La muerte el pasado 19 de marzo de una mujer sevillana de 37 años de edad ha derivado en una denuncia judicial por presunta negligencia médica en la actuación del sistema sanitario público. El abogado de la familia, José Antonio Sires, ha formalizado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los profesionales implicados, al considerar que los hechos podrían constituir delitos graves relacionados con la atención recibida.
Según recoge la denuncia, la paciente, identificada como T.G.L., acudió en múltiples ocasiones a los servicios sanitarios desde enero de 2023 con síntomas que la representación legal califica de especial gravedad, como mareos, desmayos, debilidad generalizada y temblores. Sin embargo, siempre según el relato de la familia, estos signos se atribuyeron a causas leves, como estrés o problemas cervicales, sin que se llevaran a cabo las pruebas diagnósticas necesarias en tiempo y forma.
Denuncian una atención médica insuficiente durante más de un año
La familia sostiene que durante más de un año se produjo una atención médica insuficiente, marcada por la falta de derivaciones a especialistas, retrasos en pruebas clave y la ausencia de un diagnóstico efectivo, pese a la evolución negativa del cuadro clínico. Este periodo, según denuncian, habría sido determinante en el desenlace posterior.
No fue hasta marzo de 2024 cuando, tras la realización de pruebas más exhaustivas, se detectó una patología neurológica grave compatible con un glioblastoma. Para entonces, de acuerdo con el informe pericial aportado, las opciones terapéuticas se habrían visto seriamente limitadas como consecuencia del retraso en el diagnóstico, lo que habría reducido las posibilidades de tratamiento eficaz.
La denuncia sostiene que el fallecimiento se produjo en un contexto de “omisión asistencial evitable”, lo que, según la representación legal, habría impedido una intervención médica adecuada y provocado un sufrimiento físico y moral innecesario. En este sentido, el letrado considera que los hechos podrían encajar en delitos como homicidio imprudente por omisión, omisión del deber de asistencia sanitaria y dejación de funciones del servicio público.
La familia ha solicitado al juzgado la apertura de diligencias para esclarecer lo ocurrido, incluyendo la toma de declaración de los profesionales implicados y el análisis completo de la historia clínica. El abogado ha señalado que el objetivo de la acción judicial es “esclarecer la verdad de lo sucedido, depurar responsabilidades y evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro”.