La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Sevilla (FESMC-UGT) ha informado sobre la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de la empresa Indra, que afectará a 210 trabajadores del centro ubicado en Bollullos de la Mitación, en la provincia de Sevilla. La medida ha sido calificada por el sindicato como injustificada y contraria a derecho.
Según ha señalado UGT, los trabajadores afectados desempeñan funciones de teleoperador, por lo que deberían estar amparados por el convenio colectivo del sector de "Contact Center". Este marco normativo contempla la obligación de subrogar a la totalidad de la plantilla en caso de que se produzca una pérdida del servicio, situación que, de acuerdo con el sindicato, no se ha respetado en este proceso.
La central sindical ha indicado que Indra comunicó el cese del servicio el pasado 21 de abril. Desde entonces, la compañía no habría ofrecido información relevante a los empleados afectados, lo que, en opinión del sindicato, ha contribuido a agravar la incertidumbre entre los trabajadores. UGT ha denunciado también la actitud mantenida por la empresa, a la que acusa de falta de sensibilidad en la gestión del conflicto laboral.
El proceso de negociación del ERE se inició el 11 de junio con la constitución de la mesa negociadora. En esta instancia, UGT cuenta con la representación mayoritaria, con ocho miembros en total. La siguiente reunión de la mesa está prevista para el próximo 23 de junio, en un contexto marcado por la falta de acuerdo entre las partes implicadas.
Las protestas
Como parte de sus acciones de protesta, UGT convocó una concentración el pasado 2 de junio frente a la sede de CaixaBank en la calle Sierpes de Sevilla. El objetivo era reclamar la implicación de la entidad financiera como responsable del servicio externalizado de atención telefónica, actualmente adjudicado a las empresas Teleperformance y Diusframi. Según el sindicato, la transición se ha producido sin la subrogación de ningún trabajador.
UGT ha denunciado que esta situación ha permitido a las empresas adjudicatarias ofrecer el servicio a un coste más bajo, al prescindir de personal con antigüedad. Esto, a juicio del sindicato, se traduce en una reducción significativa de los costes laborales y de las cargas asociadas a la seguridad social, en detrimento de los derechos de la plantilla anterior.