Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada presuntamente a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, en una operación que se ha saldado con la liberación de tres víctimas y la detención de once personas en varias provincias españolas. Las mujeres, todas de origen sudamericano y en situación de vulnerabilidad, eran captadas mediante engaños y trasladadas a España bajo una deuda que podía alcanzar los 7.000 euros, lo que las situaba en una posición de extrema dependencia.
La investigación, iniciada en septiembre de 2025 tras las declaraciones de varias víctimas, permitió a los agentes reconstruir el funcionamiento de la red. Según se desprende de las pesquisas, las mujeres eran contactadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, donde los integrantes del grupo criminal se ganaban su confianza mediante falsas promesas. Para evitar sospechas en frontera, la organización facilitaba billetes de ida y vuelta, reservas hoteleras y seguros médicos, simulando viajes turísticos.
Explotación, amenazas y control absoluto de las víctimas
Una vez en territorio español, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en pisos y clubes de Castellón, Madrid y Sevilla, bajo condiciones extremas. Trabajaban de forma ininterrumpida, con apenas dos horas de descanso al día, sin posibilidad de rechazar ningún servicio sexual. Además, debían asumir sus propios gastos de manutención y material profiláctico, mientras que el reparto de beneficios –teóricamente del 50%– rara vez se cumplía.
El control sobre las mujeres era constante. Eran obligadas a ceder su imagen para anuncios en páginas web de contactos y permanecían vigiladas en todo momento por responsables de los inmuebles. También se les imponía el consumo, transporte y oferta de sustancias estupefacientes, bajo amenaza de sanciones si se negaban. Algunas víctimas llegaron a vivir bajo un miedo permanente, especialmente cuando recibían fotografías de sus familiares en sus países de origen como forma de intimidación.
La presión psicológica se reforzaba mediante llamadas periódicas en las que se exigía el pago de la deuda contraída. De forma paralela, las mujeres eran trasladadas de manera continua entre distintos prostíbulos del territorio nacional, dificultando cualquier intento de fuga o denuncia. Esta movilidad constante formaba parte de la estrategia de control del entramado criminal.
El operativo policial culminó con la realización de cuatro registros en la provincia de Castellón, donde se logró liberar a las tres víctimas. En total, fueron detenidas once personas en Castellón, Madrid, Sevilla y Alicante. Cuatro de los principales responsables han ingresado en prisión provisional, acusados de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra la salud pública.
Durante la intervención, los agentes incautaron diversos elementos vinculados a la actividad delictiva, entre ellos teléfonos móviles, un datáfono utilizado para el cobro de los servicios sexuales y documentación relevante. La Policía Nacional recuerda que dispone del teléfono 900105090 y del correo trata@policia.es para facilitar la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, subrayando el mensaje: "Con la trata no hay trato".