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La Fiscalía de Menores de Sevilla ha concluido la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por el presunto acoso a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó el 14 de octubre de hace un año. Tras analizar los hechos, el Ministerio Público aprecia indicios de hasta dos posibles delitos relacionados con el trato que habría recibido la adolescente y las consecuencias que tuvo en su salud mental. El caso avanza así en la vía penal respecto a dos de las compañeras de clase investigadas.
En sus conclusiones provisionales, recogidas en el escrito de acusación, la Fiscalía considera que ambas menores podrían haber incurrido en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas. La acusación se fundamenta en el "trato degradante dispensado a Sandra y las repercusiones que tuvieron en su salud mental". La información ha sido adelantada por Diario de Sevilla. La instrucción concluida afecta a dos de las tres menores que estaban siendo investigadas por estos hechos.
En paralelo, otra de las novedades del caso ha sido el archivo penal de la querella presentada por los padres de Sandra contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y varios de sus responsables: el director, la jefa de estudios y la tutora de la joven. La familia les atribuía la presunta "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante". Sin embargo, la jueza acordó el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de esa denuncia contra el centro educativo y sus responsables.
Sin la agilidad que se requería
En el auto, la magistrada señala que el colegio y sus responsables "adoptaron medidas para combatir la situación de acoso", aunque considera que no se les podía exigir que controlaran a la menor en todo momento para impedir que se quitara la vida, algo que, según recoge la resolución, "de hecho nadie se lo esperaba". No obstante, la juez también apunta que las "personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería". La resolución, por tanto, reconoce que se adoptaron medidas, pero cuestiona la rapidez con la que se actuó.
La familia de Sandra ha insistido en la "multitud de errores" que, a su juicio, cometió el centro educativo y reclama una respuesta firme por parte de la Junta de Andalucía. Sus padres sostienen que el colegio no abrió el protocolo de actuación frente al acoso ni protegió a la adolescente. Por ello, vienen solicitando a la Consejería de Educación una respuesta "contundente y ejemplarizante", mientras la Fiscalía aprecia posibles responsabilidades penales en la conducta atribuida a dos de las menores investigadas.
La Fiscalía de Menores de Sevilla ha concluido la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por el presunto acoso a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó el 14 de octubre de hace un año. Tras analizar los hechos, el Ministerio Público aprecia indicios de hasta dos posibles delitos relacionados con el trato que habría recibido la adolescente y las consecuencias que tuvo en su salud mental. El caso avanza así en la vía penal respecto a dos de las compañeras de clase investigadas.
En sus conclusiones provisionales, recogidas en el escrito de acusación, la Fiscalía considera que ambas menores podrían haber incurrido en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas. La acusación se fundamenta en el "trato degradante dispensado a Sandra y las repercusiones que tuvieron en su salud mental". La información ha sido adelantada por Diario de Sevilla. La instrucción concluida afecta a dos de las tres menores que estaban siendo investigadas por estos hechos.
En paralelo, otra de las novedades del caso ha sido el archivo penal de la querella presentada por los padres de Sandra contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y varios de sus responsables: el director, la jefa de estudios y la tutora de la joven. La familia les atribuía la presunta "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante". Sin embargo, la jueza acordó el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de esa denuncia contra el centro educativo y sus responsables.
Sin la agilidad que se requería
En el auto, la magistrada señala que el colegio y sus responsables "adoptaron medidas para combatir la situación de acoso", aunque considera que no se les podía exigir que controlaran a la menor en todo momento para impedir que se quitara la vida, algo que, según recoge la resolución, "de hecho nadie se lo esperaba". No obstante, la juez también apunta que las "personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería". La resolución, por tanto, reconoce que se adoptaron medidas, pero cuestiona la rapidez con la que se actuó.
La familia de Sandra ha insistido en la "multitud de errores" que, a su juicio, cometió el centro educativo y reclama una respuesta firme por parte de la Junta de Andalucía. Sus padres sostienen que el colegio no abrió el protocolo de actuación frente al acoso ni protegió a la adolescente. Por ello, vienen solicitando a la Consejería de Educación una respuesta "contundente y ejemplarizante", mientras la Fiscalía aprecia posibles responsabilidades penales en la conducta atribuida a dos de las menores investigadas.
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