso, por así decirlo, del procedimiento. Hay mecanismos legales, sin necesidad de criticar a los jueces ni de decir que actúan por impulso de legalidad sino por otros motivos que no son correctos.
P. ¿Pero esos impulsos en la práctica pueden llegar a existir?
R. Los jueces, como cualquier otra persona, tienen sus criterios, su ideología, pero yo con carácter general pienso que actúan movidos por la aplicación correcta de la Ley.
"Los mensajes de los políticos deben ser racionales e institucionales"
P. En la calle, al igual que se habla mal de la política, también se empieza a hablar mal de la Justicia o se desconfía de ella.
R. Hay una crisis. La justicia es lenta, está colapsada y tiene una crisis de confianza ciudadana. Y en esa crisis de confianza ciudadana inciden muchas veces estas calificaciones muy generales y muy generalistas. Cuando tú estás descalificando permanentemente cualquier actuación judicial, entonces, sin querer, y más en un mundo tan polarizado, la sociedad se alinea. Y se dice que estos jueces "son de un grupo", "son del otro sector", y entonces piensas que no se actúa en base a la legalidad. Por eso los mensajes de los políticos deben ser racionales e institucionales.
P. Usted conoce bien la provincia de Cádiz, ha conocido Jerez, ha conocido la vida social de la provincia, ha sido profesor de la UCA. Y en el último año hay una ofensiva contra el narcotráfico que parece que empieza a dar algunos frutos. ¿Cómo ve desde el TSJA este asunto?
R. Creo que no se puede bajar la guardia. Se está, evidentemente, actuando. Y cada vez se intenta actuar de la mejor manera, policial y judicialmente, pero sigue habiendo problemas, sigue habiendo fallos, por así decirlo. A nivel legislativo, necesitaríamos mejorar la legislación en el tema de todas las drogas duras, de las drogas blandas, en el tema también del petaqueo. Y, por supuesto, policialmente, porque sí se observa que hay cada vez más actividad organizada y más con cierta violencia. Creo que el Estado de Derecho tiene que poner todos los medios posibles, a nivel policial, a nivel legislativo, a nivel judicial, para intentar estar a la altura.
P. En algunas localidades existe sensación de impunidad.
R. Impunidad no hay. Lo que pasa es que hay una cierta sensación de inseguridad, o porque en la propia sociedad hay un sector de la población, cada vez más joven, que sin querer se inclina hacia un modo de vida que le es más cómodo, que le da un dinero fácil. Entonces esa impunidad es simplemente un modo de ser de cierta parte de la sociedad que plantea unos problemas colaterales y adicionales muy delicados.
P. En la sociedad andaluza, hay una parte que observa las sentencias del Constitucional sobre el Caso ERE y considera que hay impunidad hacia los dirigentes. ¿Hay camino por recorrer en instancias europeas como se plantea desde Sevilla?
R. No lo sé, yo creo que ahora mismo hay que estar en unas resoluciones judiciales que ya se hicieron, donde no había impunidad porque hay condenas concretas. Se han revisado, se han cambiado algunos conceptos por parte del Tribunal Constitucional y por tanto se ha cambiado también la posible solución. Pero es cierto que se ha planteado un problema de ajuste o no al derecho de la Unión Europea y está planteada una tesis que en unos meses, a corto plazo, pues me imagino que nos dará la solución. Impunidad no tiene que haber.
Ahora, es cierto que hay una reflexión general, pero está relacionada con cualquier otro caso, que es que la Administración, y la propia sociedad, tienen que aumentar y mejorar los controles, por así decirlo, de prevención, para que no haya que judicializar tantos casos. O sea, el problema que estamos viendo muchas veces es que no hay unos sistemas de controles rigurosos en la Administración para evitar, por así decirlo, estas situaciones de un posible descontrol del dinero público, que luego se judicializa y luego tiene un resultado que más o menos puede gustar o no a la sociedad. Pero si desde el punto de vista de la Administración los controles fueran más rigurosos, yo creo que evitaríamos tantos temas que luego al final se están judicializando.
P. Esta semana pasada se han presentado varias denuncias por la crisis de los cribados en la Junta de Andalucía. ¿Ahí puede haber alguna responsabilidad?
R. Es muy pronto. No sabemos todavía qué se ha producido, qué extensión tiene y en qué forma se ha producido. Ahora mismo es muy precipitado dar una opinión.
P. Es conocido que una negligencia puntual de un profesional sanitario puede suponer responsabilidad civil o penal. Pero, ¿qué ocurre si lo que falla es una cuestión global de mala organización?
R. Es que entran en juego lo que puede ser, lo que hablamos, una imprudencia profesional, y luego está lo que es una responsabilidad patrimonial de la Administración. Por eso digo, son dos campos distintos y una vez que se estudie todo, habrá que ver si lo que hay es una responsabilidad por mal funcionamiento de la Administración sanitaria o algo más, por así decirlo, pero será cuando sepamos la dimensión y la forma en que se ha producido esto.
P. Es presidente del TSJA desde 2010. ¿Qué le queda pendiente en esa agenda?
R. Me gustaría intentar mejorar la lentitud y el colapso de la Justicia. Ahora mismo estamos en un momento muy delicado, estamos en una organización nueva judicial a partir del 31 de diciembre, los tribunales de instancia. Debemos conseguir que eso funcione bien, y que en Andalucía tengamos un sistema tecnológico potente, y que la eficacia de la Justicia sea un poco mejor en los ciudadanos. Para mí sería ese gran reto y a lo que me gustaría llegar.