Cinco horas de sesión, interrupciones, reproches constantes y un clima inequívocamente preelectoral. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla correspondiente al mes de abril dejó algo más que acuerdos administrativos: evidenció un enfrentamiento político cada vez más marcado entre el Gobierno municipal y la oposición, con la vivienda, el patrimonio y la política fiscal como principales ejes de discusión.
Las alusiones a otras administraciones, los cruces de cifras y los reproches personales marcaron una sesión en la que el debate municipal se mezcló con la estrategia política.
IBI a establecimientos emblemáticos: rechazo del PSOE y debate sobre equidad fiscal
El debate sobre la bonificación del IBI a los establecimientos emblemáticos —un total de 50 negocios reconocidos en la ciudad— evidenció una de las principales discrepancias políticas del pleno. La propuesta salió adelante con el respaldo del Gobierno municipal, pero con el voto en contra del PSOE, que marcó distancias tanto en el planteamiento como en sus efectos.
La concejala socialista Sonia Gaya centró su intervención en cuestionar el diseño de la medida, que establece una bonificación del 50% del impuesto de forma lineal para todos los establecimientos incluidos en el listado.
En estilo directo, Gaya advirtió de que “lo mismo estamos beneficiando con la deducción del IBI a empresas o establecimientos que no necesitan ese apoyo económico”, poniendo el foco en la ausencia de criterios que permitan diferenciar entre negocios en riesgo y otros con una situación más consolidada.
En términos indirectos, la edil defendió que la filosofía de la ordenanza —proteger el comercio con valor histórico y vinculación con la ciudad— es acertada, pero criticó que su aplicación no responde a ese objetivo. A su juicio, la medida debería estar orientada a garantizar la supervivencia de aquellos establecimientos más vulnerables, en lugar de aplicarse de manera indiscriminada a los 50 reconocidos.
Gaya llevó además el debate al terreno presupuestario. En estilo directo, señaló que “esa falta de ingresos que tenemos cuando reducimos o bonificamos el IBI al 50% es un dinero que no estamos utilizando en otras cosas”, advirtiendo del impacto que esta decisión puede tener en los recursos municipales. En ese sentido, planteó que la ciudadanía puede percibir como contradictorio que se alegue falta de recursos para determinados servicios mientras se aprueban beneficios fiscales generalizados.
La respuesta del delegado de Hacienda, Juan Bueno, defendió la medida desde una perspectiva claramente política. En estilo directo, afirmó que el Gobierno municipal está “en la senda de la bajada de impuestos siempre”, enmarcando esta bonificación dentro de una estrategia fiscal más amplia.
En términos indirectos, Bueno rechazó introducir criterios restrictivos y defendió que el valor histórico y cultural de estos establecimientos justifica la aplicación de la bonificación a todos ellos. Insistió en que el listado de los 50 negocios responde precisamente a ese reconocimiento y que el objetivo del Gobierno es garantizar su continuidad sin distinciones que, a su juicio, podrían generar desigualdades. El delegado sostuvo además que este tipo de medidas contribuyen a preservar la identidad comercial de la ciudad, en un contexto en el que muchos negocios tradicionales afrontan dificultades para mantenerse.
El intercambio evidenció dos visiones contrapuestas: una, defendida por el PSOE, que apuesta por focalizar las ayudas públicas en función de la necesidad; y otra, la del Gobierno municipal, basada en la reducción fiscal generalizada como herramienta de apoyo económico. El voto en contra del Grupo Socialista terminó de escenificar esa discrepancia de fondo, en un debate que volvió a poner sobre la mesa el papel de la política fiscal en la gestión municipal.
San Bernardo: Muñoz denuncia el modelo y Sanz contraataca con cifras
El bloque urbanístico volvió a ser uno de los más tensos del pleno, con la recalificación de un solar en San Bernardo como detonante del enfrentamiento. El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, articuló una crítica de amplio alcance al modelo urbanístico del Gobierno municipal. En su intervención, sostuvo que este tipo de operaciones responden a una lógica que prioriza el desarrollo inmobiliario frente al interés general.
Vino a plantear que Sevilla “no puede seguir creciendo a base de operaciones de este tipo”, alertando de que la ciudad se encamina hacia un modelo excesivamente dependiente del ladrillo. En términos indirectos, Muñoz defendió que el Ayuntamiento debería apostar por políticas más ambiciosas de vivienda pública y por un desarrollo más equilibrado que garantice oportunidades para los jóvenes.
El portavoz socialista insistió en que la política de vivienda del actual Gobierno no está resolviendo los problemas estructurales de acceso, y dejó entrever que este tipo de recalificaciones responden más a oportunidades urbanísticas que a una estrategia planificada.
La réplica del alcalde, José Luis Sanz, elevó el tono del debate. En estilo directo, el regidor respondió con cifras: “Estamos impulsando 6.134 viviendas protegidas, 1.200 de ellas a través de EMVISESA”. A continuación, lanzó un reproche directo al anterior Ejecutivo: “Ustedes hicieron 83”, en referencia a la gestión del PSOE.
Sanz defendió que su Gobierno está desarrollando una política activa de vivienda protegida y que las críticas de la oposición carecen de base si se comparan con los datos de gestión. El alcalde rechazó que el proyecto de San Bernardo responda a intereses especulativos y lo enmarcó dentro de una estrategia global para aumentar la oferta de vivienda.
El intercambio dejó clara la confrontación: Muñoz cuestiona el modelo y sus consecuencias sociales, mientras Sanz responde con cifras para reivindicar su gestión y desacreditar al anterior Gobierno.
Museo Arqueológico: división en la votación y reproches cruzados
El bloque del Museo Arqueológico, que en principio parecía destinado al consenso, terminó evidenciando también la fractura política del pleno. La propuesta para instar al Ministerio de Cultura a la finalización urgente de las obras salió adelante, pero con posiciones diferenciadas: PP y Vox votaron a favor, el PSOE votó en contra y Con Podemos-IU se abstuvo.
Desde el Gobierno municipal, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, defendió la iniciativa en estilo directo: “No podemos permitir que una infraestructura clave como esta siga cerrada”, reclamando al Ejecutivo central una respuesta urgente. Bueno trasladó la idea de que el retraso del museo es un ejemplo de la falta de compromiso del Gobierno de España con Sevilla, introduciendo así una clara lectura política en el debate.
Desde Vox, el portavoz Fernando Rodríguez Galisteo respaldó la propuesta, pero introdujo un elemento de crítica dirigido a la Junta de Andalucía. En su intervención, cuestionó la actuación de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, señalando que la gestión del proyecto no ha estado a la altura de las expectativas. Igualmente, vino a advertir que “las administraciones no pueden seguir pasándose la pelota mientras el museo sigue cerrado”, en una crítica que, aunque respaldaba la iniciativa, señalaba responsabilidades compartidas.
Por su parte, la concejala de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, optó por una posición intermedia. Defendió la importancia patrimonial del museo y la necesidad de su reapertura, pero evitó alinearse plenamente con la iniciativa del Gobierno municipal, justificando la abstención de su grupo.
El tono más llamativo llegó desde el Grupo Socialista. La concejala Myriam Díaz, que votó en contra, introdujo un discurso con un marcado componente irónico. Cuestionó la iniciativa señalando, con cierta ironía, que parecía más un gesto político que una solución real al problema. Díaz trasladó la idea de que la propuesta no aborda el fondo de la cuestión y que responde más a una estrategia de confrontación institucional que a una voluntad efectiva de resolver el retraso del museo.
El resultado fue un debate que, lejos de la unanimidad, reflejó las distintas lecturas políticas sobre una infraestructura clave para la ciudad.
Acuerdos finales: patrimonio, inversión y políticas sociales
Asi pues, el Pleno aprobó la ampliación de la protección de los entornos BIC a la totalidad del Conjunto Histórico, lo que permitirá al Ayuntamiento asumir competencias en 79 enclaves. También se dio luz verde a una modificación presupuestaria de 5,5 millones de euros destinada a proyectos como la rehabilitación de Santa Clara, el Pabellón Real o el Centro Cívico Tres Barrios-Amate.
Además, Sevilla se adhirió al programa de Ciudades Amigas de la Lactancia Materna y acordó su incorporación a la Fundación Sonríe Sevilla.