El hombre investigado por la muerte de Ángel Luis Ventura Vega tras una discusión de tráfico en el barrio sevillano de Los Remedios ha salido de prisión después de abonar una fianza de 40.000 euros. La decisión ha provocado el rechazo de la familia de la víctima, que considera que la gravedad de los hechos exige una valoración especialmente rigurosa de las medidas cautelares y ha anunciado que recurrirá la resolución.

La puesta en libertad provisional de Cristian N. G. ha sido acordada por la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla mediante un auto fechado el pasado 28 de octubre.

La magistrada ha dispuesto que la fianza depositada produzca sus efectos y que el investigado abandone la prisión, aunque deberá cumplir determinadas obligaciones de comparecencia judicial y localización mientras continúa el procedimiento.

El caso se remonta al 6 de mayo, cuando Ángel Luis Ventura Vega falleció después de recibir un puñetazo durante un enfrentamiento originado por una discusión de tráfico.

Un puñetazo en la cara y una caída mortal en Los Remedios

Según los hechos recogidos por la Audiencia Provincial de Sevilla en una resolución anterior, el incidente comenzó con una discusión de tráfico en el barrio de Los Remedios. Los magistrados señalaron que, tras el enfrentamiento, el investigado presuntamente propinó a Ángel Luis, "sin mediar palabra", un "violento puñetazo" en la cara.

La agresión provocó que la víctima cayera al suelo y se golpeara fuertemente la cabeza, sufriendo el traumatismo que acabó causándole la muerte. La Audiencia también destacó que Ángel Luis tenía reconocida una discapacidad y que existía una "desproporción objetiva entre la fuerza de ambos contendientes".

La familia rechaza la libertad bajo fianza y anuncia un recurso

La acusación particular, ejercida por el abogado José Antonio Sires en representación de los familiares de Ángel Luis Ventura Vega, ha expresado su "más firme rechazo" a la decisión de poner en libertad al investigado.

La familia sostiene que la gravedad del caso "no puede quedar relegada a una cuestión económica" y reclama que se valoren todas las circunstancias relevantes antes de decidir sobre la situación personal del investigado.

Para la acusación, lo que está en juego es la "exigencia de justicia, la protección de los derechos de la víctima y la necesidad de que el procedimiento avance con todas las garantías".

El abogado José Antonio Sires ha resumido su posición con una declaración: "La Justicia no puede medirse únicamente por el importe de una fianza. La víctima y sus familias tienen derecho a que sus intereses sean defendidos con firmeza, a que se esclarezcan los hechos y a que todas las decisiones se adopten con el máximo rigor jurídico".

La Audiencia consideró que podía existir un homicidio doloso

La excarcelación llega en medio de otra controversia judicial: cómo debe calificarse penalmente la muerte de Ángel Luis Ventura Vega.

El pasado septiembre, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó que el procedimiento se tramitara conforme a la Ley del Tribunal del Jurado, al considerar que no podía descartarse inicialmente la existencia de un homicidio doloso.

Los magistrados explicaron que la agresión había sido apta para provocar la muerte y que las circunstancias conocidas hasta ese momento impedían excluir la posibilidad de dolo eventual, es decir, que el autor hubiera asumido el riesgo de causar un resultado mortal.

En su resolución señalaron que "no es descartable a la vista de las circunstancias que constan debidamente documentadas hasta la fecha la presencia de un delito de homicidio".

La Audiencia advirtió, no obstante, de que no correspondía realizar todavía una calificación definitiva de los hechos, ya que esa valoración debía sustentarse en las pruebas practicadas durante el juicio.

La instructora cambió posteriormente el criterio

Después de aquella decisión, la jueza instructora volvió a examinar las diligencias practicadas, entre ellas las declaraciones de los testigos y el informe de autopsia.

En una resolución posterior, la magistrada consideró que los elementos disponibles permitían descartar provisionalmente la intención de matar.

Según su interpretación, el fallecimiento se produjo por el traumatismo craneal derivado de la caída contra el suelo, después de recibir un puñetazo en una zona que no consideró vital.

La instructora entendió que, aunque el resultado pudiera haber sido previsible por la diferencia de complexión física y fuerza entre ambos hombres, los indicios reunidos no justificaban mantener la tramitación por un posible homicidio doloso.

Por ello, acordó que la causa abandonara el procedimiento previsto para el Tribunal del Jurado y continuara por la vía del procedimiento abreviado. La familia también se opuso a ese cambio y anunció un recurso al considerar prematuro excluir la posibilidad de dolo eventual.