La evaluación ambiental de la primera fase de la urbanización de Santa Bárbara, en Sevilla Este, tendrá que volver al trámite de información pública tras una resolución de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla. La decisión, valorada positivamente por la Plataforma Salvemos el Anillo Verde y Azul del Este (SAVE!), afecta a un proyecto que contempla miles de viviendas e infraestructuras viarias en un entorno próximo a las Lagunas de El Sapo, un espacio de interés ecológico. La plataforma considera que esta nueva fase debe servir para corregir las deficiencias que viene denunciando y garantizar el acceso a toda la documentación ambiental.

La resolución llega después de que siete asociaciones vecinales, colectivos y organizaciones de utilidad pública se personaran el pasado julio en el trámite de audiencia contra la resolución ambiental provisional. Estas entidades alertaron de la falta de un estudio de inundabilidad adecuado y de una evaluación insuficiente de los efectos sobre los hábitats y las especies protegidas. La incorporación de nueva documentación por parte de la promotora inmobiliaria Ágora obliga a reabrir la participación pública, un paso que SAVE! considera que se había estado evitando. La plataforma recuerda que el artículo 38 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental contempla este trámite cuando las modificaciones pueden generar efectos ambientales significativos distintos de los previstos inicialmente.

El desarrollo urbanístico prevé transformar terrenos agrícolas para construir miles de viviendas y nuevas carreteras, en parte sobre antiguos cauces fluviales, zonas inundables y el entorno de las lagunas. SAVE! denuncia que los estudios presentados no reflejan adecuadamente el valor ecológico del lugar ni sus conexiones hidrológicas y naturales con el entorno. Además, sostiene que sigue pendiente un inventario exhaustivo de biodiversidad que permita conocer los ciclos biológicos de las especies presentes y valorar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras. Entre las especies que podrían verse afectadas figura Triops baeticus, un crustáceo acuático endémico de la península ibérica vinculado a hábitats temporales de agua dulce.

Otro de los puntos que preocupan a la plataforma es el riesgo de inundaciones. SAVE! reclama estudiar de forma rigurosa los dos arroyos de la zona, sus áreas de servidumbre y dominio público hidráulico, así como las superficies inundables, siguiendo la normativa de aguas y los criterios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según advierte, la impermeabilización del suelo, los movimientos de tierras y la alteración de los cauces pueden reducir la capacidad del territorio para retener el agua de lluvia. La entidad recuerda que elevar las cotas del terreno no sustituye a un análisis integral de la dinámica del agua ni garantiza la seguridad de viviendas, calles y otras actividades.

Las infraestructuras de acceso también están en el centro de las críticas. El proyecto incluye dos carreteras: una atravesaría el parque urbano de Torreblanca y la otra contempla una rotonda sobre la laguna de El Sapo. SAVE! advierte de que “estas infraestructuras van a fragmentar los espacios verdes, alterar los hábitats y afectar a las zonas donde se reproducen especies protegidas”. También cuestiona que medidas compensatorias como la plantación de árboles puedan contrarrestar la pérdida de hábitats derivada de la transformación física del terreno. A su juicio, la fragmentación de estos espacios comprometería la continuidad del futuro Anillo Verde y Azul Metropolitano por el este de Sevilla.

Por todo ello, la plataforma reclama que la nueva información pública incluya la documentación ambiental completa y permita analizar tanto los riesgos de inundación como los efectos sobre la biodiversidad y las consecuencias acumuladas de la urbanización y sus carreteras. SAVE! sostiene que la conservación de las Lagunas de El Sapo debe entenderse como parte de una red de humedales, cauces y zonas verdes que contribuye a la biodiversidad y a la adaptación al cambio climático. La resolución, no obstante, no implica que el proyecto haya sido descartado ni que sus impactos estén resueltos. La organización anuncia que seguirá defendiendo estos espacios y una planificación urbana compatible con la seguridad, la salud y el interés general.