Asociaciones ecologistas y vecinales han presentado alegaciones contra los planes urbanísticos de Santa Bárbara en Sevilla. Estas alegaciones señalan preocupaciones sobre la propuesta de construir un nuevo polígono industrial y viviendas entre Torreblanca y el Canal de Regantes del Bajo Guadalquivir, conocido como Canal de los Presos, en el distrito Este de Sevilla. Entre las organizaciones que presentaron las alegaciones se encuentran Ecologistas en Acción, Torreblanca Verde, el grupo de Cajas-Nido de Sevilla y la Coordinadora de Ciudadana de Parque Alcosa, entre otras integradas en la 'Plataforma SAVE!'.
El Ayuntamiento de Sevilla aprobó inicialmente los planes parciales de ordenación de los sectores SUS-DE-04 y SUS-DE-05 en marzo de 2024. Estos planes implicarían la construcción de 4.400 viviendas cerca del Canal de los Presos y un nuevo polígono industrial al otro lado del arroyo Ranillas. Sin embargo, estas áreas actualmente de uso agrario conservan importantes características ambientales e históricas, incluyendo un sistema de lagunas temporales asociadas al arroyo Ranillas y un yacimiento arqueológico.
Uno de los principales problemas identificados por las asociaciones ecologistas y vecinales es la propuesta de utilizar un tramo de la carretera S3-35 como la principal vía de acceso a las urbanizaciones. Según las alegaciones, la construcción de esta carretera, conocida como SE-35, implicaría atravesar el Parque del Tamarguillo, afectando áreas inundables y reforestadas, así como el cauce natural del arroyo Tamarguillo.
La SE-35 es un polémico proyecto, discutido por la sociedad sevillana, especialmente por los vecinos del distrito Este, que supone la construcción de un tramo de Ronda Urbana por el Parque del Tamarguillo, atravesándolo por la mitad longitudinalmente. Como se indica en las alegaciones "la construcción de la SE-35 significa la modificación y afección directa sobre importantes áreas inundables y reforestadas con fondos europeos" que forman parte del patrimonio natural de la ciudad.
Como recogen las alegaciones: "Edificar sobre humedales de valor ecológico reconocidos por el propio Pleno del Ayto. de Sevilla y construir un tramo de esta autovía sobre el cauce natural del arroyo Tamarguillo, supone la destrucción necesaria de una parte importante del Parque y toda posibilidad de conexión entre las zonas verdes que, al contrario de lo que figura en el PGOU, imposibilitará el desarrollo del Anillo Verde de Sevilla por esta parte de la ciudad, clave para la conectividad general de esta futura infraestructura proyectada y anunciada por el Ayuntamiento de Sevilla".
Además, en el año 2015, ante una queja ante la Comisión de Peticiones de la asociación Movida Pro-Parque Tamarguillo, la Comisión Europea emitió un Dictamen Motivado, sobre la legalidad del proyecto de la entonces conocida como SE-35, en todos sus tramos: SGV-DE-02, SGV-DMN-01 y SVG-DMN-04. En este dictamen se indicaba que la inclusión del trazado de la SE-35 en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla no era suficiente para justificar su construcción sin una evaluación específica y global de todos sus tramos. A raíz de esta advertencia, la Gerencia Municipal de Urbanismo adoptó el acuerdo de suspender la ejecución del Anteproyecto de la nueva Ronda Urbana SE-35.
Según figura en las alegaciones, "consecuencia de todo aquel proceso, el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla conoce perfectamente que la evaluación ambiental de la totalidad del trazado de una posible Ronda SE-35 es condición 'sine qua non' previa a la redacción o aprobación de nuevos proyectos, máxime teniendo en cuenta que el desarrollo de cualquier proyecto perteneciente a esta bolsa de suelos de Santa Bárbara, sea destinado a usos terciarios, industrial o vivienda, requiere de esta conexión viaria", tal y como queda recogido en la memoria de ordenación de ambos sectores
"Toda vez que el Ayuntamiento de Sevilla ha abandonado el proyecto de construcción de esta vía, sin que se haya retomado su diseño, estudio y planificación, un nuevo planeamiento significaría la obligación de estar sometido a un trámite de evaluación ambiental de forma previa a cualquier acto de ejecución o redacción y aprobación de nuevos proyectos". En opinión de Ecologistas en Acción, "no cabe la aprobación de los planes de ordenación de los sectores SUS-DE-05 y SUS-DE-04 que la incluyen y que son completamente dependientes de esta vía para su desarrollo urbanístico", dicen los ecologistas.
Otros motivos para rechazar los planes presentados es que no identifican la laguna de San Pablo o Buena Esperanza, conectada al último tramo natural del arroyo Ranillas, no planificándose las medidas necesarias para su protección y para la salvaguarda de sus valores ambientales, que los planes sencillamente señalan como inexistentes. La zona que este plan pretende urbanizar incluye el arroyo y su llanura de inundación en la zona periurbana del noreste de Sevilla, que alberga un sistema de lagunas temporales singular, entre los barrios de Sevilla Este, Parque Alcosa y Torreblanca. Se trata de un complejo ecológico que incluye a la conocida como laguna de El Sapo, la de San Pablo o Buena Esperanza y las del parque de Torreblanca, así como las riberas del arroyo Ranillas, que se verían directamente afectadas por estos planes de urbanización. Estudios científicos "han constatado la riqueza ecológica asociada a los cuerpos de agua de estas lagunas y a las masas forestales adyacentes, destacando una notable biodiversidad poco común en las ciudades. Dada la escasez de espacios como este en Sevilla, constituyen uno de los últimos refugios y el único hábitat reproductivo para una nutrida comunidad natural de flora y fauna, con una amplia representación de especies endémicas y protegidas según la legislación vigente, tanto europea como andaluza".
Ecologistas en Acción también ha señalado en sus alegaciones que los planes de ordenación propuestos atentan contra un yacimiento arqueológico de origen romano llamado Necrópolis de Santa Bárbara aún no investigado, ni catalogado. Tanto las asociaciones vecinales como ecologistas entienden que la conservación de esta Necrópolis, dado la cercanía de la Vía Augusta y la presencia de otros restos arqueológicos en la zona (como la villa hispanorromana en el Parque del Tamarguillo) debería responder a medidas de cautela arqueológica y ser preservada para su investigación, no pudiendo aceptarse su destrucción para edificar sobre ella. La solución pasaría por su integración en los espacios libres generales previstos en el sector ya en el PGOU. Asimismo, la ubicación del yacimiento en un espacio público, menos sometido a la especulación urbanística que sufren nuestras ciudades, permitiría una correcta investigación, así como una puesta en valor de los restos para que puedan ser interpretados y mostrados al conjunto de nuestra sociedad, incidiéndose más en valorar los espacios periurbanos por su tesoro patrimonial.
Finalmente, las asociaciones señalan en sus alegaciones que los procesos de evaluación ambiental e información pública de todos los planes de la zona de Santa Bárbara no pueden ser aprobados aisladamente de forma fraccionada sino que, dados las dependencias e interacciones de un sector con otro, debería realizarse de forma unitaria.
"Efectivamente, no hace mucho se sometió a exposición pública la ordenación del sector SUO-DE-01". Ahora, simultáneamente, se someten los sectores SUS-DE-04 y SUS-DE-05 a sendos procesos de información pública y calificación ambiental independientes, como si la ordenación en alguno de los sectores no afectará a los demás, algo que es palmariamente falso. Ecologistas en Acción entiende que "al realizar la evaluación de esta manera parcial y sesgada, aprobando la urbanización de los suelos uno a uno como si fueran independientes, no se tiene en cuenta, ni se evalúa, el impacto global que van a suponer los viarios (Ronda Urbana), ni se contextualiza el desarrollo de estos suelos urbanizables en el distrito con mayor número de vivienda de nueva creación de la ciudad".
Ecologistas en Acción entiende que dada la envergadura de Santa Bárbara, con más de 20.000 viviendas proyectadas hace casi veinte años (una segunda Sevilla Este), su evaluación debe realizarse en un proceso unificado, donde se analicen los impactos emergentes de estos planes parciales y cuál sería el impacto en el territorio, equipamientos y servicios para los barrios. Y ha solicitado que se paralicen los procesos en marcha y se remita a los promotores la necesidad de realizar una evaluación conjunta acorde con la realidad actual.
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