La Guardia Civil es un cuerpo policial muy peculiar, un Estado dentro del Estado. Tiene su propia justicia, su propia sanidad y su propia gestión económica.
“Sabíais a dónde veníais, a un cuerpo donde nadie se va a hacer rico y en el que realizáis muchas horas de servicio”. El discurso oficial dejó entrever el mensaje: al que no le guste, ya sabe dónde está la puerta. Basta ya de quejas. Las palabras del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, pronunciadas el 15 de mayo en los actos del 171º aniversario del nacimiento de la Benemérita, retratan a la perfección la guerra interna que se ha desatado desde hace meses entre el binomio de poder que forman la dirección política del Cuerpo (representada por Fernández de Mesa, amigo personal de Rajoy) y el influyente generalato contra la principal asociación que hay en la institución (en la Guardia Civil no hay sindicatos), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (la AUGC), que defiende los derechos laborales de más de 31.000 agentes (el 38% de la plantilla).
La Guardia Civil es un cuerpo policial muy peculiar. En realidad, es un Estado dentro del Estado. Tiene su propia justicia, su propia sanidad, incluso su propia gestión económica. Sus 78.132 efectivos disponibles (datos de 30 de abril), el 6,6% de ellos mujeres, cubren el 85% del territorio nacional (hay 2.392 cuarteles) y se reparten en 25 especialidades.
La Guardia Civil controla y vigila las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las fronteras terrestres y marítimas, tiene un servicio de protección de la naturaleza, lucha contra el tráfico de obras de arte o de seres humanos, combate la delincuencia organizada y la económica, persigue a terroristas, tiene uno de los servicios de información más avanzados de Europa y es capaz, por ejemplo, de infiltrarse en Senegal y balizar el barco de un narcotraficante.
De carácter militar, su férreo régimen disciplinario convierte la Benemérita en una de las policías europeas con más tasa de suicidios y bajas psicológicas. No se permite la crítica y rige el ordeno y mando. Una estructura conservadora que ha sobrevivido a monarquías, repúblicas, dictaduras y transiciones democráticas. Que ha participado en golpes de Estado y en aparatos clandestinos de terrorismo de Estado. Y que también ha sabido convivir con todos los partidos políticos que han llegado al poder. Una estructura tan cerrada y opaca que apenas ha sido horadada por los Gobiernos de turno.
“En la Guardia Civil mandan los generales”. Es el axioma del Cuerpo. Una estructura impenetrable. Tanto, que desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han llegado condenas al Gobierno español por no adaptar la jornada laboral de los guardias civiles a la normativa europea (en lo relativo a horas extra y tiempos de descanso) y por no aplicar la normativa de riesgos laborales (de momento solo se han evaluado los riesgos laborales en el 9% de los puestos de trabajo). El Tribunal Constitucional tendrá que dirimir ahora sobre el derecho de lactancia materna dentro del Cuerpo, tras la denuncia de una agente destinada en Huesca, un caso que ha supuesto la apertura de un expediente a la Secretaría de la Mujer de la AUGC.
“Todo esto no sale en la prensa. Solo se vende que según el CIS la Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas por los españoles, pero eso es solo la fachada, hay que estar dentro del edificio. Los guardias son baratos, eficaces y obedientes, pero somos ciudadanos de segunda. Podemos ser los más valorados, pero somos los que menos derechos tenemos”, señala un miembro de una asociación que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias.
La sociedad evoluciona, la Guardia Civil no, concluye esta fuente. La gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión del director general de expedientar a todos los vocales de la AUGC que decidieron no comparecer en la reunión del Consejo de la Guardia Civil celebrada en marzo, un órgano que reúne a la dirección de la Benemérita con los representantes de los guardias y que sirve, según los más críticos, para conocer la opinión de las asociaciones y, una vez conocida, plasmarla en un acta oficial que luego servirá de papel higiénico en los inodoros de la planta noble que utilizan los generales.
Los vocales de la AUGC protestaban porque hoy, en la Guardia Civil, se siguen castigando las infracciones administrativas de los agentes con una temporada a la sombra en un penal militar. Uno de los últimos casos ha sido el de Sergio, un guardia que en enero de este año ingresó en Alcalá Meco para cumplir cuatro meses de internamiento porque en 2006 discutió con su sargento. La riña acabó con un “maricón, no tienes huevos, lo que me tengas que decir me lo dices a la cara”. Nueve años de recursos y peticiones de indulto no concedidas llevaron a Sergio a prisión, acompañado hasta la puerta de la cárcel por su mujer y su hija de dos años, en un acto que varios de sus compañeros convirtieron en un gesto reivindicativo.
En la Guardia Civil se aplica el Código Penal Militar, erróneamente en la mayoría de las veces según la AUGC, ya que la Ley Orgánica 11/2007 especifica que un agente debe ser juzgado por este código cuando está realizando funciones militares o está adscrito a alguna unidad militar, supuestos que no se dan en la mayoría de los casos.
La AUGC es la asociación que más se ha significado en la defensa de los derechos laborales de los guardias. Es la mayoritaria en el cuerpo. Fernández de Mesa, apodado El Cuco, tiene especial inquina por los representantes de esta asociación. Les ha abierto más de 60 expedientes en lo que llevamos de legislatura. Juan Antonio Delgado, 18 años en la AUGC, ha sido hasta hace unas semanas el portavoz de la asociación. Diez expedientes sancionadores avalan su trabajo. Actualmente tiene dos en curso (uno de ellos por no acudir al Consejo de marzo) y espera un tercero por acudir, pero levantarse e irse en mitad de la reunión, en otro consejo celebrado en julio. En 2007 le cayeron seis meses de suspensión de empleo y sueldo por encabezar, en enero de aquel año, la primera manifestación de guardias civiles vestidos de uniforme.
Delgado tuvo otro expediente grave en octubre de 2003, cuando una patera naufragó en aguas de Rota (Cádiz) y dejó 37 inmigrantes muertos. El guardia gaditano declaró públicamente que los protocolos habían fallado y que la catástrofe se pudo haber evitado con otros medios. La Guardia Civil tenía sus dos embarcaciones estropeadas y los dos únicos agentes del retén del Servicio Marítimo de Cádiz habían recibido ese día la orden de patrullar en tierra, más concretamente en la sierra. Su expediente fue archivado después de que la investigación oficial revelara que Delgado no mintió.
En Cádiz, los expedientes caen como churros. El secretario general de la AUGC en la provincia, José Encinas García, acaba de ser condenado a diez días de empleo y sueldo por hablar públicamente de las prebendas de los generales, a los que el Cuerpo paga hasta “el detergente de sus lavadoras”. Y recientemente el Supremo ha tenido que avalar a un cabo destinado en Cádiz que había sido suspendido con seis meses de empleo y sueldo y la pérdida de destino por presidir una ONG antidroga en Chipiona. El Alto Tribunal dejó sin efecto la sanción y ordenó que le sea borrada de su hoja de servicios.
En una estrategia de venganza sin precedentes, la Guardia Civil hizo público hace unos días que abría una información reservada (una investigación) al agente Delgado después de conocer que se integrará en la lista de Pablo Iglesias para las generales. Un guardia ‘podemita’ es demasiado para los generales. La Benemérita quiere saber si Delgado ha participado en la elaboración del programa electoral de Podemos en materia de seguridad ciudadana, lo que iría en contra del deber de neutralidad e imparcialidad que la ley impone a los guardias civiles. Lo extraño de esta decisión es que nunca se hace pública la apertura de una investigación (en este caso sí, con nota de prensa incluida), y que otros agentes que han dado el paso a la política no han merecido una atención tan especial por parte de la dirección del Cuerpo. La revista Interviú, por ejemplo, publicó que en los últimos comicios municipales de mayo de 2015 un coronel se presentó en la candidatura de Ahora Almería. No pasó nada.
La Guardia Civil no es solo una institución jerarquizada, muy disciplinada y férrea, poco amiga de los cambios; también es un Cuerpo muy clasista. Distingue entre oficiales de “sangre azul” y oficiales “pies negros”. Los primeros, llamados ESO, son los únicos que pueden llegar a ser generales ya que se forman en academias del Ejército. Los segundos, los EO, proceden de la escala básica, solo pasan por academias de la Benemérita y, como mucho, podrán llegar a teniente coronel. Unos y otros se miran con desdén, y todos ellos miran por encima del hombro a suboficiales y agentes rasos. Hay 3.200 mandos y 6.500 suboficiales.
La lucha de clases llega a veces a los tribunales. La Unión de Oficiales (UO), la asociación que más oficiales aglutina (tiene 1.200 afiliados), denunció el ‘apartheid normativo’ que supuso la creación de un centro universitario en la Academia de Oficiales de Aranjuez. El Gobierno lo aprobó por un real decreto asegurando que sería un centro de formación para todos los oficiales, sin exclusión. La presión de los generales consiguió en cambio que sólo accedan al centro los oficiales ESO, los ‘sangre azul’, dejando fuera a los oficiales EO, los ‘pies negros’.
“Lo que en un principio iba a ser un centro de formación para todos los oficiales e incluso donde los suboficiales pudiesen realizar cursos para futuros ascensos, se ha convertido en un chiringuito de uso exclusivo para la Escala Superior”, señalan desde la UO, que llevó el tema al Tribunal Supremo. Este archivó la denuncia, pero a partir de 2017, cuando las dos escalas de oficiales se fusionen, el centro se abrirá también para los ‘pies negros’.
Desde 1994 la Ley de Personal del Cuerpo equipara a los oficiales ESO como licenciados y a los oficiales EO como diplomados, a pesar de que un capitán, ya sea de academia del Ejército (ESO) o de promoción interna (EO), tiene las mismas funciones y el mismo sueldo. La situación cambia con el Plan Bolonia, que ha obligado a modificar la Ley de Personal de la Guardia Civil y que ha provocado nuevas polémicas. En 2017 todos los oficiales serán iguales, no habrá distinciones entre ESO y EO, pero para integrarse en esta nueva escala los EO tienen que aprobar un curso adicional de 60 créditos que los ESO no tienen que hacer. Más discriminación. Más lucha de clases. “Una vergüenza y una humillación”, señalan en la Unión de Oficiales.
Por encima de todos los oficiales destacan los generales. Nunca había habido tantos en la Guardia Civil. En el año 2003, antes de que Zapatero llegara al poder, había 17. Hoy, doce años después, hay 37, cuatro de ellos tenientes generales (general de tres estrellas), un rango que nunca había existido en la Benemérita con el objeto de mantenerla protocolaria y operativamente por debajo del Ejército y que el Gobierno socialista creó en julio de 2007 para tener contento al generalato y evitar así el siempre dañino y molesto ‘ruido de sables’. La actual reivindicación de la cúpula va todavía más lejos: conseguir que un general del Cuerpo alcance las cuatro estrellas (que solo ostentan unos pocos generales de las Fuerzas Armadas).
Los generales tienen coche oficial, chófer, vivienda gratis y disfrutan de todo tipo de prebendas. El resto de agentes que viven en una casa oficial de la Guardia Civil deben pagar de su bolsillo la luz, el agua y el gas. Así lo refleja una orden general interna del cuerpo. Los generales, en cambio, no pagan nada, ni siquiera la limpieza de sus residencias. Una prerrogativa que supuso por parte de la Unión de Oficiales una querella por malversación de fondos públicos. Fue archivada.
Uno de los campos de batalla de la AUGC es la desmilitarización, acabar con el ADN militar de la Benemérita, incluso fusionarla con la Policía Nacional. Lejos de esta reivindicación, el Congreso de los Diputados, con los votos del PP, aprobó en junio que el Código Penal Militar se siga aplicando a la Guardia Civil, incluso en las relaciones laborales corrientes. El Código Penal Militar es una norma de 1985 e impide, por ejemplo, suspender una pena de prisión aunque la condena sea mínima (tres meses) y el condenado lo sea por primera vez. Añádase a este despropósito la denegación del indulto, lo que deja en inferioridad de condiciones a un guardia respecto a otro ciudadano que tenga otra profesión y haya cometido un delito.
Muchos coinciden dentro del Cuerpo en relacionar esa férrea disciplina, ese carácter militar, con la alta tasa de suicidios y bajas psicológicas que asuelan a la Benemérita. Las estadísticas oficiales revelan que desde 1982 se suicidan una media de 14 agentes cada año (447 muertes en total), cifra que podría haber sido mayor porque en ese mismo periodo hubo otros 401 guardias que lo intentaron. En 2005, la Benemérita puso en marcha el II Plan de Prevención de Conductas Suicidas y dotó a la institución de un buen número de psicólogos y facultativos. Desde 2005 hasta el primer trimestre de 2014 (últimos datos), se han contabilizado 116 suicidios y 52 intentos. Estamos hablando de un suicidio al mes, la gran mayoría en la escala de guardias y cabos.
La AUGC ha hecho un estudio tras hablar con 1.084 agentes. Este reveló que el 26% de los entrevistados había pensado alguna vez en suicidarse. De este 26%, el 21% lo había planificado, aunque solo el 4% lo había intentado.
Las bajas psicológicas también están a la orden del día en la Guardia Civil. Los datos oficiales, los remitidos en respuesta parlamentaria al diputado de IU Ricardo Sixto, señalan que entre 2005 y 2012 hubo 17.223 bajas psicológicas. Otra respuesta parlamentaria habla de 1.280 “bajas médicas de origen psíquico” en el año 2013, una media de 3,5 cada día. Tanto los suicidios como las bajas psicológicas son tabú dentro del Cuerpo. Hay poca información y falta de transparencia. En cuanto al acoso laboral y sexual, la Guardia Civil no adaptó al Cuerpo el protocolo que rige para estos casos en la Administración del Estado hasta el año 2011. En otra respuesta parlamentaria, la Benemérita solo reconoce tres casos de acoso en los dos últimos años.
Es evidente que algo falla. El Índice de Días Perdidos por Funcionario (DPF) es el doble en la Guardia Civil que, por ejemplo, en la Policía Nacional: 21,66 días en el primer Cuerpo por 11,71 en el segundo (datos de 2013). Este índice indica el promedio de días que cada funcionario no ha estado en condiciones de acudir al trabajo, ya sea por baja médica, absentismo sin justificar o días que se pueden coger para asuntos propios. La media del resto de la Administración central no llega a 5. No es de extrañar que otra encuesta de la AUGC (la asociación es muy activa, para desesperación de los generales) revelase que el 75% de los 1.300 agentes encuestados aceptaría pasarse a la Policía Nacional si tuviera oportunidad. ¿Los dos principales motivos? El régimen disciplinario y el carácter militar del Cuerpo.
“Sabíais adónde veníais, a un cuerpo donde nadie se va a hacer rico y en el que realizáis muchas horas de servicio”. Las palabras del director general retumbaron en los oídos de los miles de guardias que ya saben que su jornada laboral y su sueldo son inferiores al de sus compañeros de la Policía Nacional. Mientras que un guardia cobra de media 1.410 euros brutos al mes y tiene una jornada laboral media de 154 horas mensuales, un policía percibe 1.575 euros y curra 144 horas. Además, en la Benemérita no existe compensación económica por el trabajo a turnos (en la Policía es de 98 euros), y la productividad mensual es inferior a la de la Policía, 70 euros frente a 87 euros.
Otra asociación, la Unión de Guardias Civiles (UGC), con dos vocales en el Consejo, se ha mostrado muy crítica con la negociación de la nueva jornada laboral: “Aunque se ha conseguido por primera vez cierta compensación por trabajar días festivos y por jornadas nocturnas, nos recortan los días de vacaciones. Sin olvidar la productividad por destino. A un oficial le pagan el 100% de unos 600 euros mientras que a un guardia como mucho un 19% de 400 euros. El dinero siempre va para los mismos, los mandos”.
Lo que parece cada vez más claro es que con el PP se ha agrandado aún más la brecha que existe entre la dirección del cuerpo, aliada de los altos mandos, y los guardias de base. Esta guerra se ha trasladado a los medios de comunicación. Todo lo que ocurre dentro de las paredes de los cuarteles y que Arsenio Fernández de Mesa no quiere que se conozca, tarde o temprano, sale a la luz pública. Así, todos conocemos que Antonio Tejero Díez, hijo del famoso teniente coronel Tejero, organizó en febrero de 2014 una paella a la que acudió su padre en la sede de su unidad, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 1 de Valdemoro, los antidisturbios de la Benemérita. También que el jefe de la Comandancia de Toledo ha iniciado una particular cruzada para que todos sus agentes le saluden “a la orden mi…” cuando se cruzan con él en la calle o en cualquier establecimiento público. Que un agente de la DGT destinado en Salamanca sufre acoso laboral porque multó a un amigo de su capitán. Que la Guardia Civil ha construido un nuevo cuartel en Fitero (Navarra), la localidad donde casualmente nació el padre del ministro del Interior y veranea su familia, a pesar de que había ya otros cuarteles a 6 y 9 kilómetros del pueblo. Que un sargento destinado en el municipio aragonés de Sos del Rey Católico (donde nació Fernando el Católico) tuvo que hacer de guía turístico a dos generales que visitaron el pueblo. Que tres altos mandos del Cuerpo en Cataluña utilizan coches de alta gama decomisados a narcotraficantes para su uso personal. O que en mayo de 2015 los 123 cuarteles que hay en Aragón carecían de conexión a Internet y los agentes tenían que usar sus propios móviles para hacer búsquedas relacionadas con su trabajo.
Que todo esto se conozca irrita sobremanera a Arsenio Fernández de Mesa, ya famoso por pronunciar aquellas proféticas palabras cuando era delegado del Gobierno en Galicia: “Salen unos hilillos de plastilina del Prestige”. No solo se lleva mal con la AUGC, también tiene poco feeling con otras asociaciones presentes en el Consejo, como la Unión de Oficiales (UO). “Nuestra relación es tensa”, explican. La dirección ha abierto dos expedientes por falta grave al vicepresidente de la UO, “y nosotros hemos respondido con una querella penal contra el jefe de la Comandancia de Huesca, donde está destinado nuestro vicepresidente, por obstaculizar el ejercicio de derechos civiles. La Unión de Guardias Civiles (UGC) también espera en breve su primer expediente. “Ya nos lo han comunicado. Tenemos muchos encontronazos con la dirección, sobre todo con el generalato que no quiere que nada cambie”.
Elegido para el cargo por su gran amistad con Rajoy, a Fernández de Mesa también le apodan 'el jardinero'. Gallego, como el presidente del Gobierno, lleva desde los 28 años (acaba de cumplir los 60) enlazando un cargo público tras otro. En su currículo se presenta como “funcionario del Estado”, “inspector técnico de la multinacional inglesa International Marine Coatings LTD”, y enumera cuatro diplomaturas, entre ellas, la de “diplomado en Altos Estudios Militares”.
En realidad, su plaza de funcionario es de auxiliar de jardinería, la multinacional inglesa es una empresa de pintura para barcos y sus “diplomaturas” son unos cursos del Ministerio de Defensa para diputados y senadores, no una titulación universitaria. Su brillante hoja de servicios la completó el diario Público, cuando reveló este año que Fernández de Mesa patrulló durante su juventud en El Ferrol (su ciudad natal) con grupos falangistas que se dedicaban a pegar palizas a demócratas, sindicalistas y curas rojos. Se les conocía como “los cadeneros”, pues acostumbraban a utilizar cadenas de bicicleta como arma, aunque en realidad eran guerrilleros de Cristo Rey. Ya lo dijo Fernández de Mesa hace unos días en su discurso oficial: “Sabíais adónde veníais”.
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