El ex director general de Carreteras, Javier Herrero, ha asegurado ante el juez que la obra del Puente del Centenario de Sevilla fue declarada de emergencia por una razón clara: la infraestructura presentaba una “situación de grave riesgo” que requería una actuación inmediata, señala en una información adelantada por Europa Press.
En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, Herrero aporta un dossier técnico que desglosa las patologías detectadas en los tirantes del puente, cuya sustitución era necesaria “en subsanación de la situación de grave peligro existente”. Dicho informe, precisa, estaba respaldado por al menos ocho ingenieros de Caminos, varios de ellos funcionarios, que avalaban la urgencia de la intervención.
"Todos ellos actuaban guiados por el principio de disminución del riesgo existente y en cumplimiento de su deber", apunta el ex alto cargo en su defensa, dentro del caso que investiga la trama de Cerdán, Ábalos y Koldo, para sostener que su interés en impulsar la declaración de emergencia estaba más que justificado.
Una de las funciones clave de Herrero era garantizar la seguridad de la red de carreteras del Estado. Además, recuerda precedentes dramáticos como el colapso del puente Morandi en Génova (Italia), en 2018, donde murieron 43 personas, o el incidente en el puente Fernando Reig de Alcoy en 2016. Según su versión, el procedimiento de emergencia era “el más rápido y flexible” y no implicaba aún ninguna adjudicación.
De hecho, critican que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil erró en su informe al interpretar que existía una propuesta directa a una empresa. Herrero asegura que no se trataba de una licitación y que mantenía una copia del dossier como medida preventiva ante un posible siniestro.
Una presunta mordida
Sin embargo, las pesquisas de la UCO aportan otra versión. Según el informe, la sustitución de los tirantes generó presuntos beneficios económicos para el entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, siendo Acciona Construcción SA una de las principales adjudicatarias.
En una conversación de 2018, los investigadores detectan que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ya conocía los detalles de la futura licitación. Incluso habría presionado al asesor de Ábalos, Koldo García, para “cerrar” el proceso. Meses después, García informó que era Pedro Saura, entonces secretario de Estado, quien bloqueaba la publicación, pidiendo a Ábalos intervenir para desbloquearla.
El contexto de tensión fue confirmado por el propio Herrero, quien declaró que presionó para desbloquear la obra, pese a la oposición de Saura a tramitarla como emergencia.
La licitación se hizo pública en septiembre de 2020. En enero de 2021, Herrero comunicó a Koldo que Acciona era “la más barata”. Finalmente, la empresa obtuvo la puntuación técnica máxima y la adjudicación por 71 millones, cifra que, tras sucesivas ampliaciones, ha alcanzado los 128,7 millones de euros, según datos del propio Gobierno. Habría supuesto una mordida de alrededor de medio millón según las conversaciones.
