Trágico desenlace en Sevilla. La paciente de 37 años que había denunciado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un grave error en el diagnóstico de un tumor cerebral ha fallecido el pasado 19 de marzo de 2026, según ha confirmado su representación legal.
Todo comenzó el 9 de enero de 2023, cuando acudió a su centro de salud con síntomas como sudoración fría, debilidad, temblores y episodios cercanos a la pérdida de conciencia. Pese a ello, el médico atribvuyó el cuadro a estrés laboral y problemas cervicales, sin realizar pruebas relevantes ni derivarla al hospital, limitándose a recetar antidepresivos y relajantes musculares.
A lo largo de los meses siguientes, la paciente llega a acudir hasta ocho veces al mismo centro sin que se avance en el diagnóstico. No es hasta mayo de 2023 cuando se le practica una resonancia cervical que descarta la causa inicial, y en junio es derivada a Neurología. Sin embargo, en julio de ese mismo año, en el Hospital Virgen del Rocío, vuelve a ser evaluada sin que se soliciten pruebas complementarias. El empeoramiento de su estado la llevó a regresar en diciembre de 2023, y finalmente, en febrero de 2024 —más de un año después de la primera consulta— se le realiza una resonancia craneal. El diagnóstico llega el 3 de marzo de 2024: un tumor cerebral con afectación en ambos hemisferios.
Antes de su fallecimiento, la paciente había iniciado una reclamación patrimonial contra el SAS. En un primer momento, solicitó 201.000 euros, una cantidad que posteriormente amplió hasta más de 417.000 euros tras detectar nuevos errores médicos y secuelas derivadas de la atención recibida. Tras su muerte, el despacho que representa a la familia estudia ahora la vía penal. Los hechos podrían encajar, según la defensa, en un delito de homicidio por imprudencia profesional (artículo 142 del Código Penal) y en un delito de lesiones por imprudencia grave (artículo 152).
“Un desenlace que podría haberse evitado”
El abogado José Antonio Sires ha calificado lo ocurrido como un caso especialmente grave: “El fallecimiento de nuestra clienta supone un desenlace trágico que, a nuestro juicio, podría haberse evitado con una actuación médica diligente desde el inicio”. Además, subraya que “no es admisible que una paciente con síntomas neurológicos evidentes tuviera que acudir en reiteradas ocasiones sin que se le practicaran pruebas diagnósticas básicas”. Según añade, los informes periciales apuntan a un “retraso diagnóstico grave” y a una “clara pérdida de oportunidad terapéutica”. “Más allá de la responsabilidad jurídica, estamos ante un caso que pone de manifiesto fallos estructurales en la atención sanitaria que no pueden volver a repetirse”.
