La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar el lunes un juicio, contra un varón acusado de estafar a la multinacional de la comunicación Telefónica, mediante un procedimiento orquestado para eludir el pago de llamadas telefónicas y el consumo de datos por la navegación en Internet.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el juicio se dirige contra Roberto A.R., quien como administrador de la sociedad Aires de Libertad, entre 2013 y 2015 suscribió con Telefónica 46 contratos de líneas de telefonía móvil, logrando que dicha multinacional de la comunicación le entregase "un número indeterminado de teléfonos móviles que incorporó a su patrimonio personal o entregó a varias personas", valorados en 16.352 euros.
Y es que "al menos 30 de esas líneas de teléfono fueron cambiadas de titularidad a favor de empresas vinculadas al acusado", al objeto de "camuflar" las pretensiones del mismo, que eran "realizar llamadas y el consumo de datos (de Internet), bien él personalmente" o por otras personas en paradero desconocido, sin pagar por ello. Según la Fiscalía, con este método, fueron realizadas llamadas de teléfono y fueron consumidos datos de Internet por valor de 14.466 euros, sin pagar por ello.
Además, como administrador solidario de la sociedad Andaltour Sevilla, el acusado, entre 2014 y 2015, suscribió de nuevo con Telefónica otros 54 contratos de líneas de telefonía móvil y desde "al menos cuatro de estas líneas", fueron realizadas "numerosas llamadas a Cuba" y enviados mensajes SMS al Reino Unido, con igual consumo de datos y la obtención de teléfonos móviles, de nuevo sin pagar y generando un perjuicio de 53.386 euros a Telefónica, que "tras descubrir el fraude" suspendió todas las líneas descritas.
El acusado, ya condenado en firme en 2008 por delitos de estafa y falsedad documental, "para tratar de ocultar sus responsabilidades, denunció a una tercera persona y a Telefónica, "denuncia no veraz" por la cual ha sido incoado un procedimiento judicial en su contra por un presunto delito de denuncia falsa.
La Fiscalía califica los hechos como un supuesto delito continuado de estafa y un delito de falsedad en documento mercantil, con la agravante de reincidencia en ambos casos, reclamando para el acusado ocho años de cárcel más multas que suman 3.420 euros.
Comentarios