La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, vuelve a poner en el foco posibles irregularidades en el proyecto de ampliación del Puente del Centenario en Sevilla. La obra, cuyo presupuesto inicial era de 71 millones de euros, ya ha superado los 130 millones.
Según el informe, los agentes del Instituto Armado analizaron la relación entre Acciona, adjudicataria principal de la obra, y la empresa navarra Servinabar, vinculada a Cerdán. La UCO concluye que Servinabar recibió cerca de dos millones de euros por servicios que apenas contaron con un trabajador asignado: Antonio Muñoz Cano, cuñado del exdirigente socialista.
El documento detalla que Servinabar accedió a contratos a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona, o fue contratada directamente por la constructora para realizar trabajos descritos de manera muy genérica, como "ayudas varias obra" o "servicios varios obra". Esta falta de concreción dificulta determinar la naturaleza exacta de las labores ejecutadas, a pesar de que se trataba de proyectos complejos, como el refuerzo de los tirantes del viaducto y la obra de emergencia del acceso al Puerto de Sevilla.
Los recursos humanos aportados por Servinabar
El informe de la UCO, entregado al Tribunal Supremo, señala que los contratos suponían un pago del 2% sobre el importe adjudicado, que en los dos proyectos más relevantes alcanzaría 1,8 millones de euros. No obstante, Servinabar apenas aportó recursos humanos al proyecto, y todos los trabajos se concentraron en un único empleado de la compañía.
La investigación del Supremo continuará con la citación de tres directivos de Acciona el próximo 3 de diciembre, en el marco de la revisión de las adjudicaciones que podrían haber sido amañadas para beneficiar a la empresa vinculada a Cerdán. El informe subraya que, pese a la magnitud económica y técnica de las obras, no existe constancia de equipos propios de Servinabar ni de otros trabajadores dedicados a las tareas contratadas, una circunstancia que despierta sospechas sobre la legalidad de las operaciones y posibles comisiones ilícitas.
