La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Sevilla por la existencia de un vertedero ilegal en una parcela de su propiedad ubicada en la zona de Palmete, lindando con terrenos de Alcalá de Guadaíra. Según el ministerio público, el depósito representa un riesgo de filtración a los acuíferos y afecta tanto al río Guadaíra como a la masa aluvial del Guadalquivir.
La investigación surge tras una denuncia del Seprona de la Guardia Civil, presentada en mayo de 2025, en la que se constató "la existencia de un vertedero de grandísimas dimensiones y larga evolución temporal". La Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento que "se identifique a los responsables del área medioambiental del Ayuntamiento entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025".
Paralelamente, se ha requerido al Instituto Geológico Minero (IGME) que elabore un informe pericial sobre "el riesgo y el impacto que el depósito de los residuos existentes pudiera provocar a los dos acuíferos y en el río", debido a la ubicación del vertedero en la zona de influencia del Guadalquivir.
Camiones echan basura con total libertad
La Fiscalía ha constatado "la existencia de un trasiego de camiones que vertían, con total libertad y sin ningún tipo de control, residuos de toda clase", incluyendo materiales peligrosos y no peligrosos, "con posterior quema en muchos de los casos". En enero de 2022, agentes de Medio Ambiente calcularon que el volumen de vertidos alcanzaba los 300.000 metros cúbicos y señalaron la ausencia de limpieza desde 2020. Desde entonces, el volumen ha seguido creciendo hasta alcanzar una extensión total de 64,36 hectáreas.
Con anterioridad a estas actuaciones judiciales, la Delegación de Medio Ambiente ya había iniciado un expediente sancionador contra el Ayuntamiento, instándole a adoptar "las medidas necesarias para evitar los vertidos en ejercicio de sus competencias". La sanción inicial por infracción muy grave ascendió a 55.000 euros, mientras que otra multa por incumplimiento de la obligación de mantener limpio el cauce del río se fijó en 1.400 euros.
Finalmente, en noviembre pasado, agentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) constataron "un incremento de volumen de residuos con respecto a la inspección realizada en abril" de ese mismo año, confirmando la continuidad de los vertidos y la gravedad del impacto ambiental en la zona.