Dos de las tres asociaciones del taxi en Sevilla han convocado este jueves a un paro de 24 horas en la ciudad contra la intención del Ayuntamiento de liberalizar la venta de licencias en una futura regulación. Los colectivos Solidaridad Hispalense y la Unión Sevillana del Taxi sería "un golpe brutal a los más desfavorecidos". La intención del gobierno municipal es desregular el tráfico de estas licencias.
El contexto es el siguiente: los taxistas a día de hoy, cuando quieren renunciar a su licencia, la ponen a disposición del Ayuntamiento por un precio cerrado de 72.000 euros. Se otorgan en una lista de espera controlada por el Ayuntamiento. La eliminación de este sistema supondría que se produjera una venta entre particulares de este permiso para ser titular de un taxi en Sevilla.
La Unión Sevillana del Taxi teme que se vendan "a precio de risa" y que entren "especuladores, buitres al acecho" en ese mercado. "No tienen escrúpulos y aprovecharán cualquier debilidad para explotar a los taxistas en su momento de mayor necesidad". Para los titulares de estas licencias, señalan, su venta puede significar "su única tabla de salvación en medio de un mar de dificultades. Los enfermos graves, los viudos y viudas, y los jubilados ven en su licencia de taxi la única garantía para poder pagar tratamientos médicos, mantener a sus familias o simplemente vivir con dignidad. La liberalización amenaza con arrebatarles esa seguridad, dejándolos a merced de un mercado voraz y desalmado".
Por todo ello, piden al gobierno municipal defender el actual sistema: "Permitir la liberalización sin una estricta regulación es una traición a los taxistas y a sus familias. El ayuntamiento debe actuar con firmeza y decisión, implementando medidas que impidan la especulación y aseguren que las licencias sigan siendo un sustento para quienes realmente las necesitan". "No se trata solo de proteger un medio de vida, sino de defender la dignidad y los derechos de quienes han dedicado su vida a servir a la comunidad", indican.
Asimismo, Élite Sevilla no ha respaldado esta postura. Asegura que se trata de poner trabas administrativas, alargar el proceso por varios meses y desincentivar la compra, y que en otras ciudades donde no impera el sistema se producen ventas de forma ágil. Por su parte, los que defienden la postura entienden que actualmente Sevilla recompensa un orden de antigüedad.