La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha instado a la Delegación Territorial de las consejerías de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, a que "sin más dilación que la estrictamente necesaria" resuelva una petición cursada en octubre de 2018 por un vecino de la provincia en demanda de la renta mínima cd inserción social, avisando de "la demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución" de las solicitudes de esta prestación.
En una resolución emitida el pasado 4 de diciembre y recogida por Europa Press, la institución de Maeztu analiza la queja formalizada por un ciudadano en febrero de 2019, en cuanto a sus gestiones frente a la Administración andaluza en demanda de la renta mínima se inserción social, una prestación autonómica previa a la creación del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno central.
En concreto, esta persona exponía que en octubre de 2018 había "vuelto a presentar por vía telemática" su solicitud de la renta mínima de inserción social, dado que ya había transcurrido "un año" y no había "recibido aún contestación" a sus peticiones respecto a dicha ayuda. Además, este hombre indicaba que no podía "contactar con los servicios sociales porque no cogen el teléfono".
Al respecto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz precisa en su resolución que por la documentación remitida por el interesado, "se deducía que por error consignó la casilla de 'renovación' cuando debería haber señalado la de 'solicitud inicial' y así se hizo saber" a la hora de trasladar el asunto a la Delegación Territorial de las consejerías de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla.
La citada delegación territorial de la Junta, según la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, contestó detallando que en junio de 2018, el interesado había "vuelto a solicitar la renta mínima de inserción social de Andalucía" y en septiembre de tal año fue emitida una "resolución de inadmisión al igual que en la ocasión anterior, al no haber transcurrido 12 meses desde la concesión del ingreso mínimo de solidaridad", tras lo cual en efecto en octubre de 2018 esta persona solicitaba de nuevo acceso a la renta mínima de inserción social.
Respecto a esta última petición, mencionada expresamente por el reclamante a la hora de dirigirse a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, la delegación territorial de la Junta aclaraba que había detectado el "error" derivado de marcar la casilla de renovación, siendo tramitada como "una solicitud inicial", que "actualmente se encuentra pendiente de resolución conforme al orden de presentación de solicitudes".
Tras analiza el caso, el departamento de Maeztu avisa de que "la demora administrativa que se está produciendo en el reconocimiento y resolución de la renta mínima de inserción social de Andalucía vulnera la normativa autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora" de la propia prestación.
Es por ello que el Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la Delegación Territorial de las consejerías de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla que "sin más dilación que la estrictamente necesaria para la comprobación de los datos y requisitos previstos, se dicte resolución que ponga término al procedimiento de la persona afectada, aprobando definitivamente, en su caso, el reconocimiento y concesión de la renta mínima de inserción, en el supuesto de que reúna los requisitos exigidos para ello en la normativa vigente".
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