Un juez ha considerado que el PP no cometió ningún delito al destruir el contenido de los ordenadores de Bárcenas. La sentencia, argumentada, entiende que borrar 35 veces un disco duro para después rayarlo con esmero y acabar tirándolo a la basura es un comportamiento habitual entre quienes aplican –mucho– la ley de protección de datos. No hay disco duro que no se acabe ablandando para quien está realmente concienciado con el asunto de la privacidad. De haber estado un poco más concienciados, el disco duro de Bárcenas habría aparecido calcinado en el fondo de un pantano de Toledo atado a una piedra. Todo es ir perfeccionando técnicas hasta acabar en un documental de Netflix.
Esta sentencia absolutoria callará bocas entre los amantes de las teorías conspiranoicas. Esos que, por algún motivo, se empeñan en relacionar la destrucción de los ordenadores y los archivos que pudieran contener y el presunto dinero negro que corría por la sede del PP. Hay gente pa tó.
Si le diéramos bola a los paranoicos, tendríamos que pensar que en España hay partidos de Estado, que ostentan poder como el PP, capaces de destruir pruebas judiciales para entorpecer investigaciones de casos de corrupción. Y eso, además de que sería gravísimo –sería para que ardieran las calles–, es un pensamiento absurdo. Como bien explicó la dirección del partido en su momento, el PP no participó en ningún momento de la corrupción, sino que fue víctima de ella. Víctima de Bárcenas, un tesorero que les salió chorizo –puede pasar en las mejores familias–, pero un chorizo al que hay que respetarle el derecho a la protección de sus datos. A base de martillazos si hace falta porque, ante todo, está la legalidad.
Si le diéramos bola a los paranoicos, tendríamos que pensar también que la Justicia funciona en demasiadas ocasiones como una escopeta de feria. El argumento de estos fantasiosos es que el juez que ha dictado la sentencia absolviendo al PP, ya empezó haciendo cosas raras desde el minuto uno del juicio. Como prohibir la entrada de cámaras de televisión bajo el argumento de que los responsables del PP juzgados no eran personajes públicos. La ley es clara en este sentido: si no es la Pantoja la que masacra un Toshiba, el juicio debe ser una cosa discreta, de puertas para adentro. Otro argumento de los paranoicos tiene que ver con las rarezas del proceso en sí.
Según denuncian estos desocupados, la Fiscalía –en el inicio del procedimiento gobernaba el PP– no presentó denuncia y Bárcenas –tras llegar a un pacto de no agresión con el PP, según estos paranoicos– retiró la suya, convirtiéndolo todo en una pantomima consistente en no pringar demasiado al partido a cambio de que este maniobrase luego en la Justicia para conseguirle a Bárcenas una condena favorable. ¿Se puede ser más enrevesado? Si así fuera, las calles estarían ardiendo. Y, como decía aquel sobre la contaminación en Madrid, dónde está, que yo no la veo.
Aparquemos las conspiranoias y celebremos. Celebremos que España tiene un poder político y un poder judicial que funcionan. Celebremos que hacen su trabajo. Celebremos que el PP cumple la ley al pie de la letra, incluida la Ley Orgánica de Protección de Datos. Celebremos que los jueces hacen su trabajo de forma excelente, independiente, sin injerencias. Celebremos España.
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