La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a una tercera por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros en situación irregular. Además, se ha procedido a la investigación del propietario de una explotación agrícola por falsedad en su testimonio durante el proceso. Las actuaciones se enmarcan en el plan contra la trata de seres humanos y la explotación laboral.
La investigación, a cargo del Equipo ROCA 10, comenzó en mayo de 2023 tras la denuncia de un sindicato agrario de Andalucía, que alertó sobre trabajadores en una explotación de Alcalá del Río (Sevilla) que no habían recibido remuneración alguna.
Los agentes entrevistaron a los afectados, todos ellos de nacionalidad senegalesa y residentes en un centro de acogida gestionado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Es uno de los muchos casos que sufren estas personas. Pero, en esta ocasión, eran otros migrantes los que intermediaron para la explotación. Las pesquisas permitieron determinar que, en enero de 2024, una pareja de nacionalidad nicaragüense los había captado para trabajar en la recolección agrícola en varias explotaciones de la provincia sevillana.
Los sospechosos, también en situación irregular en España, actuaban como intermediarios y se aprovechaban de la vulnerabilidad de los trabajadores para imponer condiciones laborales abusivas. Se les obligaba a realizar largas jornadas sin descanso y con salarios muy por debajo de lo estipulado, generando una deuda con los empleados que superaba los 7.000 euros.
Una situación precaria
Los trabajadores aceptaban estas condiciones debido a la necesidad de enviar dinero a sus familias en Senegal, quienes dependían económicamente de ellos. Dentro de la misma operación, ha sido investigado un empresario agrícola español afincado en Brenes, quien, conociendo la situación irregular de los afectados, los contrató a través de los intermediarios. Además, no cumplía con la obligación de inscribirlos en la Seguridad Social, lo que le permitió obtener mayores beneficios económicos a costa de los derechos laborales de sus empleados.
Como consecuencia de esta irregularidad, los trabajadores carecían de acceso a asistencia sanitaria y no tenían derecho a prestaciones por enfermedad o accidentes laborales. Uno de ellos sufrió un accidente durante la jornada, pero los responsables le negaron asistencia médica y le obligaron a seguir trabajando bajo la amenaza de no recibir pago alguno. Solo pudo recibir atención sanitaria cuando sus compañeros lo trasladaron al centro de acogida, desde donde fue llevado a urgencias.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de La Rinconada, el Equipo de Mujer y Menor (EMUME) de la Comandancia de Sevilla y la Inspección de Trabajo. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado en funciones de guardia de Sevilla junto con las diligencias instruidas.