El ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, ha quedado en libertad con cargos y sin medidas cautelares tras declarar ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Su abogado, Alberto Castejón, ha confirmado la decisión judicial después de que fuera detenido este martes en el marco de una investigación sobre una operación urbanística relacionada con la venta de una parcela pública en la capital hispalense.
Junto a Pineda fueron arrestadas otras cuatro personas, entre ellas su esposa, Olga P., así como un exempleado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla. Hay que recordar que Pineda fue concejal del Ayuntamiento años antes. Todos ellos han pasado ya a disposición judicial.
La investigación está siendo desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza la venta de una parcela de 10.000 metros cuadrados en el Higuerón por 3,9 millones, donde se construirían posteriormente un Burger King o un KFC. Ese mismo solar, de titularidad pública y perteneciente a Emvisesa, había sido adquirido apenas cinco meses antes por una sociedad de la esposa de Pineda por 1,7 millones.
Según el informe remitido a la juez, la sociedad Higuerón Real Estate, administrada por la esposa de Pineda, se adjudicó la parcela en septiembre de 2024 por 1,7 millones (con IVA), tras una puja que superó en solo 40 céntimos el precio de salida fijado en 1.469.203,60 euros sin IVA. Posteriormente, en enero de 2025, la vendió a la sociedad Eryel Invest, integrada en el holding Burger King Spain, por 3,9 millones, obteniendo un beneficio de 2,17 millones
De esas “ganancias obtenidas”, 639.120,63 euros fueron a parar al matrimonio. El resto se repartió entre antiguos socios y sociedades vinculadas a la financiación, además de 78.650 euros transferidos a una empresa de un funcionario de Emvisesa, según recoge la UCO, que considera esta transferencia “sin motivo aparente” y califica de “altamente sospechosas” las operaciones. Los investigadores apuntan a posibles delitos como tráfico de influencias y no descartan corrupción entre particulares, al considerar “incongruente” que la parcela se revendiera por más del doble en menos de cinco meses.
Reacciones del PP
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha asegurado que “urgen explicaciones” sobre la figura de Rafael Pineda, al que ha recordado como exjefe de gabinete de los delegados del Gobierno en Andalucía Pedro Fernández y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, hoy vicepresidente del Congreso. Martín ha elevado esa exigencia tanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como al PSOE andaluz, al considerar que Pineda “es amigo de Gómez de Celis”, a quien ha definido como “cabeza del sanchismo” en Andalucía.
El dirigente popular ha calificado el caso de “escándalo supino, insuperable” y ha ido más allá al subrayar que la investigación de la UCO se enmarca en escuchas a una red de narcotraficantes del Aljarafe sevillano. “¿Qué piensa un agente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que se está jugando la vida” si el organismo que coordina a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía tiene, según ha dicho, a uno de sus máximos responsables “haciendo favores, chanchullenado” con integrantes de esa red? se ha preguntado en voz alta, planteando incluso la “sospecha” de si pudo haber pagos desde esa trama.
Por su parte, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha defendido que Emvisesa es la “principal perjudicada” de la operación investigada. En comparecencia ante los medios, ha asegurado que el Consistorio ha colaborado con la justicia “desde el minuto uno” tras conocer la investigación en septiembre de 2025. Ha calificado el caso de “bochornoso”, aunque ha afirmado que el Gobierno municipal “está tranquilo”.
Según ha detallado, en octubre solicitaron personarse en la causa —petición aceptada por la jueza— y en noviembre Emvisesa despidió al trabajador investigado por el presunto cobro de una comisión, tras un periodo de audiencia en el que “no pudo justificar los hechos”. Además, ha confirmado que Burger King se ha declarado ajena al asunto, lo que impide la reversión de la parcela, y que el Ayuntamiento ha entregado a la magistrada las actas de los últimos años mientras realiza una auditoría de todas las operaciones de suelo de Emvisesa de los últimos ocho años. De la Rosa ha señalado que el contrato firmado el 8 de febrero de 2017 “marca toda la evolución posterior” y ha descrito la parcela como “prisionera”.