Un árbitro formador de fútbol ha denunciado ante la Policía Nacional un presunto caso de corrupción en el deporte vinculado al deporte en la provincia de Sevilla. Según recoge un auto del Tribunal Supremo emitido el 12 de junio, este colegiado –adscrito al Colegio de Árbitros de Sevilla– ha informado de supuestas "cantidades de dinero entregadas ilegalmente" por parte de ciertos equipos de la provincia a cambio de "trato de favor en los arbitrajes", lo que implicaría un amaño sistemático de encuentros.
El denunciante, que desarrolla su actividad en Sevilla, presentó esta primera denuncia el 1 de marzo de 2024. Al día siguiente, el 2 de marzo, amplió su declaración ante el Juzgado de Guardia de Sevilla, señalando nuevos presuntos "comportamientos delictivos atribuidos a altos cargos de la Federación Española de Fútbol y también andaluza", una denuncia que también involucra a miembros de la Policía destinados en Canarias y otras comunidades autónomas.
De Sevilla a Madrid y resolución del Tribunal Supremo
El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla asumió en un primer momento la denuncia por los hechos relacionados con equipos y árbitros sevillanos. Sin embargo, en junio de 2024 decidió inhibirse en favor de los juzgados de Madrid, al considerar que la instrucción debía recaer allí por la implicación de la sede central de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ubicada en la capital.
Esta decisión ha sido rechazada por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que ha determinado en julio que no le correspondía investigar el caso, ya que "no se desprende de la denuncia que los hechos denunciados hayan ocurrido en Madrid". La falta de consenso entre ambos órganos ha obligado a elevar el conflicto de competencias al Tribunal Supremo.
Finalmente, el Supremo, como recoge Europa Press, ha dictado que es el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla quien debe continuar con la investigación sobre los presuntos amaños vinculados a equipos de la provincia. Por su parte, el Juzgado número 19 de Madrid deberá asumir la instrucción de la segunda denuncia, centrada en posibles delitos cometidos en el seno de la Federación Española de Fútbol.
El tribunal ha basado su decisión en el criterio de la Fiscalía, que ha apoyado la competencia dual en función del territorio y del contenido de cada denuncia. La resolución pone fin a varios meses de incertidumbre judicial sobre la jurisdicción competente para investigar estos hechos.
El caso, que ahora sigue su curso en la capital andaluza, plantea serias implicaciones para el sistema arbitral del fútbol base. Aunque por el momento no se han hecho públicas más identidades ni detalles concretos, la denuncia ha sacado a la luz una posible red de corrupción estructural que podría afectar al desarrollo competitivo y ético de los torneos en edad formativa.