El autobús tránsfobo de la organización ultracatólica Hazte Oír llegó a Sevilla el 29 de marzo de 2017 para atentar contra los derechos humanos más básicos. Bajo proclamas del tipo “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”, el vehículo alcanzó San Telmo ante numerosas activistas que impidieron la circulación a su llegada a la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
D. es una de las imputadas por “boicotear” el autobús de Hazte Oír y reconoce estar cansada de la represión sufrida. Son cuatro años de espera, de declaraciones, movilizaciones y desgaste emocional. La Fiscalía de Sevilla suma 13 años para las nueve jóvenes identificadas aquel día por la Policía Nacional. Desgraciadamente, una de ellas falleció antes de la pandemia. A cada una se la acusa de un delito de desorden público y otro de daños y desperfectos ocasionados al autobús de la organización, tasados en más de 3.000 euros.
Esta activista recuerda que cuando llegó, el autobús ya estaba parado. “Había un cordón policial separando el vehículo de las activistas, que gritábamos consignas de Sevilla es diversa”, rememora. “Éramos un grupo bastante grande cuando se empezó a ampliar el cordón policial. Seguidamente, comenzaron los empujones de los policías hacia las activistas con el fin de que despejáramos la zona para abrir camino y que el autobús saliese”, añade. En ese instante, comenzaron a identificar a gente, la Policía cargó y hubo quien echó a correr.
“Nosotras nos hemos defendido del ataque hacia un colectivo concreto –el trans– al que se le estaba ejerciendo violencia y hostigamiento con el discurso de Hazte Oír”, expresa D., que asegura al respecto que “tienen un odio tan grande que son capaces de mover un autobús por numerosas ciudades con un mensaje contra el colectivo trans”. Y continúa: “Esta vez ha sido a las personas trans, pero también podría haberle tocado al resto del colectivo LGTBIQA+ o las feministas, a las que, de hecho, les tocó otro autobús años más tarde”.
A D. la identificaron antes de que comenzaran las cargas policiales y como al resto de compañeras, le llegó una multa administrativa de 700 euros que pagó por cuotas con sumo esfuerzo. D. insiste en que “nosotras defendimos unas vidas y unas identidades” y que estaba en su legítimo derecho hacerlo. Fue una respuesta frente a tanto odio: “Si ya existe una transfobia social, imagínate este caso que atentaba contra las infancias trans, que son más vulnerables y no tienen las herramientas que podemos tener las adultas para defendernos”.
Mientras Hazte Oír promulgaba su odio impunemente, las activistas acusadas de boicotear su autobús comienzan una odisea judicial que en un primer momento se archiva. “El juez archivó el caso por falta de pruebas individuales, ya que la organización presentó pruebas muy generalizadas”, cuenta D. Pero hace dos años y medio, Fiscalía de Sevilla y Hazte Oír lo vuelven a recurrir y la Audiencia de Sevilla reabre el caso por los daños materiales que se le imputan a las jóvenes.
Con la nueva apertura del caso, comenta D, “la Policía mete baza con la Brigada de Información, que no contentos con eso, dicen que el delito de odio viene porque nosotras pertenecemos a colectivos feministas y antifascistas de la ciudad de Sevilla, y sacan todo un expediente de activismo, que según dicen nuestras abogadas, no es legal”. En ese sentido, D lamenta que “se nos está juzgando nuestra ideología y nuestra pertenencia a colectivos activistas, no lo que hicimos ese día”. Aunque, “por suerte”, añade, “el juzgado no ha tenido en cuenta este informe y no nos hicieron preguntas al respecto cuando tomamos declaración la última vez”.
Cabe recordar que a estas activistas se les pide un año y seis meses de cárcel, además de una multa de 2.160 euros por los daños causados al autobús. A esta cifra se le suman los más de 1.000 euros que llevan gastados cada una en abogadas, peritajes judiciales y la primera multa administrativa, quien la pagó. “Nos está costando mucho hacer frente a tanto gasto, pero la represión funciona así, es agotador, aunque ahora me siento con más fuerzas que al inicio del proceso”, reconoce D.
Unidas contra la represión
Para D, la cara amable de la represión es el movimiento antirrepresivo. “Hemos sentido respaldo desde el principio, desde el entorno más cercano hasta de gente que no conocemos y que se ha volcado con nuestra causa”, afirma agradecida. “Cada persona lo llevará de manera diferente, pero yo siempre he dicho que la represión afecta a nivel emocional, a parte de a nivel económico, porque sabes que va a ser una etapa jodida de mucha incertidumbre y procesos largos –espeta–, pero sentir que te sostienen por detrás es muy bonito y te reconforta”.
Diferentes colectivos y personas a título individual han colaborado con la causa para que las jóvenes puedan afrontar económicamente los gastos judiciales. “Lo primero que sacamos fue una campaña de GoFundMe para sobrellevar los costes de abogadas y peritaje. Algunas compañeras identificadas decidieron llevar su proceso de manera individual y otra cuenta con un abogado de oficio, así que finalmente quedamos tres en este proceso colectivo”, cuenta D, que es una de ellas.
El contexto de pandemia impidió organizar eventos para conseguir dinero. “No hemos podido organizar charlas, cafetas en centros sociales o conciertos, con tantas restricciones ha sido imposible realizar cualquier actividad, pero la gente ha respondido muy bien a nuestra campaña y se ha hecho una buena labor de difusión por redes y medios”, acierta.
Esta activista agradece especialmente a las chicas de Miss Comadres de Granada, que les ofrecieron todos los beneficios de su camiseta y lámina de ‘La belleza está en la calle’. También al tatuador JLR de Sevilla, quien junto a las imputadas de La Macarena, destinaron lo recaudado con el bolso ‘Taconea contra el fascismo’ y que todavía sigue disponible. El colectivo Andalucía Über Alles organizó recientemente un concierto solidario en apoyo a las represaliadas del autobús. Además de la Coordinadora Antifascista de Sevilla y La Revo, que también han aportado dinero para sufragar los gastos de las compañeras. Y las redes de Maricones del Sur con la difusión del caso.
Una espera de cuatro años
D. y el resto de sus compañeras siguen esperando la sentencia de un año y seis meses de cárcel, más la multa de 2.160 euros. “Hazte Oír tiene que presentar su propia demanda de condena. Nuestras abogadas pedirán la absolución y que se archive el caso y, si no se puede, que al menos rebajen la condena y la multa”, revela D.
La joven dice llevarlo “más o menos bien” tras cuatro años de proceso, sin embargo, otro de los compañeros imputados se encuentra en un situación delicada, ya que también se enfrenta al caso de La Macarena. “Necesitamos hacer presión mediática y social, porque si al compañero se le juntan las dos peticiones de cárcel, entraría por activismo social”, lamenta D.
D. se despide no sin antes agradecer “el apoyo que la gente nos está dando tanto a nivel emocional, económico y de difusión”. Además, anima a que sigan haciéndose actividades para continuar con la autofinanciación y que su caso siga nombrándose en las diferentes movilizaciones sociales que se estén haciendo. “Hay que aprovechar todos esos tirones para ejercer presión social y que esta realidad se conozca. Algunas estamos pagando las consecuencias de los discursos de odio que la ultraderecha está ejerciendo contra la gente racializada, migrante, contra el colectivo LGTBIQA+ y las feministas”, expresa. D no desiste: “Nos queda mucho camino y seguiremos peleando”.
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